“ES GRAVE QUE LOS SECRETARIOS DE PRESIDENCIA MANEJEN EL CONTRATO CON UPM INDEPENDIENTEMENTE DEL PODER EJECUTIVO”
Entrevista al Dr. Eduardo Lust, 25 de julio de 2019.

El Dr. Eduardo Lust, profesor de derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) compartió la mañana de la 36 para hablar del acuerdo del gobierno con UPM para la construcción de su segunda planta en Pueblo Centenario (Durazno) y destacó la invalidez jurídica del mismo. Lust recordó que lo denunció en un audio de whatsapp que se viralizó “pero después fueron tantas las irregularidades del contrato que ya vamos en 24 audios”. Al respecto detalló que el contrato de noviembre de 2017 -que fue modificado en secreto en abril de 2018 y de lo cual nos enteramos casi por accidente- se modificó con la firma de Secretarios de Presidencia, o sea –indicó- “sin competencia para hacerlo”. Y “ahora nos enteramos que el 15 de julio los Secretarios de Presidencia suscribieron un contrato complementario, con contenidos todos graves”, aseveró. Transcribimos la entrevista que Usted puede volver a escuchar aquí: https://archive.org/details/dreduardolust

 

Hernán Salina: Agradeciéndole que esté con nosotros esta mañana estamos recibiendo al Dr. Eduardo Lust, profesor de Derecho constitucional y administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).
Bienvenido, buen día.

Eduardo Lust: Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá.

 

HS: Nos estabas diciendo fuera del aire que, además de esto que se está informando en estas horas respecto a algunos pasajes no conocidos del acuerdo del gobierno con UPM, hay cosas más graves, ya desde el arranque.

EL: Sí, el tema es el siguiente, ustedes saben que yo desde hace algunos audios, la gente dice desde hace algunos años, yo digo desde hace algunos audios vengo informando el contrato celebrado con la empresa UPM.
Eso empezó con un audio, siempre hay un comienzo, pero después fueron tantas las irregularidades del contrato que ya vamos por 24 audios. Y bueno, todos los días tenemos cosas nuevas para decir.
Ahora, a raíz de este último contrato, ustedes saben que hay un contrato de noviembre del 17 que fue modificado en secreto en abril del 18, nosotros nos enteramos de esa modificación del contrato en secreto casi por accidente, porque a raíz de un informe, es decir, la Presidencia contrata un abogado particular para que defienda el contrato.
Cuando los movimientos sociales y nosotros mismos le pedíamos a la Presidencia que explicara el contenido del contrato, la presidencia optó por contratar un abogado particular para que hiciera la defensa in precedentes porque la presidencia tiene una importante jurídica, y muy valiosa además.
Cuando nosotros accedimos al informe del abogado particular, el abogado particular al realizar su informe hace como cualquier abogado, tiene una cláusula de antecedentes donde enumera los documentos que se le entregaron para poder hacer el informe.
Y entre los documentos que se le entregaron anuncia la modificación del contrato de abril del 18. Bueno, eso ya es muy grave, porque se modificó el contrato por los secretarios de la Presidencia sin competencia para hacerlo. Y lo de sin competencia para hacerlo surge de la propia página de Presidencia, porque cuando la Presidencia firma el contrato en noviembre del 17 emite un decreto que en el artículo 1 aprueba el contrato, en el artículo 2 designa a quienes van a firmar el contrato que son los secretarios de la Presidencia, y en el artículo 3 le dice que si hubiere que hacer algún ajuste a ese contrato los secretarios lo podrán realizar previa consulta con el Poder Ejecutivo como corresponde.
¿Qué hicieron los secretarios de la Presidencia? Lo modificaron el 5 de abril del 2018 sin consultar al Poder Ejecutivo de acuerdo a los documentos que surgen del gobierno. Y el Poder Ejecutivo emitió un decreto el 9 de abril diciendo que convalidaba lo que habían hechos sus secretarios. Es decir que ahí surge claramente que el Poder Ejecutivo, luego que los Secretarios cambiaran el contrato, que el cambio implica que Uruguay pierde 600 millones de dólares, es decir, no es una coma que se cambia, es una cifra, convalida eso.
Bueno, luego vienen una serie de continuas irregularidades con respecto a esto, y ahora nos enteramos que el 15 de julio los secretarios de la Presidencia suscriben un contrato complementario que estaba previsto en el contrato original

 

HS: ¿15 de julio del año pasado?

