“LA INEXISTENCIA DE UN REGLAMENTO PARA EL USO DE TARJETAS, NO ES ÓBICE PARA EXCLUIR LA CRIMINALIDAD DE LA CONDUCTA INVESTIGADA”
Contacto con el Dr. Pablo Donnangelo, abogado del PI, 3 de mayo  de 2018

 

El Dr. Pablo Donnangelo -abogado del Partido Independiente en las denuncias presentadas por el uso de las tarjetas corporativas de Leonardo de León, ex director de Alur- en contacto telefónico con CX36 se refirió a la decisión del Fiscal Luis Pacheco de archivar la denuncia. Según la Fiscalía, De León ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados, y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación, esto es, rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios, y no surgen gastos en otro tipo de comercios, con excepción de la compra de un celular, situación que fue explicada. LEA el Dictamen del fiscal Luis Pacheco al final de esta nota, que transcribimos y puede volver a escuchar aquí:
http://www.ivoox.com/contacto-dr-pablo-donangelo-03may18-audios-mp3_rf_25765803_1.html

 

Hernán Salina: En este momento pudimos robarle unos minutos de su actividad profesional para conversar con el Dr. Pablo Donnangelo, abogado en las denuncias que ha presentado el Partido Independiente. Queríamos hablar con él sobre el tema ALUR, en particular el tema que refiere al senador Leonardo De León.
Buen día Dr. Donnangelo, gracias por estar con Radio Centenario a esta hora

Pablo Donnangelo: Buen día, gracias a ustedes por la oportunidad, estoy a su disposición.

 

HS: Bueno, como abogado representante en este tema, la primera duda que teníamos, ¿este tema en torno a ALUR, las tarjetas, está separado, se puede apelar este pronunciamiento del Fiscal aparte de toda la causa ANCAP podríamos decir?

PD: No, el Fiscal es el titular de la acción penal, y si el Fiscal entiende que no existen hechos con apariencia delictiva que sea susceptible dar lugar a una actuación, a un procesamiento ante la Justicia, ya no hay nada para hacer, no es recurrible esa decisión.

 

Diego Martínez: No hay instancias superiores a partir de ahora entonces.

PD: No, en relación a este punto en concreto no.

 

DM: ¿Y en este caso abarca el tema de las tarjetas, la utilización de las tarjetas corporativas o también a todo lo que pueda involucrar a De León en la mega causa de ANCAP?

PD: No, este pronunciamiento hace referencia exclusivamente al tema de las tarjetas de crédito.

 

HS: Bueno, y yendo al tema de fondo, al pronunciamiento en sí, ¿qué elementos de fondo hay para cuestionar esa decisión de archivar?

PD: Bueno, el pronunciamiento Fiscal es consistente con lo que la propia JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) observó en su oportunidad y lo que el equipo multidisciplinario designado por la Justicia para el análisis de este tema habría afirmado en su informe en relación a la existencia de gastos injustificados con la tarjeta corporativa de ALUR, gastos que no estaban en algunos casos respaldados con la documentación correspondiente. En otros casos gastos que no coincidían con viajes empresariales en representación de la empresa, en fin, el Fiscal ratifica en su informe todo lo que en definitiva la JUTEP y el equipo multidisciplinario dispuesto por la Justicia habían analizado. Con lo cual lo que nos sorprende a nosotros justamente es el hecho de que efectivamente tras haber ratificado todas estas cuestiones de hecho, el Fiscal no llegara a la conclusión de que estos hechos encarten en una figura virtual.

 

HS: Hay una contradicción también en cómo evaluarlo a él, como jerarca de una empresa pública o si el hecho de que hay una asociación ahí, hay una jurisdicción privada también, lo exonera de ese juzgamiento. En el punto 7 dice que está incluido pero después se desdice de eso.

