“SE ESTÁ GENERANDO LA MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA, QUE ES UN BIEN COMÚN DE TODOS LOS URUGUAYOS”
Entrevista al profesor Carlos Santos (CNDAV), 4 de setiembre de 2019.

 

“La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) exige que se detengan los procedimientos de autorización de embalses amparados en la Ley de Riego hasta que la Suprema Corte de Justicia se expida sobre la Inconstitucionalidad de la norma”, dice el comunicado de la CNDAV recibido en Radio Centenario. Para conocer más sobre el tema en ‘Mañanas de Radio’ contactamos al antropólogo y docente de la Udelar, Carlos Santos, integrante de la Comisión en Defensa de Agua y la Vida quien se refirió al alerta que dio la Comisión ante el uso de la Ley de Riego, cuando está en marcha el recurso de inconstitucionalidad que se presentó. Santos precisó que “nos enteramos por vecinos de Paysandú que se estaba publicando en un diario local un aviso de una audiencia pública por un emprendimiento de la Ley de Riego” pero que no se convocaron a organizaciones e incluso el aviso se hizo circular en un medio local. Por tanto “llama la atención la premura del aviso y nos pareció que había un cierto apuro en llevar adelante la audiencia pública” siendo que “todavía está en marcha el proceso de inconstitucionalidad”, sostuvo. Transcribimos esta nota que Usted puede volver a escuchar aquí:
https://archive.org/details/20190904profesorcarlossantoscndav

 

Hernán Salina: Estamos recibiendo ahora a Carlos Santos que es antropólogo, docente de la Universidad de la República (UdelaR), a quien conocemos hace muchos años luchando por los temas del medioambiente, podíamos decir.
Carlos, un gusto recibirte, bienvenido a la 36

Carlos Santos: Buen día Hernán, muchas gracias, buen día Diego, Ángeles, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia

Diego Martínez: Un abrazo.

 

HS: Bueno, gracias a vos por estos minutos.
Ante una reciente declaración que hizo la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) que vos integrás, alertando ya de aplicaciones concretas de lo que permite la Ley de Riego. La Comisión emitió una declaración solicitando que se suspenda, que se impida que se otorgue o que se pueda utilizar la Ley de Riego en aras de todo el proceso judicial que se está llevando adelante con la Suprema Corte de Justicia que tiene que considerar el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Comisión. Contanos sobre todo esta parte menos conocida que es esos casos concretos donde ya se están comercializando, podríamos decir, las fuentes de agua que es lo que preocupaba a los que presentaron este recurso.