EL: De ahora, de este año

 

Diego Martínez: Hace 10 días

EL: Hace 10 días.
Es decir que el 15 de julio suscriben el contrato. Ese contrato nuevo que es complementario del anterior, que ya estaba previsto en el anterior que se podía hacer un contrato complementario, tiene muchos contenidos que son todos graves. Enumera una larga lista de empresas que son subsidiarias de UPM y a la cual el gobierno uruguayo le otorga todos los beneficios que le otorgó a UPM. Es decir, hay más de 10 empresas filiales de UPM que acceden a los mismos beneficios de UPM en lo que refiere al aspecto impositivo.
Regula minuciosamente, basta con la lectura, el manejo del agua del río Negro, ahí, si usted tiene el contrato, lo dice muy minucioso cómo Uruguay debe manejar el río Negro para la empresa UPM.
Incorpora la famosa cláusula del artículo 4.2 en el cual se le permite a UPM retirarse, o sea, abandonar la inversión si le deja de convenir. Ahora, el vocablo conveniencia no tiene una definición jurídica, por lo tanto quien dice lo que es conveniente es el que lo resuelve. Si el que lo resuelve puede poner el contenido de conveniente, puede ser cualquier motivo el que le permita irse.
Es decir, usted dice, para mi es inconveniente y le dicen, no, pero parece muy conveniente. Sí, pero como para mí es inconveniente, para mi es suficiente, aunque para todos los ojos sea conveniente.
Eso digamos que es a grandes rasgos el contenido que habrá que analizar. Pero acá hay algo mucho más grave que es formal, aspecto que la ciudadanía y la oposición no le dan la importancia. La ciudadanía porque lo desconoce y está bien que lo desconozca porque no es su actividad. La oposición no hay una explicación técnica de por qué no lo hace porque lo conoce, que es lo siguiente, el decreto que autoriza a los secretarios de la Presidencia a cambiar el contrato, le permitía cambiar el contrato que cambiaron en abril del 18. No hay o no se ha dado publicidad o no se conoce y si hay es secreto, y todas las resoluciones que son secretas no tienen vigencia, porque cualquier resolución del Estado debe ser publicada para ser conocida.
Ahora, hasta este momento, y es producto de una investigación que voy a realizar en estos días, no hay una resolución del Poder Ejecutivo que autorice a otorgar el contrato del 15 de abril del 19, porque la resolución, que ahora la vamos a buscar porque la tengo acá, que autorizó a cambiar el contrato, se refiere al contrato de noviembre. Por lo tanto no sé ha fundado en qué los Secretarios de la Presidencia firmaron el contrato del 15 de julio.
Eso que parece tal vez menor, porque dice, parece más grave que se puedan ir, parece más grave el agua del río Negro, bueno, no es más grave, mucho más grave es ese aspecto

 

DM: Esa nueva modificación

HS: Cada modificación requiere de un permiso específico

EL: Claro, porque dense cuenta que lo que aparece acá es que los secretarios de Presidencia manejan el contrato.
Y esto lo confirma el ministro de Economía ayer que en nota que le hicieron en el Palacio Legislativo, incluso esta propia Radio que lo escuché, le preguntan por el cambio de contrato y dice que lo desconoce, que no está enterado de la cláusula famosa.
Si no está enterado de la cláusula famosa es porque no conoce el cambio

 