PD: Sí, yo no logré entender realmente esa parte del razonamiento, pero por fuera de la situación de si debe ser considerado o no como un funcionario público a tales o cuales efectos, lo cierto y lo incontrovertible es que existieron gastos que están injustificados y que en definitiva eso, y robó un perjuicio económico a la empresa, y bueno, evidentemente debe ser pasible de procesamiento.
Pero bueno, en este caso el Fiscal, a pesar de ratificar lo que emerge de los informes y de los estudios que se han analizado, él entiende que esa conducta que él confirma que existió no encarta en una figura penal. Y bajo el argumento principalmente de que no existía una reglamentación que regulase la utilización de la tarjeta de crédito corporativa.
Pero eso, a nuestro entender, no es óbice para considerar la conducta en sí misma, porque bueno, si yo tengo una empresa, por ejemplo, le doy a mi empleado una tarjeta de la empresa para que la utilice, naturalmente no lo estoy autorizando a que la utilice indiscriminadamente, sino que le estoy dando una tarjeta de crédito corporativa para realizar determinados gastos asociados a su desempeño de su labor dentro de la empresa.
Ahora, si esta persona utiliza esa tarjeta para hacer otro tipo de gastos que luego no prueba o no logra vincular a lo que es su desempeño como funcionario de la empresa, yo le tengo que hacer una denuncia. Y probablemente resulte procesado por apropiación indebida.
Yo he tenido a lo largo de mi actividad profesional, estaba recordando, he tenido un caso de utilización de una tarjeta corporativa de una empresa multinacional también, y bueno, el cliente terminó procesado por apropiación indebida

 

HS: ¿Pero en ese caso, por ejemplo Dr. Donnangelo, se adujo alguna existencia de reglamentación interna de esa empresa sobre eso?

PD: No, no, en absoluto.

 

DM: Es por sentido común.

PD: Claro, ahí está. Es decir, realmente que exista o no exista una reglamentación o un reglamento, no significa entonces que como no existe el reglamento tengo vía libre para usar la tarjeta como se me plazca.
El razonamiento parecería desembocar en esto ¿no?

 

DM: El Fiscal plantea que no hubo una denuncia de de ALUR ni de PDVSA o de ANCAP y de PDVSA que son los propietarios de ALUR. ¿Era esperable que esto ocurriera, que hubiera una denuncia de la parte privada de alguna manera?

PD: Mire, el delito por el cual se lo investigó al senador De León, son delitos que se persiguen de oficio, o sea que no es necesaria la existencia de una instancia de denuncia por parte del afectado. Con lo cual, eso bien podría haberse salvado si el Fiscal lo creía necesario citando a ALUR a los efectos de que exprese si tiene voluntad o no que esa conducta se persiguiese penalmente.
Pero le reitero, eso tampoco es necesario desde el punto de vista legal porque ese delito se persigue de oficio y no a instancia de partes

 

DM: Doctor, hubieron cuestionamientos desde el Partido Independiente, desde Pablo Mieres sobre el fallo que uno lo podría entender dentro del marco político. ¿Desde el punto de vista técnico hay algún elemento que a usted le parezca para resaltar de lo que fue el dictamen del Fiscal?

PD: Bueno, le reitero, desde el punto de vista técnico entiendo, en lo que es mi opinión profesional, que la inexistencia de un reglamento que regulara la forma de utilización de tarjetas de crédito, no es óbice para excluir la criminalidad de la conducta investigada.
Eso es lo que desde el punto de vista técnico yo puedo opinar. Lo demás son opiniones políticas en las que no me corresponde hacer un juicio de valor ni sumarme ni dejar de sumarme a esas opiniones políticas

 

HS: Está bien.
Desde lo legal, entonces, para los que estamos por fuera de la dinámica jurídica, habría elementos, por el hecho de gastar una tarjeta corporativa y no tener los justificativos de esos gastos, eso ya da elementos para hacer un procesamiento.

PD: A nuestro criterio sí.

 

María de los Ángeles Balparda: Aunque haya pasado mucho tiempo, porque él dice que ha pasado mucho tiempo, que no le exigían los comprobantes.

PD: Bueno, los plazos de prescripción de los delitos están previstos en el Código Penal y esta conducta no se observó fuera de los plazos de prescripción del delito, esas conductas no estaban prescriptas.

 

HS: Dice por ahí también, no voy a procesar a alguien por 1.500 pesos, pero lo dice en el ejemplo de un gasto en un hotel, después hay otras cifras ¿no?

