“PESE A LOS AVANCES A NIVEL DE REDUCCIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA EN URUGUAY, SIGUE SIENDO PREOCUPANTE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA”
Informe sobre un seminario  realizado en Facultad de Ciencias Sociales, 31 de agosto de 2018.

 

“La mesa está servida: el derecho a la alimentación en el Uruguay del siglo XXI”, se llamó una mesa redonda realizado en Facultad de Ciencias Sociales. Según explicaron los organizadores, “Uruguay es un país productor de alimentos, capaz de alimentar varias veces a su población, pero la dificultad mayor es la económica. Si bien se reconocen avances en la disminución de la pobreza y la indigencia, siguen existiendo grupos de población, sobre todo aquellos grupos biológicamente o socialmente vulnerables, con un escaso acceso a una alimentación adecuada. Según la ENDIS (Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud), un 42 % de los hogares con niños entre 2 y 6 años presentan algún grado de inseguridad alimentaria, y la inseguridad alimentaria severa llega a un 13 % en los hogares más pobres. En cuanto al retraso de talla según este mismo estudio  este problema afecta a 5,6 % de los niños, siendo más grave en los sectores de menores ingresos  afectando en este caso al 11% de ellos. Algunas intervenciones que se venían  realizando, quizá insuficientes, siempre mejorables,  para enfrentar o tratar de resolver estos problemas se están retirando del repertorio de políticas sociales que se implementan. Esto nos invita como trabajadores públicos dentro del Ministerio de Desarrollo Social a reflexionar y poner en debate el derecho a la alimentación,  su efectivización y el Estado como garante de ese derecho”. Allí estuvo Hernán Salina recogiendo las distintas opiniones para CX36 y realizó un informe en ‘Mañanas de Radio’ que transcribimos y que Usted puede volver a escuchar aquí:
https://www.ivoox.com/informe-sobre-mesa-alimentacion-uruguay-31-8-audios-mp3_rf_28239971_1.html

 

 