DM: No pasó por el Ejecutivo

EL: Ahora, él como integrante del Ejecutivo tendría que estar enterado de eso, que además no es cualquier cambio.
Por lo tanto acá hay algo muy grave que a mí me recuerda a lo que en el siglo pasado una institución muy importante en Estadios Unidos, muy importante que es la Suprema Corte de Justicia; además los estadounidenses le han dado al derecho constitucional un aporte como tal vez ningún país. Estados Unidos de 1790 a 1840 son los padres del constitucionalismo moderno, yo diría equiparado a la Revolución Francesa, la influencia que ha tenido en el mundo occidental.
Y hubo un período en Estados Unidos que se conoció como el gobierno de los jueces, porque era tan importante el papel de la Suprema Corte y eran tantas las resoluciones del gobierno federal de Estados Unidos que la Suprema Corte declaraba inconstitucional, que se conoce ese período de la historia americana como que gobernaba la Suprema Corte, entonces se le dio el nombre del "gobierno de los jueces".
Ahora, yo digo que nosotros estamos, en este tema, en el "gobierno de los secretarios". Porque lo que yo estoy diciendo de pronto la gente no se puede dar cuenta de la entidad, pero para mí es mucho más grave que los secretarios de la Presidencia, que son secretarios, cumplen la función de secretaría, manejen el contrato de UPM independientemente del Poder Ejecutivo porque con esto se está demostrando que los cambios en el contrato... Es decir, ¿cuál hubiere sido el camino? Se propone cambiar el contrato, se reúne el Poder Ejecutivo que es el presidente y todos los ministros, se trata el cambio sugerido, se aprueba y luego de aprobado se dicta un decreto del Poder Ejecutivo diciendo que se aprueba el nuevo cambio, el contrato complementario y que debe tener determinado texto y se designa quien lo firma.
Ahora, por las noticias que nosotros tenemos, como todo esto es secreto, de pronto eso existe, pero como no se da publicidad, uno tiene que partir de la base de que no existe.
Entonces, eso desde el punto de vista constitucional es muy grave, yo diría que es lo más grave de toda la negociación

 

HS: ¿Y cómo han sido los mecanismos previos, cuando se dieron las otras modificaciones cómo se sabía o cómo se logró saber esos decretos que autorizaban las modificaciones, se publicaron, están junto con el contrato?

EL: Bueno, los decretos que aprobaron las modificaciones no se publicaron. Cuando una norma no se publica el ciudadano no le corre plazo para oponerse a la norma, porque como la norma es secreta usted la puede impugnar en cualquier momento cosa que nosotros hicimos y estamos en ese trámite en Presidencia de la República.
Lo que nosotros nos enteramos de que eso existía porque el abogado contratado por Presidencia lo dijo. Lo dijo yo diría hasta de buena fe, es decir, debemos estar agradecidos, porque gracias a ellos nos enteramos

 

DM: Reveló un detalle que hasta el momento no se sabía por una cuestión de formalidad también

EL: Exactamente.
Entonces ahora, la gravedad de esto, yo como docente constitucional de pronto le doy más importancia que un ciudadano común. De pronto para un ciudadano que no sea docente es mucho más grave el manejo del río Negro. Pero el manejo del río Negro que es grave, es un tema puntual de manejar el río Negro. Ahora, esto que yo estoy compartiendo con ustedes es un tema que pone, yo diría en cuestionamiento la democracia uruguaya. Porque si usted le permite al secretario, a su secretario resolver el tema que según el gobierno es el más importante del período, quiere decir que el Poder Ejecutivo ha delegado, le ha traspasado o a abandonado la tarea que él tiene que hacer en los secretarios. Y los secretarios no tienen responsabilidad, usted no puede llamar a un secretario al Parlamento porque la única actividad del secretario es la secretaría

 

HS: Sí, se le pregunta a un ministro como usted dice, creo que Rossi habló sobre esto también, y dicen que ellos no están al tanto de esos detalles. Escuché a Rossi decir que confían en los que están negociando

EL: Claro, si bien ellos confían en los que están negociando, no pueden haber modificado el contrato el 15 de julio sin que ellos supieran, porque tiene que haber una norma jurídica que diga lo que yo acabo de decir, en virtud de negociaciones que estaban previstas en el contrato de noviembre del 17 que anunciaban un contrato complementario, reunido el Consejo de Ministros estudia el contenido del contrato complementario, lo aprueba y designa a fulanito de tal para que lo firme. Ahora, es parte, reunido el Consejo de Ministros, estudia el contrato complementario y lo aprueba, no se hizo.
Ahora, si se hizo es secreta, lo que a mí me exonera de responsabilidad al decir que no se hizo

 

HS: Claro.
Ahora, uno de afuera se extraña que el gobierno da a conocer las cláusulas, eso se ha conocido por información pública incluyendo esta polémica cláusula que se puede ir cuando quiere. ¿Eso lo da a conocer pero no da a conocer estos Decretos que autoriza esos cambios?

EL: Claro.
Pero más grave, yo lo que le quiero trasmitir, tal vez no lo consigo, que más grave que el cambio es el mecanismo

 

HS: Sí, correcto, trasladando atribuciones a secretarios

EL: Pero atribuciones básicas.
Ustedes imagínense que el Poder Legislativo designe a una comisión para que redacte una ley y la apruebe. O sea que haya una ley o un documento con formato de ley aprobado por un órgano que no sea el Poder Legislativo. Eso ya sería casi suficiente para decir que se ha quebrado el Estado de derecho

 

HS: Claro, a mí me suena como ejemplo también, fue casi como lo de la Ley de Caducidad donde el Poder Judicial trasladó al Poder Ejecutivo decir qué crímenes se podían investigar y seguían pasibles de ser sancionados, no sé cuáles serán los términos legales, delegó una responsabilidad que era del Poder Judicial

EL: El Poder Legislativo le dio al Poder Ejecutivo la competencia de decir a quién se juzga y a quién no, una inconstitucionalidad tremenda, que la Corte 20 años después la declaró, al principio dijo que no.
Pero acá la gravedad está en ese tema

 

DM: ¿Quién tiene que responder ante esto? Me refiero a si hay, seguramente usted va a tratar de que así sea, alguna institución, supongo que estará por el lado del Poder Judicial también, la Suprema Corte de Justicia, que pueda decir esto que hicieron está mal, este contrato no tiene validez, no se hicieron los mecanismos correspondientes, negoció gente que podía negociar pero firmó gente que no podía firmar de esa manera

EL: Claro, el tema es que acá pueden actuar, primero puede actuar cualquier ciudadano, tiene que estar enterado y tener las herramientas jurídicas. O sea, cualquier ciudadano puede denunciar esta situación.
Segundo, pueden actuar de oficio los fiscales, es decir, los fiscales tienen entre muchas funciones la protección y la aplicación del derecho. Entonces un fiscal enterado de esto no necesita que se le presente una denuncia

 

DM: Cualquier fiscal, no precisa ser de una disciplina específica...

EL: No, por ejemplo, un fiscal de menores no podría, tienen que ser fiscales vinculados a, puede ser la Fiscalía de Gobierno o pueden ser los fiscales que estén vinculados al derecho penal o al crimen organizado ante la posible conducta delictiva. No digo que haya un delito penal, pero puede haber una apariencia de conducta penal cuando los secretarios de la Presidencia de la República manejan un contrato con el consentimiento del Poder Ejecutivo, entonces podría haber eventualmente.
Ahora, los que tienen las herramientas más fuertes son los partidos políticos, y aquí me refiero a todos los partidos políticos, a los que tienen representación en el Senado y a los que tienen representación en la Cámara de Diputados. Y esta aclaración la hago porque en muchos audios digo, y estoy convencido, que todo el sistema político está alineado con UPM y hubo gente que con mucha precisión me hizo ver el sistema que está en el Senado, el sistema que en Diputados no está, y es cierto. Entonces en su momento me disculpé con los partidos que están en Diputados, pero acá lo puede hacer, creo que en el día de hoy voy a hacer un audio explicativo, se lo voy a enviar a muchas personas como siempre y después eso repica. Porque el audio tiene un gran valor, el otro día un conocido me mandó una nota de 4 minutos que me hizo un canal de televisión, que no es por hablar de mí, pero me envió donde yo explicaba el cambio de precio en el contrato, y esa nota de 4 minutos tiene 142 mil reproducciones, es decir que por lo menos 142 mil personas lo escucharon.
Entonces yo tengo la esperanza de que algún representante, algún legislador tome esto porque basta con que un legislador lo tome, lo plantee en Cámara, y si consigue el voto, que pienso que va a ser muy sencillo, de un tercio de sus componentes, hacer concurrir al Parlamento a dar explicaciones en vivo.
Ahora, si no lo consiguiera, un sólo legislador puede hacer un pedido de informes y a ese único legislador hay que contestarle el informe. Entonces,  yo pienso que hoy, 25 de julio, el tema más importante que tiene el Uruguay desde el punto de vista constitucional, es ese.
Es decir que algún partido de la oposición tome, digo partido de oposición porque ellos tienen acceso, también lo puedo hacer yo pero con poca suerte

 

DM: Seguimos conversando con el Dr. Lust sobre el anuncio de UPM de hacer la inversión finalmente, algo que viene, y usted lo decía en el último audio, por lo menos el último que escuchábamos nosotros, que para usted no fue sorpresa porque se vienen dando un montón de hechos que daban cuenta de que había un recorrido ya realizado que hacía casi imposible que se fuera hacia atrás. Nosotros estuvimos ayer en el Puerto hablando con los trabajadores de la zona de pesca, con quienes se encargan de reparar las redes, con los que trabajan con las embarcaciones y estaban muy preocupados porque el miércoles les avisaron que tenían que irse en una semana de ese lugar y pasar a un lugar mucho más chico para continuar con la tarea.
Pero digo, usted decía como que no le sorprendió porque ya habían ocurrido tantas cosas que era muy difícil que se fuera hacia atrás

EL: No, la noticia a mí no me sorprendió, por eso yo le dije, a mí lo que me sorprendió ese día fue la alegría del periodismo, no ustedes pero las grandes cadenas de televisión que yo en muchos años hay que remontarse a ganar una Copa América me imagino. Eso sí me sorprendió.
En lo personal para mí fue una noticia importante porque nosotros estamos trabajando en iniciativas legislativas locales para desviar el tren. Nosotros lo que queremos es desviar el tren.
De pronto si logramos desviar el tren, un efecto no buscado es parar la planta, pero lo que se busca es desviar el tren. Entonces eso les decía a las personas que están recolectando firmas que son muchos cientos de personas, que no hay que desanimarse porque eso nos da fuerza para continuar la recolección de firmas, o sea que "fue una buena noticia", como decían los juglares de la Edad Media "vengo a anunciar buenas noticias".
Y bueno, la noticia ya se sabía. Tanto se sabía que dense cuenta que el 15 de julio se firma el contrato complementario, es un poco técnico esto, no los quiero aburrir y no me voy a detener mucho en el tema, pero en el contrato de noviembre del 17 dice que la inversión se confirma si se da alguna de estas dos situaciones: a) que la empresa confirme la inversión; o b) que se firme el contrato complementario.
Si el contrato complementario se firmó el 15 de julio, la inversión ya estaba confirmada, es decir que los secretarios de la Presidencia y el presidente de la República y los miembros del Poder Ejecutivo ya sabían que se confirmaba la inversión.
Ahora, si usted modifica un contrato el 15 de julio, tiene que haberse tomado muchos días antes para redactar la modificación.
Entonces, esto se sabía yo pienso desde el mes 5 o 6, porque eso lleva un trabajo. Entonces, como el contrato original dice que la confirmación de la inversión se puede hacer por dos vías, si el 15 de julio se firmó el contrato complementario, ya no había necesidad de confirmar la inversión.
Pero desde el punto de vista del marketing, confirmar la inversión es un mensaje que llega mucho más a decir firmamos el contrato complementario. O sea, no hacía falta confirmar la inversión porque con el contrato complementario ya alcanzaba.
Pero seguro, después ya...

HS: Le subieron las acciones a UPM y todo eso

EL: Claro, toda esa situación se da en esa circunstancia.
Entonces, que se confirmara la inversión, en lo personal no fue ninguna noticia inesperada porque era lógico que eso sucediera.
Por lo tanto esto es toda una situación muy extraña, que a mí lo que me sorprende... Es decir, hace unos años atrás había un político español que decía, el problema de España no es el gobierno, porque el gobierno siempre es malo, el problema es la oposición. Es una opinión eso ¿no?
A mí lo que me sorprende es la oposición.
Y mire que yo soy amigo, no conocido, amigo de por lo menos 10 o 15 legisladores que fueron compañeros míos de clase, algunos terminaron la carrera y otros no. Uno de ellos falleció el día de ayer, el diputado (Jaime) Trobo, que no terminó la carrera pero fuimos en algún momento compañeros de clase. Un gran compañero y un gran legislador también.
Y le he preguntado directamente en confianza y la respuesta siempre es que lo vamos a encarar, lo vamos a ver, lo vamos a tratar.
Entonces, lo que a uno lo desanima es el tema que yo te estoy planteando, porque desde el punto de vista constitucional hay un tema que es clave. Usted puede estar de acuerdo o no con una resolución, eso queda en el ámbito de cada una de las personas, pero lo que no puede descuidar el legislador es la forma, porque el derecho es formal, la democracia es forma.
Hace un tiempo puse un ejemplo que no sé si lo puse aquí la otra vez, que hay un artículo de la Constitución que no sé si lo puse aquí la otra vez, hay un artículo en la Constitución que dice que "el Estado mediante las leyes combatirá los vicios sociales".
Bueno, el Estado durante mucho tiempo pensó que la droga era un vicio social, y lo combatió persiguiendo al traficante y al consumidor. ¿Eso el Estado lo podía hacer? Lo podía hacer, porque la ley se lo permite.
¿Eso está bien? Bueno, para algunos estará bien, para el traficante estará mal seguramente. Pero como en el ámbito de las opiniones todo es válido, luego pasan algunos años y un nuevo perfil del gobierno cree que la droga es un vicio social, lo sigue sosteniendo, pero que en lugar de perseguir al consumidor, al que perseguir al traficante y darle cierta contención al consumidor.
Eso habrá personas que están de acuerdo o en desacuerdo, ¿pero el derecho se lo permite? Se lo permite.
Entonces, lo importante para el derecho constitucional es que usted haga lo que se permite, si está bien o está mal es opinable. En el año 90 después de Cristo, un emperador de Roma que además era filósofo, escribió un libro que hay dos ejemplares que se conservan que se llama "Las meditaciones". Y en esas meditaciones, ya anciano, que son varias y que es un libro extraordinario, una meditación este hombre dice "Todo lo que yo veo no es la realidad, es mi perspectiva. Y todo lo que yo digo no es la verdad, es mi opinión".
Entonces, eso que es casi discutible es válido en el mundo de los seres vivos, pero en el mundo del derecho, cuando hay una cláusula escrita que dice lo que dice, y el idioma español es preciso, en algunas se podrá discutir, tiene más de un contenido, pero en otras no.
Entonces acá el derecho uruguayo, todo esto que está sucediendo no lo permite. Y si no lo permite tiene que aparecer, no gente de la calle como somos nosotros o algún docente universitario u otros actores sociales que hacen una importantísima tarea, tienen que aparecer personas que tengan la posibilidad de, enterada de esta situación y asesorados si se quiere, presentar en los ámbitos que corresponda los cuestionamientos que haya y pedir las explicaciones

 

DM: Ahora, para comprender la magnitud de esta situación que usted plantea, de gente que no tiene la posibilidad de firmar cosas y las firma, hasta el propio contrato, gente que no tiene adjudicada esa responsabilidad y lo hace, para comprender la magnitud, ¿qué tan grave es?

EL: Bueno, eso tiene dos respuestas.
Primero, usted imagínese la Radio, CX36, tiene una Directora, tiene jerarquía. Entonces imagínense que el secretario de CX36 realice una serie de negociaciones y le informe al director, mire que voy a negociar publicidad o voy a denunciar la venta de espacios. Entonces, el secretario negocia la publicidad, vende los espacios, firma la publicidad, firma la venta de espacios y después le dice al director, mire que ya vendí tantos espacios, y vendí tanta publicidad.
Entonces el Director dice, ¿pero no me deberías haber informado a mí primero? Eso es lo grave.
Ahora, esto tiene algo positivo, siempre hay que ver el lado positivo.
Hay un pasaje de la poesía a ‘Santos Vega’, el argentino Rafael Obligado; que dice: “A veces el más chambón nos hace tantear el cinto”.
Como diciendo la persona más inesperada hace algo que o nadie lo vio o pone en alerta.
Entonces, esto tiene la siguiente consecuencia –que en lo personal voy a asumir, dentro de lo posible, la realización-. Si los Secretarios de la Presidencia firmaron un contrato sin una norma habilitante que hasta hoy no se conoce, y si ahora se dicta es nula, porque debe ser previa; esas personas actuaron sin competencia. No tenían poder para hacerlo.
Cuando una persona actúa con un poder que no tiene, las consecuencias de su actuación son nulas.  Es como si yo vengo y vendo su casa, sin poder notarial ni nada que respalde que tengo poder de vender una propiedad  que no es mía.
Entonces, la noticia buena nuestra, es que si los Secretarios actuaron fuera de su competencia, el contrato es nulo.

HS: ¿Todo el contrato?

EL: Todo el contrato.
Ahora, eso hay que recurrirlo en Presidencia. Hay que recorrer el camino de los recursos y esperar que Presidencia rechace el recurso, que lo va a rechazar. Entonces, ese rechazo de la Presidencia –que es absolutamente necesario que exista, porque si no lo rechaza, admite- le abre la vía a quien promueva esa acción al Tribunal en lo Contencioso Administrativo, que es un órgano de naturaleza jurisdiccional. Entonces ahí uno llevaría el contrato a un órgano que si bien no integra el Poder Judicial, está en la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia en temas de la Administración del Estado.
Y ahí serán los Ministros del Tribunal en lo Contencioso Administrativo los que deberán decidir si un acto administrativo dictado por una persona que no tiene competencia, es válido o es nulo.
Y toda la jurisprudencia del Tribunal, toda, desde que el Tribunal existe, desde 1952, es unánime en que el jerarca que emite un acto fuera de su competencia, el acto es nulo.
Entonces, si el acto es nulo, es nulo el contrato.

 

Macarena Pintos: ¿Le llama la atención que la oposición no se haya manifestado?

EL: La oposición no se manifestó porque está de acuerdo, pero yo hago un silogismo aristotélico: si yo pudiendo hacer algo o lo hago es porque no quiero. Entonces, si la oposición no lo hace es porque no quiere. Y está bien porque es su opinión, pero para el Estado de Derecho es grave, entonces la oposición deberá asumir su responsabilidad.
Respecto a lo del contrato, sostengo que los Secretarios no tienen competencia, a pesar de que hay un Decreto que dice que lo pueden firmar, porque los Secretarios son de la Presidencia de la República y el que firma el contrato es el Poder Ejecutivo. Y si bien los Secretarios asisten al Consejo de Ministros que es el Poder Ejecutivo, acompañando a su patrón -que es el Presidente de la República- el Poder Ejecutivo no le puede delegar una tarea del Poder Ejecutivo a un funcionario que no pertenezca al Poder Ejecutivo. Y como los Secretarios son funcionarios de Presidencia de la República, ahí lo que tendría que haber pasado es que el poder Ejecutivo debió haber asignado a dos o tres Ministros para que firmaran el contrato, que tal vez lo ideal hubiera sido Economía, Transporte y Medio Ambiente.
Entonces, ahí ya para mí hay una nulidad en el contrato original. Lo que firmaron con un Decreto que los autorizaba a firmar,  el Decreto es nulo porque le da competencia a una persona que no trabaja ahí, para ser más claro.
Eso en el contrato original. En la modificación de abril de 2018, es nula también porque el Decreto que autorizó la modificación  debió ser previo a la modificación. La modificación es del 5 y el Decreto que lo aprueba es del 9, por lo tanto el Decreto posterior que convalida es un Decreto nulo, porque cuando Usted convalida algo quiere decir que algo que ya está hecho lo acepta.
Y el contrato de ahora, del 15 de julio de 2019, es nulo porque no hay ninguna norma jurídica de la Presidencia ni del Poder Ejecutivo que habilite a hacer esta modificación. Lo que había era lo que permitía hacer la otra modificación pero no ésta.
Entonces todo el proceso tiene tres nulidades, que nosotros vamos a impulsar y vamos a ir al Tribunal de lo Contencioso y ver qué suerte tenemos.

 

DM: Ahora, está de más que el gobierno quiere que se instale UPM y Usted decía que el Poder Ejecutivo tiene un equipo jurídico de primer nivel, que es caro sostenerlo. ¿Cómo se les puede escapar una situación de estas?

EL: Bueno, el equipo jurídico de Presidencia es excelente. Las personas que lo conforman, muchas de ellas amigos míos, son excelentes profesionales.
Ahora, esa respuesta yo no se la puedo dar porque nunca se les permitió o por lo menos yo nunca pude acceder o hablar o a documentación que ellos hayan elaborado. Acá el contrato lo hizo un Estudio privado, o sea el contrato se redactó en un Estudio privado que contrató la empresa UPM, como los informes ambientales son privados contratados por la empresa UPM y aprobados por el gobierno uruguayo. LA defensa del contrato la hizo otro estudio privado.
Entonces, acá la pregunta que queda para que alguien la conteste –porque yo no tengo condiciones de hacerlo- es si la Presidencia y los Ministerios prescindieron de sus Asesorías Letradas, que no debió haber sido pero pudo haber sido que no hayan trabajado el tema; o que las Asesorías Letradas hayan trabajado el tema y por un tema de jerarquía y de Estatuto funcional, digamos, no se les permita salir públicamente a revelar cuál fue la tarea que realizaron. Esas son las dos posibilidades, pero la idoneidad técnica de la Asesoría Letrada de la Presidencia no me cabe ninguna duda. Incluso la idoneidad técnica y profesional del propio Dr. (Miguel Ángel) Toma a quien conozco, que es el Secretario de Presidencia, y tiene una idoneidad desde el punto de vista jurídico muy valiosa.

HS: Dr. tenemos que cerrar, han llegado muchos mensajes que después leeremos pero hay uno: “Un abrazo grande al Dr. Lust” de parte del profesor Alción Cheroni, dice que fueron compañeros de estudio en Ingeniería.

EL: Si. Gran profesor de Ingeniería. Se jubiló y fue una pérdida valiosa.

 

HS: Pero respecto a esto, Usted ya ha hecho recursos por todo el proceso legal que están en marcha. ¿Cuándo se puede saber algo de eso?

EL: La semana que viene.
Porque por una estrategia procesal no voy a relevar lo que vamos a hacer la semana que viene, pero se presentaron los recursos correspondientes contra la autorización ambiental, contra el Decreto que consideró de Interés General la construcción del tren  y contra el Decreto que autorizó el cambio de contrato de abril de 2018, que le bajó 600 millones de dólares al precio.  Eso está recurrido en tiempo y forma.
Y ahora, la semana próxima, vamos a hacer otro movimiento procesal que va a resolver el tema del recurso y luego le informaré. Pero prefiero ahora no decirlo pro el tema del ‘Gran Hermano’.

 

HS: Está bien, por supuesto.
Y repetimos el diputado Eduardo Rubio, estamos hablando del partido político con representación parlamentaria que se ha manifestado abiertamente en contra de esto; estaba escuchando la denuncia del Dr. Lust sobre esta omisión grave desde el punto de vista legal, formal, y quiere asesorarse, conocer los detalles, con el Dr. Lust   para hacer lo que corresponda, lo que puede hacer como legislador sobre este tema.
Y seguimos atentamente, paso a paso, toda esta batalla.
Gracias, Doctor.

EL: Muchas gracias a ustedes por la invitación.