PD: No, por supuesto.
Digamos, esto ratifica la oportunidad, lo oportuno que fue la denuncia, porque en definitiva en los hechos, en el fondo de la cuestión, se terminó probando lo que el Partido Independiente había denunciado. La discordancia existe en cuál es la consecuencia jurídica de esto.
El Fiscal, la consecuencia jurídica es que no existe un delito, y para el denunciante sí existía. Pero sobre el fondo, al parecer, no puede haber dos opiniones.

 

DM: Quedó pendiente una resolución sobre la vinculación o algunas reuniones que habría tenido el senador Leonardo De León con el empresario Daniel Mercado Lozano. ¿Esto también corresponde a la denuncia que realizaron ustedes?

PD: No, eso fue de oficio, se está investigando de oficio.

 

DM: Bien.
¿Se tiene algún dato sobre cuándo podrá avanzar en esa causa de acuerdo a lo que el Fiscal ha señalado?

PD: No, no tenemos.

 

HS: El Fiscal dice que va a citarlo por ese tema ¿no?

PD: Sí, he escuchado eso también en otros medios, y sí, pero en ese caso el Partido Independiente no es denunciante, es una causa que se está investigando de oficio.

 

HS: Dr. Pablo Donnangelo, gracias por estos minutos, el tema va a seguir así que quedamos abiertos a nuevos contactos. Le agradecemos.

PD: Bueno, muy amable, muchas gracias.

 

DICTAMEN DEL FISCAL LUIS PACHECO

En el dictamen fiscal de fecha 19 de marzo de 2018, la Fiscalía anunció que difería su pronunciamiento respecto de la denuncia relativa a los gastos incurridos por el entonces Presidente de A.L.U.R., L D L, hasta tanto se expidiera la Junta de Transparencia y Ética Pública; y solicitó una nueva citación del indagado Ing. J M, a efectos de ser interrogado con relación a su actuación en ocasión de la aprobación –por parte del Directorio de A.N.C.A.P.- del Acuerdo de Servicios con la empresa EXOR, en el mes de diciembre de 2014. Habiéndose expedido la JUTEP, y habiendo sido reinterrogado el indagado J M, la Fiscalía emitirá seguidamente sus conclusiones acerca de los temas pendientes de pronunciamiento fiscal.

A) LA DENUNCIA POR EL PRESUNTO USO INDEBIDO DE TARJETAS
CORPORATIVAS EN A.L.U.R.

1°) A fs. 2856 y siguientes consta denuncia presentada por el Partido
Independiente, por el presunto uso indebido de las tarjetas de crédito corporativas emitidas por Alcoholes del Uruguay S.A., por parte de su entonces Director y luego Presidente, L D L, entre los años 2011 y 2015, por cuanto muchos de los gastos incurridos a través de dicho mecanismo –según los denunciantes- fueron efectuados en ocasiones en que el mismo no se encontraba en misión oficial, o se hallaba de licencia, o en viajes para los que a su vez había recibido viáticos.
2°) A efectos del análisis de la documentación aportada por el denunciante, y de la información complementaria requerida judicialmente a A.L.U.R., la Fiscalía solicitó oportunamente el asesoramiento del equipo multidisciplinario designado en autos, el que se expidió en informe obrante a fs. 3220 y siguientes, en el que se establece un relevamiento de casos en los que la tarjeta habría sido usada en el exterior en fechas que no coinciden con viajes oficiales de la empresa, aun cuando se deja hecha la salvedad de que en muchos casos –por carencias de información- no se conoce con exactitud las fechas de retorno de los viajes del Presidente.
3°) Por su parte, la JUTEP remitió el informe producido por el organismo, de oficio, en el que se analiza si en el caso del uso de las tarjetas en A.L.U.R. se “verifica adecuado cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función pública”.
En tal sentido, el organismo entiende que si bien A.L.U.R. funciona en el marco del derecho privado, es de aplicación la norma prevista en el artículo 188 inciso 4° de la Constitución de la República, que establece que los representantes del Estado en las actividades comerciales en las que participa “se regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”; y concluye que “el Sr. L D L ha utilizado la tarjeta de crédito corporativa que le fuera suministrada por A.L.U.R. en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones.; y que se ha constatado la utilización reiterada de ese medio de pago en circunstancias en que los gastos estaban cubiertos por viáticos”.
4°) A juicio de la Fiscalía, e ingresando a la cuestionada naturaleza jurídica de A.L.U.R., es claro que se trata de una sociedad anónima, con participación mayoritaria de A.N.C.A.P. (en un 90,79%) y minoritaria de P.D.V.S.A. (en el restante 9,21%), y que se rige por las normas de derecho privado, no alcanzándole –en principio- las normas de contabilidad y administración financieras del Estado. Ello no significa –obviamente- que deba desconocerse que se trata de una empresa con una significativa mayoría de participación accionaria estatal, y que –en definitiva- el 90,79% de sus dineros son dineros públicos.
5°) A juicio del suscrito, es irrelevante la discusión doctrinaria planteada por la Defensa –agregando inclusive una consulta jurídica- respecto de si es o no de aplicación a los Directores de A.L.U.R. la disposición contenida en el art. 188 inciso 4° de la Constitución; pues es evidente que los Directores de A.L.U.R. no son funcionarios públicos, a los efectos penales. Así lo establece claramente el artículo 175 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Anticorrupción 17.060, de 23 de diciembre de 1998, ya que tales Directores no ejercen funciones en el Estado, en el Municipio, o en cualquier ente público o persona pública no estatal, como exige la norma. Por lo tanto, no son de aplicación los delitos contra la Administración Pública, pero sí –naturalmente- las conductas delictivas podrían quedar atrapadas en las normas penales generales.
6°) No obstante lo precedentemente expuesto, también es cierto que las empresas con participación mayoritaria estatal, si bien se rigen por el derecho privado, no son empresas exclusivamente privadas. Y es por ello que la actuación de los Directores de las empresas subsidiarias estatales tienen una regulación especial: la propia Ley Anticorrupción, en su artículo 10, obliga a formular declaración jurada de bienes e ingresos, entre otros, a los “funcionarios” que luego pasa a enumerar, entre quienes se encuentran, en el literal F, “los directivos de las personas públicas no estatales, de empresas privadas pertenecientes mayoritariamente a organismos públicos y delegados estatales en las empresas de economía mixta” (destacados nuestros).
7°) La circunstancia de que la Ley Anticorrupción incluya a los directores de empresas privadas con mayoría accionaria estatal dentro del elenco de “funcionarios” obligados a presentar declaración jurada, equivale a decir que los conceptúa como funcionarios a los efectos de la ley en lo que respecta a las normas de conducta. Y aunque así no lo estableciera expresamente, es evidente que un Director de una empresa cuyos 90,79% de activos y dineros son públicos, debe cumplir con las normas de conducta preceptuadas para los restantes  funcionarios públicos. Por lo tanto, asiste plena razón a la JUTEP, en cuanto a señalar en su informe como aplicables a los Directores de estas empresas, las normas de conducta previstas en los artículos 20 a 22 de la citada Ley 17.060 y en el Decreto 30/003, de 23 de enero de 2003.
8°) Ingresando al análisis concreto de los hechos denunciados, a saber, el presunto uso indebido de las tarjetas corporativas en A.L.U.R., ha quedado acreditado que no existía en la empresa un reglamento para su uso, y aún cuando en determinado momento se elaboró un instructivo, no consta que éste hubiera sido formalmente aprobado; que no existían “viajes o misiones oficiales”; y que no se exigían comprobantes de los gastos incurridos con las tarjetas.
9°) De la documentación aportada, de los informes técnicos elaborados por el equipo multidisciplinario y por la JUTEP, emerge claramente que el entonces Director y luego Presidente de A.L.U.R. hizo un uso discrecional de las tarjetas, en el país y en el exterior, por sumas significativas, y sin rendir cuentas, alegando que se trataba de “gastos de representación”, no incluidos entre sus retribuciones.