Hernán Salina: Vamos a hablar un poquito de alimentación, estuvimos el otro día en un panel, una mesa que se hizo bajo el título "El derecho a la alimentación en el Uruguay del siglo XXI" que organizó el sindicato de trabajadores del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y con los trabajadores del INDA (Instituto Nacional de Alimentación) que estuvieron por acá hace algunos días. El INDA depende institucionalmente del MIDES y han denunciado estos recortes a programas de alimentación, tema que hemos venido tratando.
Hicieron esta actividad en la Facultad de Ciencias Sociales a salón lleno, con presencia de estudiantes, de trabajadores, de productores rurales, productores orgánicos, estaba Mariana Mota que está al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos ahí entre el público. Entre los panelistas el senador José Carlos Cardoso, que estuvo también acá entrevistado hace pocos días, presidente de la Comisión Especial de la Asamblea General Derecho a la Alimentación, del capítulo Uruguay del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Y los panelistas fueron el Dr. Jorge Mota, médico pediatra y deportólogo, dos integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la UdelaR, los licenciados Alejandra Girona y Pablo Pereira. Dos integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Facultad de Derecho, la licenciada Gloria Canclini y el Dr. Juan Ceretta que también estuvo por acá hace poco, la magister Elisa Bandeira que tiene un estudio hecho sobre cómo tendría que organizarse el Estado para enfrentar el tema de la política alimentaria y Fernanda Aguirre dirigente del Pit-Cnt.
En un rápido resumen que vamos a hacer de esto que duró unas 3 horas la gente del Observatorio del Derecho a la Alimentación tiró algunas cifras y estableció algunos datos preocupantes más allá de las cifras globales que siempre se manejan desde el gobierno a nivel estadístico, que descendió la pobreza. Por ejemplo cuando se habla de inseguridad alimentaria de acuerdo a parámetros que se hacen a nivel regional, entre los hogares integrados solamente por personas adultas en nuestro país, hay un 30% que cabe dentro de lo que se denomina en parámetros de la región inseguridad alimentaria, que es muy precaria su posibilidad de calidad de alimentación. Un 30%, caso la tercera parte. Y los hogares integrados por personas adultas y menores de 18 años, si se toma esa franja y la suma de distintos valores en cuanto a posibilidades de alimentación, llega a un 50% de esos hogares que caben dentro de lo que se denomina inseguridad alimentaria.
Ellos decían que pese a los avances a nivel de reducción de pobreza e indigencia en Uruguay, sigue siendo un tema de preocupación esa inseguridad alimentaria, la variación del IPC (Índice de Precios al Consumo), el alto costo de los alimentos, la vulnerabilidad de grupos sociales que están más expuestos a la pobreza implican un alerta amarilla en relación a las políticas de Estado, siguen las prevalencias más altas en cuanto a la niñez y adolescencia dentro de la inseguridad alimentaria que se presenta aproximadamente en la mitad de los hogares con menores de 18 años, como decíamos.
Fíjense ese dato, hablamos de la alimentación, en la mitad de los hogares con menores de 18 años. La infantilización de la pobreza y la vulnerabilidad socio-económica pueden propiciar escenarios desfavorables que causen secuelas irreversibles alimentario-nutricionales en la población -planteaban estos integrantes de este Observatorio de la Alimentación.
También daban datos de que, por ejemplo, entre el 2000 y el 2015 el índice de precios de alimentos y bebidas fue lo que más incremento tuvo en nuestro país a nivel de alimentos respecto a otros rubros. Si tomamos 2010 - 2015, los alimentos y bebidas, hablamos de bebidas no alcohólicas, aumentaron un 85%. Habría que comparar eso con cuanto aumentó el poder adquisitivo de la gente en materia de salarios.
Vamos a escuchar, tomamos un resumen rápido, lo que decía en el intercambio que hubo después con el público, el Dr. Juan Ceretta y que dentro de esa clínica donde atienden a la población que necesita respaldo legal, habló de la experiencia que tuvieron con los presos en el Comcar, sobre la alimentación que reciben en la cárcel. Escuchamos al Dr. Juan Ceretta:

Juan Ceretta: (…) El año pasado, para traer un ejemplo que se pueda comprender mejor, el año pasado promovimos desde la clínica en acuerdo con el comisionado parlamentario por el Sistema Penitenciario, una acción de amparo referida a una situación de desnutrición de presos del Módulo 8 del Comcar.
Y bueno, justamente el foco había que hacerlo en ese núcleo. Si a mí me preguntaban antes de conocer esta realidad, hubiera jurado que en el Uruguay no existía ese nivel de desnutrición como se pudo constatar de estos ciudadanos, y sin embargo en algunos espacios, por distintas razones, se podían encontrar esas realidades.
Es más, del relevamiento que se hizo de estas personas, sinceramente nos debía avergonzar a todos como sociedad cómo permitíamos esa situación de estos ciudadanos.
Y traigo este ejemplo porque, justamente, la situación de los privados de libertad es una situación especial en la medida que, al aplicarle la privación de libertad como una sanción, como una pena a propósito del delito que puedan haber cometido, eso significa o debería significar la privación de sólo ese derecho de la libertad ambulatoria. Es decir, privamos a alguien, porque cometió un delito, del derecho que refiere exclusivamente a la libertad ambulatoria. No es que por esa razón lo privamos del resto de los derechos que tiene como ciudadano.
Entonces, no solamente que no debemos privarlo del resto de los derechos sino que el Estado se transforma en garante del resto de los derechos. Es decir, asume una obligación mayor a la que tiene respecto a los que no estamos privados de la libertad.
Y esto, en el caso de la alimentación es un ejemplo tradicional, es decir, aquel que está privado de libertad no puede acceder por sus propios medios a la alimentación, el Estado es garante de proporcionarle la alimentación. No sólo de proporcionarle, como en este caso tan grosero, de proporcionarle alimentación como para que pueda mantenerse con vida, sino la obligación podríamos llevarla al extremo, que no es extremo, de exigirle que sea una alimentación balanceada, en condiciones, que respete las condiciones de reclusión, etc., etc.
Esto nos hace reflexionar sobre determinados grupos de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad respecto al derecho a la alimentación. Más allá de lo que mencionaba hoy en cuanto al derecho a la información que nos compete a todos.
Y para traerlo a algo más actual, en este momento, más allá de esa situación específica que les contaba del año pasado, hoy por hoy, bueno, todos los que están acá creo que conocen la situación que se viene dando con la modificación de las políticas públicas en lo que tiene que ver con los programas que estaban a cargo del INDA. Y en esto retomo algo que dijo Gloria, el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos en general pero particularmente a esta categoría de derechos humanos está asignado por un principio clave que es el de no regresividad. Es decir, el Estado tiene derecho a modificar las distintas líneas que utilice de políticas públicas en materia de derecho a la alimentación, pero la modificación que utilice de esas líneas no puede generar desamparo en los ciudadanos.
Es decir, debe garantizar el mismo o mejor nivel en cobertura que es que determinado grupo de ciudadanos tenía antes de la modificación de la política pública.
Y si esto no ocurriera, es decir, si hubiera una porción de ciudadanos que a propósito de la modificación de las políticas públicas, por supuesto aclaro que no tiene, cuando se modifican políticas públicas y generan estos desamparos, no tiene que ser, esto no significa intencionalidad de quién dirige las políticas públicas en esta materia, no tiene que ser así, la mayoría de las veces no es así. Pero cuando eso ocurre, el grupo de personas que se encuentra en situación de desamparo, que sufre una regresividad en el respeto de sus derechos, puede acudir a la Justicia para reclamar que por lo menos se mantenga la situación de protección que pre-existía.
Por eso me parece que valía la pena hacerle referencia a esta situación, porque así como el año pasado se promovió una acción de amparo en reclamo de los presos que estaban en estado de desnutrición, tenemos que reflexionar cuando se toman determinadas directivas en materia de redirigir recursos y en este caso referidos a la alimentación y a la alimentación de los más vulnerables, cualquier medida que se tome para ser respetuosa de los derechos no puede significar el desamparo de ninguna persona.
Y si así ocurriera, esas personas pueden acudir a la Justicia, pueden acudir a los tribunales nacionales y también pueden acudir a los tribunales internacionales reclamando la responsabilidad del Estado.
Obviamente quiero remarcar que en lo que nos compete a nosotros, que es un poco impulsar este tipo de acciones y ser de alguna manera quien contribuya al acceso a la Justicia de aquellos que no solamente muchas veces se encuentran vulnerados en el acceso a la alimentación sino que normalmente las vulneraciones son múltiples y también tienen dificultades para acceder a las Justicia, ese es uno de los roles fundamentales, por lo menos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República porque forma parte de la labor de extensión que intentamos hacer; no desde ahí pensar que esta es la solución mágica para los problemas, es simplemente un método más de lucha, un método más de movilización para exigir el respeto de los derechos fundamentales pero que se integra a todo lo que los movimientos sociales, ya sean de carácter civil, de trabajadores, quienes están involucrados en la temática en distintas organizaciones pueden hacer y seguramente hagan para evitar que estas situaciones se produzcan en un país como hoy, según veíamos en las cifras y en todos los estudios que había, que hoy ha mejorado su estándar económico y que no puede ocurran estas situaciones en el Uruguay de hoy.
Muchas gracias.

 

HS: Bueno, veníamos de escuchar una parte de lo que dijo el Dr. Juan Ceretta del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Facultad de Derecho, hablando de lo que pasó en particular con los presos pero en general y que ante decisiones que ha tomado el gobierno como el recorte de estos programas en el INDA, él dice, desde el punto de vista del Derecho la gente, los afectados pueden tomar iniciativas legales que a veces la gente no sabe aunque él más adelante habla de unir eso a las iniciativas de movilización, de reclamos habituales de la sociedad civil, digamos.
Pero en este muy rápido repaso queremos hacerles escuchar un momento de intercambio que se dio entre Mariana Mota, la ex jueza que ahora está al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que estaba entre el público, y los trabajadores del Mides, de la Unión de Trabajadores del Mides, organizadores de esta actividad, porque Mariana Mota preguntaba por qué no se invitó a representantes del Estado para debatir, para tener las distintas visiones en este tema, y los trabajadores del Mides cuentan qué ha pasado en su intento de diálogo y de plantear sus preocupaciones ante las autoridades del Ministerio, empezando por la ministra Marina Arismendi.
Vamos a escuchar entonces la denuncia que hacen los trabajadores del Mides de cómo se da el relacionamiento con las autoridades, vamos a escuchar primero a Mariana Mota y después hablan varios trabajadores del MIDES:

Mariana Mota: (…) Me parece muy buena la convocatoria, han salido muchos temas que se emparentan, el tema del medio ambiente no es específicamente Derecho a la Alimentación, pero se vinculan los medios de producción también, realmente se vinculan pero estaba más focalizado a los problemas alimentarios que fue lo que además motivó esta discusión.
Y me queda, o sea, hay algo que se presentó en la Institución y es algo que vamos a empezar a analizar este tema.
Pero quería saber específicamente por qué determinadas políticas públicas se modificaron y esos grupos vulnerables que ya mencionaban a raíz de lo que decía Jorge, dejaron de ser asistidos o se modificaron esas asistencias y esa situación, cuál era la razón.
En ese sentido, los únicos que pueden decirlo son los convocantes de esta mesa, hubiera sido bueno que hubiera venido el Estado para explicar también, no para interpelarlo pero bueno, supongo que tiene una explicación. Entonces, está interesante, cuando hay un debate, tener las dos opiniones y entender cuál es la fundamentación de un lado y del otro, para poder empezar a pensar por qué el cambio, si es bueno o malo o qué alternativa podemos buscar.
Pero en realidad la pregunta específicamente era esa, ¿qué fue lo que motivó ese cambio en las asistencias a los grupos vulnerados como es el tema de los niños, de las personas mayores, no sé si a los adolescentes también los abarca?
Eso era, gracias.

Trabajadora I: Bueno, en realidad yo voy a hablar, somos del MIDES, como parte de los organizadores, están mis compañeros acá que me pueden ayudar un poco a armar este rompecabezas en relación a esto. La explicación me parece que no somos nosotros los que tenemos que darla, como medida sindical que tomamos y postura ante esto era que la administración era la que se tenía que hacer cargo y salir a la opinión pública a decir cuáles eran las modificaciones que estaba desarrollando y haciendo, no nosotros como trabajadores frente a la población más vulnerable de este país, frente a los jóvenes decirle "el sistema está caído" como fue en un inicio la respuesta que teníamos que dar, o “no hay” o lo que fuera. Porque sabemos que también con la población que nosotros trabajamos no va a generar otras instancias de demanda o exigir el ejercicio de este derecho.
Esto también se vinculaba a lo que se venía planteando hasta ahora y es como las políticas sociales o todo lo que es vinculado al presupuesto social, siempre se mide como desde la regla de la eficacia y la eficiencia, tiene que ser bien captado, el presupuesto social tiene que ser eficaz. ¿Por qué nos definimos de esta manera? ¿Eficiente?
¿Todo el presupuesto del Estado lo medimos de esa manera? ¿Todos los rubros que gasta el Estado son medidos de esa forma? Me parece que en base a eso y ahí hablamos de exoneraciones impositivas importantes (...)
O sea, esa es más o menos la postura que nosotros veníamos teniendo como lectura de la situación de lo que se venía dando.
Yo no tengo mucho más para decir. ¿Alguien más?

Trabajadora II: La respuesta concreta de por qué no está el Estado hoy acá, no los invitamos porque en realidad nosotras trabajadores del Mides y de Inda, los escuchamos todos los días, estamos cansados de las mentiras, porque el alimento y el comunicado público que saca el Mides justificando el por qué de los recortes y la priorización de determinada población que únicamente es la que nace en el Pereira Rossell que son 6 mil niños por año, no nos alcanza. Porque estamos convencidos que esa no es la razón.
Entonces, no vamos a traer acá al debate a Marina Arismendi o a Ana Olivera para que nos vuelvan a decir lo que cotidianamente nos dicen. ¡No! Es decir, si ellos quieren hacerlo, si el Parlamento quiere convocar a las autoridades del Poder Ejecutivo a que den respuestas nos parece perfecto. No vamos a ser nosotros, invitándolos a un evento que organizan los propios sindicatos, no nos corresponde.
Es decir, hay instituciones de derechos humanos, está el Parlamento, están los distintos observatorios que hoy se presentaron acá, tienen todas las herramientas para poder preguntar ¿qué diagnóstico se hizo de las políticas de alimentación en el Mides para modificarlas así de un día para el otro? ¿Cómo se gastaba y por qué ahora se gasta de esta forma? ¿Nos quedamos sin plata?
Nuestra teoría es esa, que nos quedamos sin plata, es que hubo una mala planificación de los rubros y el Mides se quedó sin plata para poder seguir solventando y de repente tuvo que hacer una maniobra y a partir de eso priorizamos otra población.
Esa es la lectura que yo tengo como trabajadora del Ministerio, pero no nos corresponde a nosotros dar esa respuesta, son distintas hipótesis que tenemos, que nunca fueron respondidas y que la administración del Mides nos dijo claramente: "yo de política no discuto con el sindicato", esa fue la respuesta de la ministra. "Yo de política pública no discuto con el sindicato. El sindicato y los trabajadores están para ejecutar política". A esa respuesta a nosotros no nos alcanza y por eso está esta actividad hoy.

Trabajadora III: (...) las personas que participaron, que están todos acá, estamos hablando de una prestación alimentaria, una tarjeta que son 600 pesos por mes (hablan todos a la vez)
Para que todos sepamos de qué estamos hablando, estamos de acuerdo con todos los panelistas que han expuesto y todo, sabemos que es algo totalmente insuficiente para el desarrollo de cualquier ser humano.

Trabajadora I: Y para complementar un poco lo que decía Victoria, ante esta respuesta que teníamos de que no iban a discutir la cuestión de la política pública, la decisión que sí tomamos, también desde un trabajo en coordinación que se hizo con todas las oficinas territoriales, luego con el plan de Inda, con compañeros y compañeras que trabajan en el proceso de la tarjeta de Uruguay Social justamente poder decir, bueno, se nos modifica el procedimiento dada una reestructura, o como fuera, una reformulación como decía alguien por allá, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que cumplir ante esto? Porque también nosotros como trabajadores y trabajadoras quedamos en esta situación de no saber y de tener a la población enfrente. Que creo que también por eso era importante desde nuestro lugar como sindicato que estamos ante eso, generando estos espacios.
Porque si bien, como bien decía, la idea no era generar un espacio político, aunque si bien es político con respecto al Estado, no asumir nosotros el costo, sí tenemos que generar los espacios para poder discutirlo. Y como trabajadores decir, bueno, están los procedimientos claros, y en esto estuvimos trabajando casi 2 meses en conjunto con la administración para generar un procedimiento claro.
No lo discutimos pero tenemos una idea de qué tenemos que decir y cómo y así asume la responsabilidad quien la tiene que asumir y discutir en los ámbitos que corresponde, nosotros como actores sociales que somos ir tomando también información y una voz en la discusión.