CS: Así es, así es.
Bueno, como tú muy bien explicabas hay todo un procedimiento de inconstitucionalidad sobre la ley ya que no se alcanzó la vía para llevar a referéndum la norma con la recolección de firmas en la campaña que se hizo a lo largo del año pasado. Entonces, a partir de ahí las organizaciones presentamos estos recursos de inconstitucionalidad que están todavía en marcha y que han tenido dos confirmaciones, una fue la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que entendió que era de recibo el pedido que nosotros hacíamos y le agregó a la Suprema Corte de Justicia. Y en los últimos días del 27 de agosto la Suprema Corte lo estudió, lo consideró, y en virtud de que el Poder Ejecutivo, que es quien promulgó la ley todavía no se había expedido, le dio vista al Poder Ejecutivo para que se exprese antes de que la Suprema Corte haga su dictamen, o sea que es un procedimiento que todavía está en camino.
Entonces, nos enteramos a través de unos vecinos de Paysandú, del departamento de Paysandú, que se estaba publicando en un diario local, el diario El Telégrafo, un aviso de una audiencia pública por un emprendimiento de la Ley de Riego. Entonces nos llamó mucho la atención la manera en que nos enterábamos de que no se convocara a las organizaciones nacionales que están trabajando el tema, de que no hubiera un documento que se hiciera público a nivel nacional sino que se recurriera a esta vía de la publicación en un medio de circulación local, y además nos llamó la atención la premura, porque se publicó un aviso la semana pasada para una audiencia pública que se va a hacer el martes de la semana que viene.
Entonces nos pareció como que había un cierto apuro en llevar adelante la audiencia pública sobre este emprendimiento siendo que todavía está en marcha todo el proceso este de inconstitucionalidad.
Entonces nosotros creemos que una medida sana, precautoria, sería suspender estos procedimientos hasta que conozcamos la opinión de la Suprema Corte de Justicia.
En particular, sobre este emprendimiento que se va a hacer una audiencia pública, ya le podemos pasar el aviso a la audiencia, va a ser el 10 de setiembre, el martes de la semana que viene a las 13:30 en la ciudad de Fray Bentos donde hay una sede de la Dirección Nacional de Agua (DINAGUA) de la región litoral.
La audiencia que se va a hacer allí es por una solicitud que hace una empresa, que miren, les voy a leer el nombre, se llama Winterbotham Fiduciaria. Es una empresa que ya por su nombre, que hasta es difícil de pronunciar, nosotros empezamos a investigar quién era esta empresa que quería hacer un emprendimiento de riego.
Porque no sé si ustedes se acuerdan que durante la campaña de referéndum, los defensores de la ley, los legisladores del gobierno y los funcionarios de Ministerio de Ganadería, decían que era una ley para beneficiar a los pequeños productores, para que se pudieran asociar y acceder al riego.
Y bueno, esta empresa con este nombre, una Fiduciaria Sociedad Anónima, nos pareció que no era propiamente una representante de pequeños agricultores, de pequeños productores uruguayos y empezamos a buscar antecedentes de esta empresa. Y nos encontramos con que es un fondo financiero internacional que tiene sede en las Bahamas, en islas Bahamas donde acaba de pasar el huracán este que está legando a Estados Unidos y que tiene sucursales en Hong Kong, en las Islas Caimán y en Uruguay.
Seguimos investigando un poco más y nos encontramos que el portal Sudestada de investigación periodística uruguayo, ha vinculado a este fondo fiduciario, el Winterbotham Trust con una denuncia en el marco de la investigación Lava Jato en Brasil por el pago de coimas a partir de la cual está procesado con prisión el ex gobernador de Río Janeiro Sergio Cabral, que era del mismo partido que el vicepresidente de Brasil, Temer, que fue el que dio el golpe a Dilma Rousseff y que accedió a la Presidencia después del impeachment.
Entonces, digamos, es una empresa que está sospechada, donde hay dudas de cuál pueda ser el origen de sus fondos y es la que está presentando este proyecto de riego que se va a hacer en Paysandú.
Por otro lado, digamos, encontramos que esta empresa ya ha operado en Uruguay y que ha estado vinculada a un fideicomiso que se llama Tierras de Litoral, que no es otra cosa que un fondo de inversión que lo que hace es cotizar en bolsa y canalizar el capital financiero, o sea capital especulativo hacia sistemas productivos. Y en particular se ha dedicado a la compra de tierras en la zona del litoral del país, o al arrendamiento de tierras para el uso agropecuario, agrícola y ha canalizado, por ejemplo, recursos de las AFAP's.
O sea, entonces queda como en evidencia el entramado que nosotros denunciábamos a la hora de advertir sobre los peligros de esta ley. O sea, todo lo que pasó, todas las transformaciones que se generaron en el sistema productivo agrícola del Uruguay a partir del año 2000 con la llegada de los empresarios argentinos, de los fondos de inversión, donde no queda claro quién es que produce, quién es que se lleva la riqueza generada, eso mismo se está trasladando ahora al agua. Es como ustedes decían, se está generando esta mercantilización del agua que es un bien común de todas las personas que vivimos en Uruguay.

HS: Hay otro caso, como vos decías, ya hay un primer embalse de riego privatizado ¿no?

CS: Sí, el primer, también para que vean el tema de la fecha que es bien llamativo por esto de los apuros y de las premuras con que superan estos casos. El año pasado, el 5 de diciembre del año pasado, se promulgaron los decretos reglamentarios de la ley. O sea, como sabemos, una vez que se escribe la ley tiene que ser reglamentada, con normas bien específicas que son las que indican qué pasos se siguen para dar cumplimiento a la ley.
Los decretos reglamentarios se publicaron el 5 de diciembre del año pasado y el 12 de diciembre, una semana después, se aprobó el primer proyecto de riego que fue en el departamento de Durazno y fue a través de otra empresa que tiene detrás este mismo esquema, un fideicomiso financiero que se llama Trust y había varios empresarios argentinos vinculados. Y el empresario uruguayo vinculado a ese grupo económico es un señor que se llama Gustavo Licandro que lo sufrimos como parte del equipo económico del gobierno de Lacalle padre, de Lacalle Herrera entre el 90 y el 95, llegó a ser ministro de Economía del gobierno de Lacalle. Y fue quien, el año pasad, en alguno de estos foros políticos que hubo dijo que había que eliminar la negociación colectiva en Uruguay, por ejemplo, que eras uno de los impedimentos que había para el crecimiento económico del país.
Entonces, digamos, esos son el tipo de personas que están siendo beneficiadas con los nuevos emprendimientos de riego que se están aprobando

 