También debe destacarse –como expresa la JUTEP en su informe- que “es razonable que en alguna actividad en el exterior se generara ese tipo de gasto (de representación), y es razonable que se pagaran mediante la tarjeta corporativa” pero no es razonable que esta necesidad de incurrir en gastos de representación se verificara en la cantidad de situaciones en las que quedó acreditado el uso de las tarjetas, que la JUTEP estima en 151 (ciento cincuenta y un) casos. Tampoco es razonable –agrega la Fiscalía- que en algunos casos se usara la tarjeta con la finalidad de cubrir gastos de alojamiento, pues se supone que tales gastos se hallaban cubiertos por los viáticos recibidos en cada oportunidad.
10°) De todas maneras, la Fiscalía entiende que el denunciado ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados, y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación, esto es, rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios, y no surgen gastos en otro tipo de comercios, con excepción de la compra de un celular, situación que fue debidamente explicada. No puede exigírsele la entrega de comprobantes de los gastos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y en la medida en que no existía reglamentación que así lo requiriera. También ha quedado probado que no existían viajes o misiones oficiales, por lo que el Director de la empresa gozaba de amplia discrecionalidad para el uso de la tarjeta, aún en días de licencia. En todo caso, la irregularidad más clara está dada por la ausencia de reglamentación para el uso de las tarjetas, situación que debiera corregirse, aunque ello evade el ámbito de la actuación judicial.
11°) Párrafo aparte merecen algunas situaciones puntuales examinadas: por un lado, el gasto de alojamiento incurrido por el denunciado en el Hotel Santa Cristina, de Durazno, el 30 de octubre de 2013, ya que en este caso el motivo de su presencia en dicha ciudad fue el de asistir a un evento de la Fundación “Propuesta Uruguay 2030”, ajeno por completo a la gestión de A.L.U.R. Surgen serias dudas, asimismo, respecto de un gasto en el Hotel Alvear de Buenos Aires, el 6 de agosto de 2014, fecha en la que casualmente se lanzaba en Argentina la fórmula presidencial Vázquez-Sendic, que se hospedó en el mencionado hotel; un gasto en un restaurant de Cataratas del Iguazú el 5 de abril de 2014, y otros, en los que a juicio de la Fiscalía fueron insuficientes las explicaciones brindadas por el indagado, por cuanto invocó reuniones y acuerdos de cooperación con distintos empresarios, pero no específicamente en la fecha del gasto. No obstante, y si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida (artículo 351 del Código Penal).
12°) En consecuencia, la Fiscalía estima que no cabe sino concluir en que el entonces Director y Presidente de A.L.U.R. hizo un uso discrecional de la tarjeta, y puede decirse –en consonancia con las conclusiones de la JUTEP- que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública (artículos 20 y 22 de la Ley 17.060 y artículo 11 del Decreto 30/003), por una despreocupada administración de dineros que en un 90,79% se trataba de dineros públicos. Inclusive, tratándose del Presidente de la compañía, y directo beneficiario del uso de las tarjetas, pudo y debió promover la aprobación de un reglamento de uso de las mismas, o al menos de un instructivo como el que se elaboró pero no se puso en vigencia, con la finalidad de evitar la discrecionalidad y la autoasignación de “gastos de representación” con la que en la práctica se manejaba en el uso de tales instrumentos de crédito corporativos.
13°) Sin embargo –como se adelantó- no se requerirá el inicio de proceso penal por presuntos delitos de apropiación indebida, en mérito a las circunstancias ya señaladas, de que la ausencia de reglamentación y la no exigibilidad de comprobantes de los gastos, sumados al tiempo transcurrido desde la efectiva realización de cada gasto, hacen imposible en la mayoría de los casos determinar si efectivamente cada uno de los gastos denunciados respondió o no a gastos de representación, que si bien no estaban previstos, pueden ser admisibles. No puede jurídicamente exigirse al denunciado que acredite hoy cada uno de los gastos o los motivos de cada uno, pues ello no le era requerido al momento de su efectiva ocurrencia. También debe destacarse que –aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida se castigan de oficio- no deja de ser relevante advertir que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, A.L.U.R. S.A., ni por el accionista minoritario, propietarios de los fondos respecto de los cuales se habría hecho un uso distinto al fin para los que fueron concedidos.
14°) Finalmente, con relación a los hechos denunciados a partir de una investigación periodística –respecto de los cuales el Sr. Fiscal de Corte remitió su contenido al suscrito para su conocimiento-, relacionados con la vinculación del entonces Presidente de A.L.U.R. con el Sr. D M, presuntamente vinculado a conductas de lavado de dinero en España, se tiene presente que la Defensa del indagado D L ha acreditado que A.L.U.R. S.A. celebró Acuerdo Marco de Cooperación con la empresa GRIÑO Ecologic S.A., el 22 de julio de 2013, para estudiar la viabilidad de un proyecto para la construcción y explotación de plantas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos en Uruguay; constando que el representante de la empresa GRIÑO fue el Sr. D M, con quien el denunciado L D L se reunió en sucesivas oportunidades, por lo que en todo caso se trató de una actividad propia de la gestión de A.L.U.R. No obstante, a efectos de ser interrogado acerca de las circunstancias de inicio de su vinculación con el Sr. M, así como acerca de su conocimiento de eventuales antecedentes delictivos de éste último, se solicitará se cite a nueva audiencia indagatoria al indagado L D L.

B) SOBRE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR ING. J M
En su dictamen de 19 de marzo próximo pasado, la Fiscalía consideró que existieron irregularidades en la actuación de los Directores de A.N.C.A.P. durante toda la secuencia de hechos relacionados con la intervención de la firma EXOR, en ocasión de las dos operaciones de cancelación anticipada de la deuda; atribuyendo en principio responsabilidad en el caso, por presunto delito de abuso de funciones, a los Presidentes de A.N.C.A.P. Sres. R S y J C, y a aquellos integrantes del Directorio que aprobaron el Acuerdo de Servicios y Transacción celebrados con EXOR en el mes de diciembre de 2014, por el cual se pactó una multa millonaria en dólares a abonar a EXOR en caso de incumplimiento del acuerdo por parte de A.N.C.A.P., situación que terminó acaeciendo en la práctica.
Respecto de la presunta responsabilidad del indagado Director de A.N.C.A.P., Ing. J M en la ocasión, la Fiscalía difirió su pronunciamiento y solicitó una nueva audiencia indagatoria, que se cumplió. De las resultancias de la misma, y de la prueba ampliatoria aportada, emerge que el Director M asegura haber votado  negativamente el Acuerdo, conjuntamente con la Directora E B, y que por error figura la palabra “unanimidad” en el acta respectiva, error involuntario que se repetía en la práctica, por las explicaciones que ensaya, que se entienden valederas. En efecto, en el caso de la votación acerca del Acuerdo de Servicios y Transacción con EXOR, surge claramente de la fundamentación del voto de la Directora B que exige determinados informes contables, previo a pronunciarse, lo que equivale evidentemente a un voto negativo, y sin embargo en el acta –como se dijo- se estampó por error la palabra “unanimidad”.
En consecuencia, habiéndose acreditado que en ocasiones similares se establecía por error que determinadas resoluciones eran adoptadas por unanimidad –cuando no lo eran-, y que en múltiples oportunidades no se dejaba constancia en las actas de las apreciaciones, comentarios o salvedades de algunos de los Directores, la Fiscalía no formulará requisitoria contra el indagado Ing. J M, por entender suficientemente válidas sus explicaciones y su voto negativo en la oportunidad, por lo cual no cabe atribuirle responsabilidad.
Por los fundamentos expuestos, la Fiscalía solicita:
1°) Se tenga presente que no se formulará requisitoria penal contra el indagado Sr. L D L, por los hechos relacionados con el uso de las tarjetas corporativas de A.L.U.R. S.A., por lo que puede disponerse el archivo de la denuncia, sin perjuicio.
2°) Se tenga presente que no se formulará requisitoria penal contra el indagado Ing. J M, por lo que puede disponerse el archivo de las actuaciones a su respecto, sin perjuicio.
3°) Se cite a nueva audiencia indagatoria al Sr. L D L, a efectos de ser interrogado acerca de las denuncias relacionadas con su vinculación con el Sr. D M, formuladas en un medio de prensa (Radio Carve), solicitándose la agregación de las mismas, publicadas en la página web de la mencionada emisora.