HS: En el caso de Trust, de esta firma, también se ha denunciado, vos mencionabas en Sudestada, que los socios argentinos de esta firma aparecieron en los accionistas, en los listados de los llamados Panama Paper, por ejemplo

CS: Exactamente.
O sea, por los dos lados, los nuevos emprendimientos que vemos vinculados al riego, tienen un origen que huele mal

HS: No solamente entonces que se está coartando la posibilidad de acceder al agua a los productores, a los que hacen los alimentos en definitiva, cultivan los alimentos, sino que la plata con la que se está haciendo negocio con el agua es de dudoso origen

CS: Exacto, exacto.
Y tampoco sabemos a dónde van a ir a parar las ganancias que se van a obtener con el uso del riego ¿no?
Pero es muy importante lo que vos planteabas, algo que nosotros estamos tratando de establecer es contactarnos con organizaciones de productores en Paysandú para saber si están al tanto de este emprendimiento y para ver cuál es la posición de ellos. Digamos, me parece que ese es un primer paso que es bien importante, porque, y acá viene un dato que nosotros estamos manejando con mucho cuidado porque no tenemos información técnica de este proyecto. Eso es parte de los problemas de las cosas que nos llaman la atención.
O sea, nosotros entendemos que para ese tipo de proyectos debiera haber un procedimiento de puesta en público, en conocimiento de cuál es el alcance del proyecto, tiene que haber un informe técnico que esté publicado en algún lado y no hemos accedido a esa información. Suponemos que todo esto se va a volcar en la audiencia pública de la semana que viene, pero en principio el proyecto que fue aprobado para Durazno inundaba una superficie de 130 hectáreas, era equivalente a lo que hoy llamaríamos un establecimiento de mediano porte.
Este otro proyecto, la única información que tenemos, el que va a realizarse en Paysandú, es la ubicación y los padrones que la empresa y la DINAGUA informan que se verán afectados. O sea, el número de padrón y, a partir de esos números nosotros podemos identificarlos y calcular la superficie de esos padrones.
Hicimos ese ejercicio y nos da que hay unas 1.700 hectáreas que en principio podrían estar afectadas por esta represa, no sabemos si va a ser la totalidad pero se podría llegar hasta 1.700 hectáreas de embalse, de espejo de agua.
O sea, para que ustedes se hagan una idea, la represa India Muerta en el departamento de Rocha, en la zona arrocera, la zona de Lascano, es una de las represas más grandes que tenemos en Uruguay con finalidad de riego agrícola excluyendo acá los embalses para la represa hidroeléctrica. La represa de India Muerta tiene 3.500 hectáreas, o sea que estamos hablando de tener una represa que podría llegar a ser de la mitad del tamaño de la represa de India Muerta, o sea que es un emprendimiento realmente importante. Y estaría ubicado en la cuenca del arroyo Chinflaco, es un arroyo que es afluente de otro arroyo importante de la zona sur de Paysandú que es el Rabón y, lo que nosotros inferimos de la comunicación pública que hay al respecto de la convocatoria a la audiencia pública, es que toda la cuenca del arroyo Chinflaco podría ser represada. Se podría canalizar todo el arroyo en una represa y tiene una extensión de 3 km. O sea, es un emprendimiento que realmente puede llegar a tener un alcance importante y eso nos preocupa por la afectación ambiental y por la afectación para los productores que están afincados allí en la zona ¿verdad?

 

HS: O sea, eso, por obvio que parezca, para los que estamos por fuera de esta actividad, implicaría que para poder usar agua de ese arroyo habría que pagarle a quien va a gestionar la represa...

CS: Exactamente, ese es el cambio más importante que introduce la Ley de Riego. Hasta ahora, digamos, las personas que tenían una explotación agropecuaria, podían utilizar mediante un permiso, el agua de los cursos de agua que atraviesan su establecimiento o que pasan cerca de su establecimiento. La Ley de Riego cambia las reglas de juego y lo que hace es que las personas que estén en esa zona y necesiten utilizar agua para el riego, tengan que comprarle a lo que se llama, de acuerdo a la ley, el operador privado de riego.
O sea, este fondo fiduciario, Winterbotham S.A., el que está en Bahamas y en Caimán, va a definir quién va a ser el operador privado de riego, pueden ser ellos mismos, puede ser otra empresa. Esa empresa es la que va a administrar la represa y va a decir a quién se le manda agua y a quién no.
Los productores agropecuarios, familiares o empresarios que quieran usar agua de ese arroyo para el riego de esa represa, van a tener que comprarle a este operador privado de riego. Y automáticamente van a poner en garantía su tierra.
Entonces, si hay una mala cosecha, si hay una peste, si baja el precio de la producción y no pueden hacer frente al compromiso de pago por el agua, van a tener que entregar su tierra a los dueños de la represa

 

HS: Exactamente.
Tenemos que cerrar, Carlos, pero entonces, muy importante la expectativa y ver en detalle qué pasa en esa audiencia de 10 de setiembre

CS: Exacto, a los compañeros y compañeras que andan en la zona de Paysandú, Fray Bentos, que estén involucrados a estos temas, que estén atentos, que puedan difundir la información. Y bueno, va a haber un núcleo. De compañeros y compañeras de la Comisión del Agua que van a estar presentes en la audiencia pública. Primero reclamando que se suspenda el procedimiento hasta que la Suprema Corte de Justicia diga si la ley es inconstitucional, y luego tratando de obtener más información sobre el impacto real de esta iniciativa

 

HS: Muy bien, vamos a estar atentos como uno de los temas graves, centrales que pasan un poco de costado, claro, en medio de la campaña electoral pero al que debemos atender si queremos seguir teniendo alimentos de la tierra, entre otras cosas, en un futuro no muy lejano.
Profesor Carlos Santos, gracias por estos minutos a cuenta de seguir con el tema

CS: Muchas gracias a ustedes por el espacio y quedamos en contacto.

 

 

Compartimos el comunicado de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida fechado el 2 de setiembre de 2019.

 

“La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) exige que se detengan los procedimientos de autorización de embalses amparados en la Ley de Riego (Ley 19.553) hasta que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se expida sobre la Inconstitucionalidad de la norma.
El 27 de agosto la SCJ dio traslado de la acción al Poder Ejecutivo (PE) para que este se exprese al respecto, luego de que a inicios del mes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) elevara la acción de inconstitucionalidad a consideración de la SCJ.
Al tiempo que el recurso de inconstitucionalidad presentado por los colectivos sociales que impulsaron el referéndum contra la Ley de Riego sigue en curso se anunció la realización de una Audiencia Pública en el marco del proceso de autorización de un nuevo embalse para riego, amparado en la nueva Ley.
Según el anuncio realizado por la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) el próximo 10 de setiembre a la hora 13:30 se realizará en Fray Bentos (departamento de Río Negro) una Audiencia Pública para dar cuenta de un proyecto de riego que afectará 5 padrones rurales de la 2 sección del Departamento de Paysandú. El proyecto pretende  represar las aguas del Arroyo Chinflaco, afluente del Arroyo Rabón, al sur del departamento de Paysandú en la cuenca del Río Uruguay.
La solicitante de autorización es Winterbotham Fiduciaria Sociedad Anónima, que se  presenta como la administradora de un fondo de inversión denominado fideicomiso Financiero Tierras del Litoral.
Tal como fue alertado por los colectivos que impulsamos el referéndum contra la Ley de
Riego, los emprendimientos amparados en el nuevo marco legal -que entendemos es inconstitucional- beneficia a los operadores del capital financiero que encuentran en el agua con destino a riego un nuevo objeto de lucro, desplazando a los productores agropecuarios y al interés social general, que debe estar puesto según el Artículo 47 de la Constitución en el abastecimiento de agua para poblaciones humanas.
¿Quiénes se benefician con la Ley de Riego?
Durante la campaña de promoción del referéndum de impugnación a la Ley de Riego sostuvimos que su única finalidad era beneficiar el desarrollo del agronegocio sobre un nuevo activo, el agua para riego agropecuario. En ese sentido las innovaciones que introdujeron estas modificaciones a la Ley de Riego buscaron constituir una nueva herramienta para el direccionamiento del capital financiero hacia actividades productivas en el país. Lo que a comienzos de los años 2000 implicó la financiarización de la producción soja, con la aparición de los pools de siembra y los fondos de inversión, la Ley de Riego lo facilita con la figura de los Operadores Privados de Riego, que no necesariamente debe estar
Involucrado previamente en la actividad agrícola.
El primer embalse de riego privatizado fue aprobado por el Poder Ejecutivo en  diciembre de 2018 (días después de promulgados los decretos reglamentarios de la Ley). En esa oportunidad el solicitante fue la firma TRUST Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, en nombre del Fideicomiso Financiero Campos Sustentables. La propuesta implicaba desarrollar un embalse en el Arroyo Rolón del departamento de Durazno, sobre la cuenca del Río Yi, afectando dos padrones rurales de aquel departamento.
El empresario uruguayo vinculado a TRUST es Gustavo Licandro, quien fuera ministro
de Economía de Uruguay durante el gobierno del nacionalista Luis A. Lacalle Herrera (1990-1995) y que también se desempeñó como asesor económico del gobierno de Paraguay. Según una investigación periodística de Victor Bacchetta (Sudestada, 11/2/2019) los socios argentinos de TRUST (Huergo, Bunge y Bonavía) figuraron entre los llamados Panamá Papers como accionistas de firmas en las Islas Vírgenes, vinculadas a la evasión fiscal y el lavado de activos a escala global.
Por otra parte, el segundo embalse para el que hay en trámite una solicitud de
construcción corresponde a la firma Winterbotham Trust -según anuncia en su página web- posee una oficina en Avenida de las Américas 8000 en el Parque Miramar, pero también opera en Bahamas -donde tiene su casa matriz- y en sucursales de Hong Kong e Islas Caimán.
En Uruguay Winterbotham Trust había sido asociada con una denuncia por lavado de dinero al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, preso en Brasil desde 2017 en el marco de la operación Lava Jato, por el lavado de dinero de coimas que ascendería a varios millo nes de dólares (Sudestada, 27/01/2019).
En ambos casos, estos fondos de inversión de procedencia fundadamente sospechosa, han estado vinculados con el proceso de acaparamiento de tierras en la zona agrícola del país. Esto confirma otro de los extremos denunciados en la campaña contra la Ley de Riego: a través de la privatización del agua se contribuirá al proceso de acaparamiento de tierras (recordamos que aquellos productores que no puedan hacer frente al pago de los compromisos asumidos con estos privados para acceder al riego deberán colocar sus propias tierras como garantía).
En el caso de Winterbotham Trust es el agente fiduciario del fideicomiso Tierras del Litoral, que ha colocado acciones en la Bolsa Electrónica de Valores para el desarrollo de emprendimientos agrícolas en departamentos del litoral del país desde comienzo de la década de 2000. El año pasado Tierras del Litoral logró canalizar fondos de tres AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional) que actualmente operan en el mercado local (El País, 2018). En el caso de TRUST, el vínculo fue establecido con el Fideicomiso Financiero Campos Sustentables, dedicado a la compra y arriendo de tierras con destino agrícola (El País, 2015).

El proceso de inconstitucionalidad
El pasado 7 de agosto del 2019, el TCA, decretó elevar a la Suprema Corte de Justicia el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Riego que fuera presentado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.
El 27 de agosto la SCJ dio traslado de la acción al Poder Ejecutivo (PE) para que este se exprese al respecto.
La Ley de Riego, aprobada en el parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo en 2017 fomenta actividades que ponen en peligro nuestro derecho de acceso al agua potable, excluye la participación de la Sociedad Civil y de los usuarios, como lo mandata la Constitución, creando un mercado lucrativo del agua en manos privadas.
Las organizaciones sociales impulsoras de la Reforma Constitucional del Agua de 2004 promovieron una campaña de recolección de firmas para interponer un recurso de
Referéndum contra esta norma, en el entendido de que era violatoria del artículo 47 de la Constitución que fue colocado en la carta magna por iniciativa popular. No fue posible reunir el número de adhesiones necesarias (más de 650.000) en los plazos establecidos jurídicamente.
Desde que se aprobó la Reforma Constitucional del Agua, el 31 de octubre de 2004, con el apoyo del 64,7% de la ciudadanía, se consagró el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano fundamental. Esta iniciativa ha sido inspiradora de procesos similares en otras partes del mundo y ha sido reconocido como uno de los principales antecedentes internacionales para asegurar el acceso al agua por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde entonces hemos venido asistiendo a una violación sistemática del mandato constitucional al punto de tener que pagar una ‘tasa ambiental’ (incluida en la tarifa de
OSE que paga toda la población) para que el ente pueda solventar los crecientes costos
De potabilización por el aumento exponencial en la contaminación de las fuentes ocasionado por el agronegocio (monocultivos de soja y maíz transgénicos, eucaliptus, arroz). Luego de la aprobación de la Ley de Riego en el país se registró un histórico episodio de contaminación por cianobacterias -que impidió el uso de la mayor parte de las playas del país la pasada temporada- algo que desde la academia se ha venido advirtiendo se agravará con la proliferación de embalses en los cursos de agua.
En tanto la SCJ aún no se ha expedido sobre la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Riego exigimos que se suspendan todos los procesos de autorización de proyectos de riego, incluida la Audiencia Pública prevista para el próximo 10 de setiembre en Fray Bentos.
El agua es nuestra, el territorio también.
La Ley de Riego es ilegítima e inconstitucional.
Exigimos la suspensión inmediata de las autorizaciones de represamiento riego en el marco de esta nueva Ley.

Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida”