“SIGUE HABIENDO UNA CANTIDAD DE FÁRMACOS Y DE TRATAMIENTOS SIN COBERTURA Y SON OBJETO DE MÚLTIPLES ACCIONES JUDICIALES”
Entrevista al Dr. Juan Ceretta, 10 de marzo de 2020.

La entrevista central de Radio Centenario el martes 10 de marzo fue al Dr. Juan Cereta, Doctor en Ciencias Sociales, Docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la carrera de Abogacía de la UDELAR; coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos; representante por el Orden Docente en el Consejo de la Facultad de Derecho y además, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División de la AUF. Con él hablamos de los diferentes casos que se han llevado a juicio para obtener medicamentos indispensables para pacientes que deben someterse a distintos tratamientos médicos; relató la situación de abuso y estafa que sufren los inmigrantes en nuestro país y también de los desafíos en el área de los Derechos Humanos que se avecinan a partir de las políticas represivas del nuevo gobierno. Transcribimos la entrevista completa que puede volver a escuchar aquí:
https://archive.org/details/entrevistaaldrjuanceretaencx3610mar20

 

Diego Martínez: El invitado de hoy es el Dr. Juan Ceretta a quien recibimos con muchísimo gusto, abogado, responsable de varias áreas dentro de la Facultad de Derecho, una la de asistencia a aquellos que no tienen cobertura

Hernán Salina: El invitado de hoy es el Dr. Juan Ceretta a quien recibimos con muchísimo gusto. Es doctor en Ciencias Sociales, docente del Consultorio Jurídico y de la Clínica de Litigio Estratégico en la carrera de Abogacía, Coordinador del Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos; representante por el Orden Docente en el Consejo de la Facultad de Derecho. Y además -como un gusto que se da aparte- es presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
¿En algún momento te tirás a dormir un poco?

Juan Ceretta: No… (risas)

 

HS: La idea es ir por el lado del Derecho, Juan. Nos interesaba arrancar con el tema medicamentos, ha habido algunas novedades de inclusión de nuevos medicamentos en el Fondo Nacional de Recursos (FNR).
¿Qué te gustaría destacar en ese sentido, actualizando este tema?

JC: Bueno, gracias por la invitación.
Respecto al tema medicamentos, de los últimos actos que ejerció el anterior ministro de Salud Pública, se dictó una disposición que incorporó algunos medicamentos que no estaban en el listado, en el formulario de los que cubre el FNR. Entre ellos se incluyó el fármaco Pembrolizumab que integra la inmunoterapia, que es un medicamento que nosotros venimos reclamando hace muchos años. Es más, en el 2019 fue el medicamento por el que más juicios se hicieron.
Es un medicamento que le permitió a un japonés y a un norteamericano obtener el Premio Nobel de Medicina en el 2018 y que realmente ha sido revolucionario en algunas áreas de la oncología como especialmente son hoy por hoy el tratamiento del melanoma y del cáncer de pulmón, sin perjuicio de que se descubren nuevas aplicaciones exitosas de este nuevo medicamento para otras enfermedades hematológicas, oncológicas, etc.
Pero esa inclusión es verdaderamente relevante, es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y es uno de los medicamentos que, si hablamos de uno solo, realmente el que movía más la aguja en la cobertura era el Pembrolizumab.
O sea que esa es una noticia muy buena para los pacientes que se haya incluido a cargo del FNR porque ahora ya los pacientes, sobre todo los que tienen melanoma diseminado o los que tienen cáncer de pulmón y tienen los factores de predicción de éxito de este medicamento, ya no dependerán de tener recursos económicos para tratarse sino que lo recibirán todos los uruguayos.

 

HS: ¿En un país con los altos niveles de casos de cáncer que tenemos, era bastante promedialmente reclamado esto?

JC: Sí, igual sigue habiendo una cantidad de fármacos y de tratamientos, no sólo medicamentos, que siguen estando sin cobertura y que son objeto de múltiples acciones judiciales.
Pero este, en el ámbito de la oncología, era tal vez el más reclamado.

 

DM: ¿Y qué significa que se haya incluido, que ahora todas las instituciones cuando tengan un paciente con alguna de estas patologías tiene que brindarle el medicamento o que el FNR lo tiene que brindar sin juicio? ¿Cómo es el mecanismo?

JC: Claro, esto funciona así, el medicamento ya estaba registrado desde febrero del 2018 en Uruguay. Cuando se registra significa que se puede vender en el Uruguay. Mejor dicho, no se puede ni siquiera comprar en el extranjero, hay que comprarlo en el Uruguay, y por lo tanto quien tiene dinero lo compra.
Nosotros militamos de alguna forma para que el tiempo entre el registro, es decir que el que tiene dinero lo pueda comprar, y la inclusión en el sistema de salud, sea lo más breve posible, porque una vez que el medicamento es incluido en el formulario ya alguno de los protagonistas del sistema de salud, sean los prestadores de salud, sea el FNR, quien sea, va a ser el encargado de entregarle a los pacientes.
En este caso, en general, en este tipo de fármacos, el responsable, a quien se le atribuye esa obligación de entregar el fármaco, es al FNR. Quiere decir que hasta hace un mes o un poco menos, un paciente que tenía una indicación de Pembrolizumab para melanoma o para cáncer de pulmón, para acceder a ese medicamento tenía que hacer un juicio, con todo lo que esto significa.
A partir de ahora ya están subidos los formularios a la web del FNR, si su oncólogo se lo indica, va a llenar los formularios, los va a mandar vía electrónica al FNR, el FNR va a estudiar el caso, si cumple con los requisitos que tiene el FNR que todavía no se han divulgado mucho, lo va a enviar a la farmacia del prestador de salud del que sea el paciente. Si es de ASSE del hospital Maciel, se lo va a mandar a la farmacia del Maciel, si es de La Española, a la farmacia de La Española.

 

HS: ¿A qué atribuís que se haya logrado aceptar incluir este medicamento, a esta lucha desde lo judicial precisamente, hubo otros factores que incidieron?

JC: Bueno, es difícil, quienes lo incluyeron sabrán las razones que influyeron en la decisión que se tomó.
No estaría bien pensar que esto responde solamente a la lucha que se viene haciendo desde el ámbito de lo que nos toca a nosotros del litigio estratégico, pero sí estamos convencidos que de alguna manera empujamos un poquito para que estas cosas se vayan incluyendo. Al punto tal que ya hay unos cuantos fármacos por los que hacíamos juicios y ya no los hacemos más porque se han incluido.
Obviamente que esto no es lo único, que influyen otros factores que nosotros desconocemos como negociación de precios, como presiones de la industria farmacéutica para que se incluyan, etc., etc., es muy complejo el tema.
Nosotros estamos convencidos de que en definitiva estos son derechos que se van conquistando, a través de los reclamos de los pacientes que se nuclean, a través de la labor que nosotros podemos aportar, nuestro granito de arena que podemos hacer a través del reclamo judicial, etc.

 

DM: ¿Es fármaco a fármaco la lucha? ¿Es tratar de ir conquistando que uno más se incluya o puede haber en algún momento un cambio de visión y que se diga, bueno, cuando un médico determina que tal medicamento es el apropiado, la Salud Pública o el FNR debe brindar el fármaco?

JC: Yo creo que la lucha no debería ser fármaco a fármaco, en los hechos es un poco así.
Ahora hay dos planos en los que estamos intentando trabajar, uno tiene que ver con las enfermedades raras o de baja prevalencia porque el sistema tal como está diseñado, quien solicita y quien empuja para que se incluya un fármaco en el formulario es la industria. Entonces, esto hace que el interés más fuerte en incluir, es más, el propio Ministerio se defiende diciendo "si no lo incluí es porque no me lo pidieron". Pero el único que lo pide es la industria, el único que está en condiciones de pedirlo es la industria.
Entonces, en un sistema así donde el Ministerio, el Estado no se va a mover si la industria no le pide, la industria no se va a mover si no tiene un rédito económico detrás de eso que va a hacer. Y eso posterga a los pacientes con enfermedades raras o de baja prevalencia porque al no haber un nicho de mercado apetecible para la industria éstas no piden la inclusión en el formulario porque no les conviene, no les interesa y el Ministerio con esa actitud pasiva de estar siempre a la espera de lo que a la industria le interese, significa la postergación de los pacientes que tienen enfermedades de baja prevalencia.
O sea, en ese sentido nosotros estamos tratando de apoyar lo más que podemos a todos los pacientes nucleados en distintas asociaciones que trabajan por la lucha del acceso a medicamentos para enfermedades raras porque de verdad que estos la tienen mucho más difícil que los pacientes del Pembrolizumab ¿no?

 

DM: ¿Y siempre el médico tiene la razón de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, o ha pasado que ustedes toman los casos y se dan cuenta que por ahí puede haber en algún caso puntual algún interés que supere la cuestión médica y que haya un interés de alguien de vender un medicamento?

JC: Mirá, a esta altura nosotros llevamos unos 700 juicios por medicamentos, y creo que donde encontramos una indicación errada fueron 2 casos por ahora. Y tampoco es atribuible a un interés espurio en el error, simplemente un error del médico que es un ser humano como cualquiera de nosotros.
En los demás casos, no solamente que no encontramos errores en las indicaciones. En el 90% de los juicios no se controvierte la indicación, o sea el Ministerio no se defiende diciendo que no es lo que precisa. Dice, es lo que precisa pero no se lo podemos dar

 

DM: Pone una razón económica de por medio...

JC: Siempre detrás, a veces más disimulada, a veces de manera más explícita, es una razón económica.
Ayer por ejemplo tuvimos un amparo de un medicamento que le venimos haciendo juicio desde el 2012 para el cáncer de colon. Para ese medicamento ya hubo, no solamente que está aprobado hace más de 10 años en todos lados, lo recomienda la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina hace más de 10 años, el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer lo recomienda, o sea, es un medicamento que no tiene ninguna discusión. Pero además el propio Ministerio de Salud Pública lo ha evaluado, en el 2014 lo evaluó y concluyó que desde el punto de vista científico era un medicamento eficaz y seguro.
Entonces, si bien demoró mucho en hacer esa evaluación, le llevó más de 5 años, una vez que lo evalúa así, no hay muchas razones para esgrimir que el medicamento no sirve.

 

HS: Sigue siendo el precio la razón que maneja.

JC: Es más, en el 2015 la ministra Muniz sacó una resolución diciendo que no se incluía por el precio.
¿Entonces, en esa qué vamos a discutir? Lo que nosotros planteamos ante la Justicia es que las barreras que impiden el acceso a los que menos tienen son razones que sólo puede superar el Estado. Es decir, el único que puede intervenir para que los precios no sean abusivos es el Estado, no pueden ser los pacientes.
Y el propio Estado después utiliza eso como defensa en los juicios para que no lo condenen. Y evidentemente lo condenan.

 

HS: En el caso de este medicamento que ahora autorizó, ¿es costoso, va un poco contra la lógica?

JC: Sí, mirá, ahí hay otro problema que también a veces la primera etapa de inclusión, el registro que yo les mencionaba a veces conspira hasta contra las personas que tienen recursos.
Fijate cómo es esto. Este medicamento, cuando apareció y empezó a ser tan revolucionario en el éxito que tiene, estamos hablando de que por primera vez se empezó a hablar de la cura del melanoma. El melanoma es un cáncer de piel de los más graves que hasta hace unos años con un diagnóstico de esos tu expectativa de vida era muy breve; hoy se está hablando de curación. O sea, para tener una idea de lo que significa esto en el ámbito de la oncología.
Te decía, hace unos años, los pacientes con recursos que tenían este diagnóstico lo traían desde el extranjero porque no se vendía en el Uruguay. Para eso hay que hacer un trámite ante el MSP que se llama ‘ingreso de medicamentos por uso compasivo’ donde uno tiene que comprarlo primero en donde sea, en este caso era en Chile, Argentina o Estados Unidos y traerlo. Ahí tenía un precio.
Ni bien el medicamento se registró en Uruguay ya no podés traerlo de afuera, una vez que está registrado y se vende en el Uruguay ya no podés ingresarlo, porque justamente la razón para ingresarlo es que no se vende en el Uruguay. Siempre hablando de gente que tiene dinero ¿no?
Cuando se ingresó en el Uruguay el precio aumentó, o sea que aquellos pacientes que lo estaban comprando en el extranjero tuvieron que empezar a pagar más para comprarlo en el Uruguay.
Y estamos hablando que, pongo este ejemplo pero podría ser cualquier otro, estamos hablando de medicamentos como este que están todos en el entorno, si bien no se puede decir un precio estándar porque normalmente las dosis dependen del peso de los pacientes, estamos hablando de medicamentos que cuestan entre 7 y 8 mil dólares por mes.

 

DM: Que además son personas que tienen otros padecimientos, que algunas no pueden trabajar o lo que fuera y...

JC: Claro, pero es que en general la persona que tiene una enfermedad de este tipo en esa etapa, está con un subsidio por enfermedad. Si es un trabajador está con un subsidio por enfermedad seguro. O sea que imaginate, es imposible.

 

HS: ¿Qué perspectiva, ahora hay nuevo gobierno, nuevas autoridades, para redondear este capítulo en este tema medicamentos, se plantean ustedes?

JC: Bueno, la verdad que no sabemos. En estos días...

 

HS: ¿Se plantean hablar con las autoridades, por ejemplo, las nuevas autoridades?

JC: No, nosotros estamos siempre dispuestos a contribuir en lo que sea con, no importa quién esté en el gobierno, como siempre hemos estado.
En estos días no se ha visto ningún cambio, en realidad las actitudes son exactamente las mismas, pero bueno, no sé, ahora hay que simplemente estar atentos y ver qué líneas se plantean, qué líneas tiene en esta temática el nuevo gobierno que la verdad yo las desconozco.

 

DM: No están todas las autoridades nombradas incluso en algunas dependencias, en ASSE por ejemplo no han cambiado

JC: No.

 

HS: Abrimos otro capítulo con el Dr. Juan Ceretta que también lo tiene actuando desde el Derecho, pero también con una gran repercusión en lo social en el accionar del Consultorio Jurídico, que es la situación de inmigrantes, los desalojos en pensiones.
Hace algunos días en su cuenta en Twitter Ceretta hablaba, ¿fue en la calle Soriano que se dio uno de estos últimos casos, Juan?

JC: Sí.
Bueno, se trata de una mecánica que se viene repitiendo y que además no es original del Uruguay.
Nosotros intentamos buscar algunos antecedentes y esta práctica ya vimos que hace unos años se viene dando en España con los migrantes africanos en el sentido de que viviendas que están fuera del mercado inmobiliario porque su situación edilicia y sus condiciones no permiten que entren al mercado regular de arrendamientos, se utilizan para arrendar de manera irregular habitaciones a personas recién llegadas al país, cobrarles por adelantado y luego utilizar el mecanismo de la denuncia por usurpación para que la Fiscalía y la policía los desaloje.
Esta estafa que se viene realizando la empezamos a ver en repetidas veces en fincas más bien ruinosas como fue este caso también, donde son sorprendidos los que recién llegan al Uruguay con este tipo de estratagemas, y bueno, quedan en una situación desesperante porque por las razones por las que hoy los migrantes pobres llegan al Uruguay, se les hace muy difícil ingresar al mercado regular de alquileres.

 

HS: ¿Y cuál es la lógica de quiénes le alquilan, por qué, es cuando se atrasan en el pago?

JC: No, el asunto es así, nosotros lo que hemos visto es que en algunos casos los propietarios o los tenedores de estas fincas hacen aparecer a una tercera persona muchas veces de la misma nacionalidad que los migrantes que llegan al Uruguay y les ofrecen alquilar habitaciones a precios que rondan entre los 7 y los 15 mil pesos. Como los que recién llegan no pueden acceder al mercado inmobiliario porque no tienen garantía, no tienen manera de alquilar lo que está más accesible para los uruguayos, ante la disyuntiva de dormir en la calle, empiezan a pagar estas sumas.
Una vez que pagan, les piden 2 o 3 meses por adelantado, una vez que pagan esto se encuentran con que llega un cedulón, una notificación de la policía diciendo que hay una denuncia por usurpación, que alguien ingresó a esa casa de manera irregular y que por lo tanto tienen 24 o 48 horas para abandonarla.

 

HS: Lo que se ganan es esa plata que depositan, ese depósito.

JC: Claro, vos fijate que ahí se da que sacan a 5 o 6 familias a las que les cobraron esta suma de dinero, se quedan con esos meses que cobraron por adelantado y vuelven a hacer ingresar otra gente ni bien la policía los saca. Entonces, es sumamente redituable el mecanismo.

 

HS: ¿Y ellos legalmente pueden hacer eso, no reciben ningún tipo de represalia?

JC: Bueno, nosotros hemos hecho algunas denuncias, en algunos casos hemos logrado denunciar por estafa, muchas veces se hace difícil la prueba de esto porque los migrantes que llegan no están acostumbrados a pedir recibo y entonces muchas veces pagan sin recibo. Porque muchas veces conocen a las personas que les hicieron este engaño a través de sobrenombres, no saben ni siquiera los nombres concretos. No saben dónde se domicilian, estas personas normalmente cuando hacen esta estratagema desparecen. Entonces, es todo muy difícil, porque vos tenés ese relato que es coherente, que es contundente pero cuando te piden la prueba de que pagó, los datos de quién fue que lo estafó, empezás a hacer agua porque no tenés. Y entonces en general lo que vemos es que esas denuncias por estafa empiezan a fracasar.

 

HS: ¿Y no podrían, por ejemplo, quedarse, resistirse a irse y ver si aparece, quién es el que aparece como responsable?

JC: Justamente, buena pregunta porque nosotros lo que hemos discutido en algunos casos con Fiscalía es que Fiscalía ante una denuncia por usurpación tiene todo el derecho y hasta el deber de iniciar un expediente y eventualmente someter a estas personas a un proceso penal para ver si realmente cometieron el delito de usurpación. Más allá de la discusión que trae consigo el delito de usurpación, pero no importa.
Pero eso no trae consigo "sine qua non" que tengan que abandonar la finca. ¿Pero qué sucede? Como nos han dicho algunos cuando vienen a la consulta, vos sos un migrante recién llegado a otro país que no conocés ni las leyes ni las reglas ni nada y viene un policía con un uniforme que dice "Uruguay" con la bandera, viene un fiscal que te muestra un carné que dice que es de Fiscalía y te dice que tenés 48 horas para irte, y por otro lado te encontrás con un profesor de la Facultad que te dice usted no tiene por qué irse, usted puede ser sometido a un proceso penal pero nosotros lo vamos a defender. Y además vos sabés que tenés en trámite tu residencia y que si no tenés certificado de buena conducta no te la van a dar. ¿Vos qué harías? ¿Le creerías al profesor de la Facultad o le creerías al policía uniformado y al fiscal?
Yo realmente, en otro país, le creería al policía y al fiscal y me iría. Y eso es lo que sucede, por eso nosotros no logramos esgrimir defensas fuertes porque siempre el poder que ejerce la policía y la Fiscalía, es mucho más fuerte que los argumentos que nosotros podemos dar.

 

HS: Pero yo te preguntaba, quizás un detalle mínimo pero por esto de que si se inicia un proceso penal tiene que aparecer del otro lado el denunciante, por esto de que cuesta...

JC: Bueno, no, pero el denunciante, porque acá hay una interpuesta persona, el denunciante es el propietario. O sea, el que denuncia la usurpación no es el que les alquiló a ellos.

 

HS: Bien, eso es importante aclararlo.

JC: Hay uno en el medio que es el que desaparece, esa es la mecánica.
Que no solamente, como te decía, se hace en Uruguay, se ha hecho en Europa con los migrantes, se hace en todos lados.

 

DM: Y a nivel legal, ¿hay fuerza legal, hay leyes suficientes como para amparar a personas migrantes, que incluso en algunos casos han tenido niños, ha habido lugares donde son muchos niños que quedan en la calle luego? ¿Hay fuerza legal como para ganarle al estado o ganarle a quien hace este tipo de solicitud de desalojo y que tengan que permanecer ahí hasta que se les brinde una alternativa de vivienda?

JC: Bueno, acá nosotros hemos planteado dos cosas, una es que el estado tiene la obligación de informar mejor a las personas que recién llegan, por ejemplo, alcanzaría con hacerles saber que toda vez que se realiza un pago hay que tener un recibo, que sean cuidadosos de los arrendamientos que no se documentan en papel.
Es decir, son pequeños consejos que les podríamos dar hasta con un volante a quienes ingresan al país para que estén mejor preparados. Donde les podamos decir cualquier duda que usted tenga sobre lo que va a alquilar, puede consultar acá. Antes de alquilar y no después de que tiene todo este problema.
Esos son pequeños pasos que yo creo que el Estado está obligado a informar a quienes llegan al país sobre las condiciones, sobre las reglas, etc.

DM: A veces no vienen por el circuito legal, digamos, eso puede generar una distorsión también...

JC: Bueno, pero en algún momento ellos tramitan la residencia porque la cédula en Uruguay es necesaria para hacer cualquier cosa. O sea que en algún momento se tienen que arrimar a la legalidad porque sino no es posible ni siquiera vivir.
Y en segundo lugar, nosotros venimos trabajando con CIEDUR (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay) y reclamando desde hace tiempo un protocolo que tenga Fiscalía y que tengan todos los que actúan en esto, la policía también, en el sentido que, más allá de que se tutele el derecho a la propiedad y se haga lugar a una denuncia por usurpación y eventualmente incluso se desalojen personas a propósito de esto, un protocolo que permita tener una solución para quienes van a quedar en la calle.
Es decir, muy bien, ustedes se van a tener que ir hoy, pero ahora van a ir a tal lugar por lo menos de la manera provisoria hasta que consigan otra cosa, hasta que logren alquilar.
Porque cabe resaltar que en estos casos la mayoría de los migrantes son gente que está trabajando, no es gente sin ingresos o que está en situación de calle. Ellos quedan en situación de calle a propósito de que no tienen vivienda, pero en realidad en todos estos casos la mayoría ya están insertos en el mercado laboral, aunque muchas veces de manera irregular, la mayoría. La mayoría son deliveries o guardias de seguridad en algunos casos, o las mujeres realizan tareas domésticas. Es decir, son gente que trabaja, por lo tanto tiene ingresos para pagar, lo que no tiene es garantía.
Por eso, desde el punto de vista de la solución habitacional, del derecho a la vivienda, yo creo que esto se arreglaría con una garantía. O incluso, si quisiéramos ir más allá y dar un paso más audaz, aunque en el mundo hay ejemplos múltiples, no sería audaz si lo miramos mundialmente, el Estado podría hasta gestionar esta solución de pensiones.
Porque a veces lo que vemos con los estudiantes es que hasta hay una diferencia cultural, nuestro sistema de vivienda, con todas las dificultades que tiene, siempre está plantado sobre el paradigma de la casa propia, está plantado sobre el paradigma de mi familia y yo en un apartamento, mi familia y yo en una casita con parrillero al fondo.
Y no todas las culturas tienen ese paradigma, muchas de estas personas que nosotros hemos recibido, cubanos, dominicanos, centroamericanos muchos, incluso africanos, tienen otra cultura de la vivienda. Donde por ejemplo, no necesariamente ellos quieren una vivienda para cada familia, las viviendas colectivas para ellos son una solución mejor, preferida antes que la vivienda individual. Porque ellos disfrutan de compartir espacios comunes con sus coterráneos, con sus compatriotas.
Y esto permitiría, si uno quisiera, encontrar hasta soluciones desde el punto de vista económico más baratas para el Estado. Lo que nosotros nos planteamos es, si hay gente que se aprovecha de esta situación y crea estas pensiones irregulares para estafarlos, por qué no podría el Estado, con todas las viviendas abandonadas que hay en esta misma zona que ellos reclaman que es Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Barrio Sur y Palermo, por qué no utilizar esas mismas viviendas para generar, no digo darle un apartamentito a cada uno que no es lo que quieren, generar viviendas colectivas como en su momento fueron, en una realidad que puede tener algunos puntos de contacto, los conventillos. Bueno, eso mismo pero dignos, no como están ahora, estafados y sin agua potable, sin luz, así vive esta gente

 

HS: ¿Y qué pasa con ellos en general? Por ejemplo, este último caso de la calle Soriano, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron?

JC: Y en general todos se van solucionando en la medida de lo que es la solidaridad de la gente, las asociaciones que nuclean migrantes, colectivos feministas, sindicatos de trabajadores, etc., que siempre aparecen a dar una mano a último momento. O solidaridad del vecino, de gente que los conoce, compañeros de trabajo que van buscando cómo apoyar en estos momentos.
Y es gente que a la larga sale adelante, porque se van insertando en el mercado de trabajo, y bueno, ahí van consiguiendo otras soluciones habitacionales

 

DM: Con esto de los niños que te preguntaba, ¿hay algún tipo de resguardo que pueda apelarse y decir, bueno, está bien, usted tiene derecho a esto pero no tiene derecho a dejar en la calle a menores de edad?

JC: Bueno, vos fijate que ese es un reclamo en el que nosotros hemos insistido mucho. Cuando se utiliza este mecanismo de desalojar a la gente con la policía y con la Fiscalía, no interviene ningún juez, no hay un juicio.
Entonces, como no hay un juicio, vos no tenés manera de esgrimir argumentos frente a un tercero imparcial que es el juez de forma que esos argumentos los pueda atender. Si esto se tramitara por donde debería ser que es un juicio de desalojo, ante un juez de paz que es el juez competente en el Uruguay en zona urbana para los desalojos, vos podrías esgrimir un montón de defensas.
Entre ellas esgrimir que hay niños, ancianos, que hay enfermos, que hace frío. Es decir, dos cuestiones que han sido recogidas o por la ley o por la jurisprudencia para contemplar y evitar que la gente se quedara en la calle de un día para otro.
Eso está regulado en el Uruguay pero para eso tiene que haber un juicio

 

HS: Bueno, queremos abrir otro capítulo con el Dr. Juan Ceretta en tema seguridad, arrancar por las cárceles, pero después has estado muy activo y muy consultado sobre todos los procedimientos policiales. ¿Son nuevos, son inéditos estos o representan una continuidad también? ¿Cuánto hay de legal o ilegal?
Pero bueno, la idea era empezar por la situación de cárceles. ¿Ustedes están trabajando en ese capítulo también, en esa temática?

JC: Si, nosotros tenemos un convenio con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y de alguna manera somos quienes lo patrocinamos judicialmente cuando se decide hacer alguna acción judicial tendiente al respeto de los derechos humanos de los privados de libertad.
Hemos hecho muchas ya, capaz que las más conocidas fueron las relativas al cierre el año pasado de una parte del Módulo 8 del Comcar, la clausura de los calabozos del penal de Libertad, los problemas en el Módulo 1 de la cárcel de Canelones, etc.
Y bueno, ahora retomamos las clases ayer con el equipo que trabaja en ese tema y seguramente en estos días estaremos ya reuniéndonos con el comisionado y planteando alguna acción judicial seguramente

 

HS: ¿Eso del Módulo 8 qué pasó, por ejemplo, con él ahora?

JC: El Módulo 8, la sección del Módulo 8 que fue denunciada en el habeas corpus fue ordenado su cierre de manera parcial y progresiva pero se ha ido cumpliendo con esa sentencia de manera tal que en las condiciones en las que nosotros denunciamos prácticamente hoy ya no hay ningún preso

 

DM: Se construyó una cárcel nueva supuestamente como un desahogo para la situación que se vivía en el sistema carcelario. ¿Eso solucionó, generó una nueva situación o la acumulación que sigue habiendo de personas privadas de libertad ha hecho, no sólo que no sea suficiente sino que la propia cárcel privada también tenga sus propios problemas?

JC: La cárcel privada tiene sus propios problemas distintos a las cárceles públicas que es todo un tema.
De todas maneras Uruguay está por llegar, si no llegó ya, a los 12 mil presos; lo que nos pone en los primeros lugares del rancking mundial de cantidad de presos cada 100 mil habitantes.
Evidentemente seguimos con el fetichismo de pensar que la cárcel soluciona problemas sociales. Yo dirías, y esto lo traslado a lo que pasa con la gente en situación de calle que, corriendo el problema de lugar o metiéndolo en una caja, se solucione. Y evidentemente no se soluciona, lo que ha fracasado en los últimos 30 años en el Uruguay han sido todas estas políticas que aumentan la cárcel como solución a los problemas de la criminalidad y del delito.
Evidentemente, a mi juicio, hay que apuntar para otro lado, hay que apuntar para combatir de manera más eficiente las causas del delito y no pensar que todo se soluciona con cárcel como hemos estado habituados a pensar.
respecto a la cárcel privada, es objeto de muchísimas críticas, desde el diseño, porque ahí empieza toda una lógica de mercado donde hay gente a la que le conviene que haya más presos, hasta cuestiones de organización, si ese tipo de cárceles que son copiadas de otros modelos, que en general han fracasado en el mundo, son adaptables al Uruguay.
Yo he visitado varias veces, es más, tenemos con el comisionado un taller sobre derechos humanos que hacemos en la cárcel nueva, y si bien está todo limpio, está todo nuevo, hay que pensar si hay un gramo de rehabilitación adentro de eso todo limpio y lindo. Porque acá no alcanza con que las cosas estén limpias y lindas, si eso no tiene un proyecto de rehabilitación en el medio, no estamos logrando nada

 

HS: De hecho creo que ya hubo algún episodio violento en la cárcel nueva, no sé si fue una de las muertes o ya hubo, fue noticia por episodios de violencia también

JC: Y fijate que una cárcel donde se hace difícil tomar mate o comer tortas fritas, ya es una cárcel que es difícil que le encaje a los uruguayos ¿no?

 

DM: Ahora, planteabas con mucho tino que la cárcel no es solución de ninguno de los problemas, en todo caso será el ocultamiento de ellos, pero cuáles serían las alternativas para presentarle a la población que está bombardeada por todo un montón de discursos políticos y de agentes de opinión como son los medios de comunicación que dice, hay que ser más severos, hay que ser más duros, se acabó el recreo y que eso es la lógica que impera. Que cuanto más duro sea el Estado con quienes cometen delitos, y cuando hablo de dureza hablo de dureza penal, de ponerle una situación peor, es mejor. Es como que de esa manera se protege a los que son víctimas del delito

JC: Eso es lo que hemos hecho en los últimos 30 años, y así nos ha ido. En realidad hay creo que una lectura equivocada de cuál ha sido la política criminal en el Uruguay. La política criminal en el Uruguay del 85 para acá, con alguna excepción en el 2005, con alguna excepción como la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, pero pinceladas, ha sido mayor cárcel, mayor dureza. Eso es lo que ha pasado, se han aumentado todas las penas.
El otro día decía que curiosamente, si uno se fija en los últimos años qué pena o qué delito se eliminó, el único que encuentra es insolvencia societaria fraudulenta. Es el único delito que se eliminó, los demás todos aumentaron las penas.
Entonces, creo que eso es ilustrativo sobre quiénes son los que están en la cárcel y por qué. Si nosotros no atacamos las razones que llevan a una persona a la cárcel, y con esto alcanza, a mí me alcanzó por lo menos, con ir, escuchar y analizar mínimamente las historias de vida de los que están hoy privados de libertad.
Cuando vos empezás a escuchar los relatos, empezás a analizar esos relatos y te encontrás con muchachos de 20 años que son analfabetos, que no terminaron la escuela, que no saben leer ni escribir, que fueron abandonados de niños...

 

HS: Muchas veces tercera generación de gente que estuvo presa, el abuelo, el padre...

JC: Por supuesto, entonces, que fueron a ver a su padre a la cárcel, que ahora sus hijos vienen a verlo a la cárcel, que son objetos de discriminación ellos y sus familias en la cárcel, que son objetos de exclusión social en todos los lugares donde se mueven, es muy difícil. Si vos no rompés ese círculo, si pensás que poniéndolo 3 años más en cana vas a cambiar a esa persona, estás profundamente equivocado, profundamente equivocado.
Tal vez si aumentás la pena de la insolvencia societaria fraudulenta algún banquero cambie su actitud, tal vez, ni creo. Pero en estos casos donde tenemos 1.500 presos que se van acumulando todos los años por rapiñas, por todos delitos contra la propiedad.
O sea, los delitos que tenemos que llenan las cárceles son, además del microtráfico de drogas que es el otro gran problema, son los delitos contra la propiedad. Entonces hay que ver las razones de por qué la gente comete delitos contra la propiedad.
No está lleno de homicidas en las cárceles nuestras, están llenas de rapiñeros y procesados por hurto

 

HS: ¿Juan, qué visión tenés como una herramienta puntual que también da la polémica a veces cuando los jueces dan esa medida, de la herramienta de la prisión domiciliaria? ¿Está bien aplicada, habría que modificar algo?

JC: Bueno, yo creo que en general hubo algunas modificaciones que fueron buenas, entre ellas en el Nuevo Código de Proceso Penal las medidas alternativas a la pena de privación de libertad.
Yo soy promotor y propulsor de que se apliquen medidas alternativas, porque no todo pasa por la cárcel. O sea, la cárcel, nadie sale mejor de la cárcel, ni de la mejor cárcel del mundo. En las nuestras muchísimo menos.
Entonces, en los casos en que es posible, la cárcel tiene que ser siempre una medida de último ratio, tiene que ser la última alternativa, no hay otra cosa, la cárcel. Todo lo que sean medidas alternativas, tienen que ser promovidas.
Ahora, para promoverlas hay que hacerlo en serio y con los recursos. Porque si vos vas a poner prisión domiciliaria, tobillera o cualquier otra medida alternativa, pero después no vas a tener infraestructura para controlar el cumplimiento de esas medidas alternativas, bueno, es lo mismo que la nada. En realidad es peor porque vos lo que ahí estás quemando es una herramienta buena, la estás quemando porque no funciona, porque es una risa.
Entonces, a mí me parece que es una muy buena herramienta, las medidas alternativas, para muchísimos delitos, pero hay que hacerlo bien. O sea, la persona que tiene una prisión domiciliaria o que tiene una medida alternativa y que tiene que realizar, por ejemplo, tareas comunitarias, tienen que ser tareas comunitarias que se puedan controlar. Tiene que tener un oficial de cumplimiento de esa sanción, no puede ser una cosa que no sabemos si se hace o que nadie controla.
Y muchas veces no es que no se controle porque no haya interés, sino porque no hay gente, no hay infraestructura, no se previó el presupuesto

 

DM: Ahora, si un joven -como decías vos- con esa situación, comete un delito, va al juez y el juez le dice, bueno, no vas a ir a la cárcel, vas a tener medidas alternativas y no aparece desde el Estado un cambio para la situación de la vida de ese joven, ¿no es real que no va a salir tampoco de ese círculo?

JC: Sí, totalmente.
Por eso te decía, yo creo que la solución, yo no estoy descubriendo nada novedoso, si vos agarrás las Reglas Mandela de Naciones Unidas te van a decir que lo primero que hay que hacer cuando se somete a una persona a un proceso penal, es hacer un análisis de su persona.
Y la propuesta rehabilitadora tiene que ser para esa persona. O sea, vos tenés que analizar qué llevó a esta persona a cometer este delito, qué lo llevó a desviarse, qué lo llevó a tomar este camino errado.
Cuando analizás en el caso de Juan Pérez, qué lo llevó a Juan Pérez a tomar ese camino, vas a encontrar soluciones para Juan Pérez. Capaz que lo primero que tenés que trabajar en el caso de Juan Pérez es una terapia para las adicciones. Capaz que lo que tenés que trabajar es su deserción del sistema educativo. Capaz que lo que tenés que trabajar es por qué no se pudo ver inmerso en el mercado laboral.
¿Qué cosas le pusieron barreras en su vida? Problemas familiares, problemas estructurales, hay mil razones, pero hay que analizarlo y el diseño de una solución rehabilitadora tiene que ser para cada persona

 

HS: Unos minutos con el tema seguridad, saliendo de las cárceles pero vinculado por supuesto, ¿qué te preocupa de este proyecto de la Ley de Urgencia en referencia a estos temas, a los derechos humanos podríamos decir? ¿Has tenido posibilidad de hablarlo con quienes lo están impulsando, han sido escuchados? ¿Y en qué medida hay novedades acá o representan continuidades también de esta nueva iniciativa? Y algunas cosas que ya se están poniendo en práctica por parte del nuevo gobierno, esto de retirar malabaristas de la calle, si es que son nuevas también, por fuera de la discusión de la ley esta, del proyecto este

JC: Bueno, el proyecto le da a la policía nuevas herramientas o mayores herramientas de represión, pero hay muchas de las que se están usando hoy que ya estaban y en muchos casos también se han utilizado.
Ahora tal vez haya un incremento de algunas medidas represivas o simplemente mayor difusión de las medidas represivas que se utilizan. Algunos casos pueden ser demasiado ilustrativos como el caso de los malabaristas, pero en general digamos que el Ministerio del Interior está aplicando las mismas normas que el Ministerio del Interior anterior puede aplicar porque no ha habido ningún cambio normativo.
Es probable que si se aprueba el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, ahí sí tengan aún más herramientas del sistema represivo del Estado para este tipo de acciones

 

HS: ¿Qué cosas destacarías de eso que se pueda aprobar que agraven ese panorama, qué te preocupa de lo que se pueda aprobar?

JC: A mí lo que más me preocupa, me preocupan varias cosas pero tal vez una sea, en lo que tiene que ver con un retroceso en la potestad de la policía vinculada al deber de identificarse.
El deber de identificarse, si hacemos un análisis histórico de las normas uruguayas sobre el deber de identificarse podríamos arrancar con el año 74 con la detención de personas por ser presumiblemente subversivos. Esa digamos que es la primera medida

 

HS: Claro, en dictadura era eso

JC: Sí.
Después tenemos, también en dictadura pero más adelante, ya en la década del 80, un decreto que establecía la detención en averiguaciones, ya ahí no se decía que había que tener apariencia subversiva pero se podía detener en averiguaciones.
En el 2005 cuando asume el nuevo gobierno ese decreto se mantiene, al principio, en la restauración democrática y en el 2005 se deroga, por lo tanto se elimina la detención en averiguaciones.
Luego la ley de procedimiento policial reinstaura la obligación de identificarse frente a la policía pero empiezan a aparecer algunas atenuantes como la existencia de una investigación, etc., etc.
Y luego en Nuevo Código de Proceso Penal establece que la posibilidad de detener en averiguaciones o detener para identificar a una persona, tiene que ver de alguna forma con la existencia de una investigación por parte de Fiscalía

 

HS: ¿O sea, no es legal que un policía te pare y te pida la cédula?

JC: No, hay que distinguir esto, hoy es legal que te pare y te pida la cédula. Y también es legal que te conduzca, que te lleve, que son todas privaciones de libertad, no importa el término que le pongamos, que te lleve a la comisaría.
Yo considero que si bien hoy es legal pedir la identificación, ante la ausencia de identificación o ante la insuficiencia de explicaciones sobre la identidad a criterio del policía, es inconstitucional la privación de libertad. Es decir, a mi juicio, porque nosotros tenemos un artículo específico en la Constitución, el Artículo 15 que establece que sólo se puede privar de libertad a alguien en situación de flagrancia de un delito, o sea en el momento en que comete un delito, en ese caso sí la policía puede privar de libertad, conducir a alguien hacia la comisaría. Si lo ve cometiendo un delito, esa es la primera hipótesis del Artículo 15.
Y la segunda es con orden escrita de un juez penal, o sea que necesitan la orden de un juez para privar de libertad a alguien, sino esa privación de libertad es ilegítima y habilita un recurso de habeas corpus que está en la Constitución desde el año 34

 

HS: Nos quedan pocos minutos con Juan Ceretta, redondear otros puntos que te preocupen, hablábamos de esto del pedido de identificación muy importante, que te preocupen para luego terminar con algo de fútbol de este proyecto de ley

JC: Bueno, en general vinculado a este tema me preocupan todas las medidas que agravan las penas, que suman más cárcel, que eliminan beneficios a los que se quieren rehabilitar, se elimina el 2 x 1 por estudio o trabajo. Todas esas cuestiones me preocupan porque todas van en la misma línea, pensar que los metemos en la cárcel y se solucionó el problema. En realidad o comienza o continúa el problema que ya teníamos

 

HS: Estuvo esa discusión por detención por apariencia delictiva que al final no era por la apariencia de la persona sino de hechos. Más facilidades para el uso de fuerza o de las armas de fuego por parte de la policía. ¿Hay cosas preocupantes en ese sentido?

JC: Sí, lo de la apariencia delictiva es cierto que la norma dice "hechos con apariencia delictiva" como lo dice el Código de Proceso Penal este, el anterior, el anterior y el anterior. O sea, eso no es ninguna novedad.
Lo que sí está mucho más disimuladamente respecto a la apariencia delictiva son las potestades que se le da a la policía. A la policía cuando yo le doy la potestad de detener a alguien sólo porque no me gusta cómo se identificó o no me satisface su identificación, eso tiene mucho más que ver con la apariencia que con otra cosa

 

DM: Con prejuicios

JC: Y sí.
Y además así se ha utilizado en América Latina y el mundo, cuando a veces se escucha ese discurso de "yo no tengo problemas de que me paren y me pidan la cédula porque no tengo nada que ocultar". Bueno, yo también, yo si voy caminando de traje por 18 de Julio, primero, no me van a pedir la cédula. Y segundo, si me la piden no voy a llenar ninguno de los estereotipos que hay de alguien al que la policía va a perseguir

 

HS: ¿Ustedes van a ir al Parlamento a plantear inquietudes?

JC: No, nosotros cumplimos un rol estrictamente desde la Universidad. Y obviamente siempre estamos dispuestos, como hemos hecho en muchas ocasiones, a brindar nuestra humilde opinión a quien la pida, pero no tenemos un rol activo así en política, simplemente un compromiso universitario con la gente y sobre todo con el compromiso que tiene la Universidad de la República, con los más desposeídos pero hasta ahí llegamos

 

DM: Algún mensaje que ha llegado de la audiencia, "¿Usted asesora al público en la UdelaR? ¿En qué horarios? Gracias" -dice Mario

JC: Yo estoy a cargo del grupo 14, hay 15 grupos en el edificio central de la UdelaR en 18 de Julio 1824. Hay que agendarse pero yo atiendo martes, miércoles y jueves de 20 a 22

 

DM: Graciela manda un mensaje que dice "La ley 18.315 la policía puede pedir cédula, fue decretada por Vázquez en el 2008. Nada mejor que estar bien informado"

JC: Es cierto, es cierto

 

HS: Nos piden que te preguntemos por un procedimiento que está haciendo el Ministerio del Interior, tiene un link en su web de personas formalizadas, lo que antes se decía procesadas, por departamento y vos vas, por ejemplo, a Montevideo y ahí aparece una lista de personas formalizadas, en su inmensa mayoría jóvenes, y lo que te pregunta es a ver si vos reconocés a alguno de ellos, si te robó a vos, si cometió algún delito, si fuiste víctima de algún delito que haya protagonizado esta persona y que llames a un teléfono para dar detalles de eso, a un 0800.
Te preguntan si eso puede funcionar, si te parece viable o positivo ese procedimiento

JC: No sé, lo que cabría preguntarse pero habría que estudiarlo con más detenimiento, es hasta qué momento corre la presunción de inocencia de las personas, porque que estén formalizadas es que han sido sometidas a un proceso penal, pero no que son culpables. Y bueno, se podría analizar si se pueden difundir esas imágenes así.
En cuanto a cuánto contribuyen, la verdad que no tengo ni idea cuánto contribuyen para el esclarecimiento de los delitos

DM: Bien, bueno, pasemos al último tema que nos decías para vos es una especie de bálsamo porque hablás de cosas que no son tan graves, como es el fútbol. Que mucha gente lo toma como lo principal en su vida, el punto uno.
Nos aclarabas que no era tu caso pero que a la vez genera mucha atención en la sociedad, en general los presidentes de los equipos, y sobre todo los equipos de mayor convocatoria, tienen una visibilidad mayor que muchos políticos. Se conoce más fácilmente quién es el presidente de Nacional o de Peñarol que quien es el ministro a veces de alguna de las carteras.
Y lo que dicen a veces es más importante que lo que pueda decir un ministro también.
En tu tarea, y para ir a alguno de los puntos que se ha generado más polémica también, la fijación de un clásico un miércoles de noche, ¿cómo se llegó a esa resolución? ¿Qué papel cumple la mesa que es el lugar donde vos estás actuando y presidiendo? ¿Qué posibilidades tiene de maniobrar con esas posibilidades también? Sobre todo por las cuestiones de seguridad que se han puesto arriba de la mesa

JC: Bueno, mirá, para hacer un relato breve pero que se pueda comprender bien cómo llegamos a eso, lo primero que hay que decir es que el calendario en el 2020 fue sorteado. Es decir, no hubo digitación del partido clásico, no se decidió se va a jugar en tal fecha sino que es fruto del azar y el azar quiso que cayera el clásico en la fecha 4.
Y el azar quiso que apropósito de una prórroga en el inicio de la temporada que pidieron los clubes, y que aprobaron democráticamente los clubes de Primera División, se retardó una semana el inicio y por lo tanto la cuarta fecha caía en principio el domingo 8 de marzo.
Nosotros ante esa situación lo que consideramos fue que era altamente inconveniente que el día 8 de marzo, con todas las implicancias que tiene, con la marcha que estaba prevista, era altamente inconveniente que un clásico se jugara esa fecha, por un montón de razones que no viene al caso detallar ahora. No solamente por aspectos de seguridad quiero decir.
Y eso después se vio a su vez cambiado, modificado, como nos pasa cotidianamente que todo hay que programarlo con una semana de antelación no más, con la imposibilidad del Ministerio del Interior de dar respuesta para los partidos que nosotros queríamos fijar el fin de semana donde asumía el nuevo presidente.
Eso corrió las fechas un fin de semana y por lo tanto hizo que el clásico ya definitivamente no iba a ser el 8 porque todo se corría una semana.
En ese caso el clásico iba a caer el fin de semana del 14 y 15 de marzo pero ahí se dio la particularidad de que Nacional y Peñarol tenían actividad internacional en esa semana. Y el reglamento del Campeonato Uruguayo tiene un artículo que regula cuñando debe fijar la Mesa Ejecutiva los partidos en la actividad local a propósito de la actividad internacional de los clubes.
Y en este caso, como justo Nacional y Peñarol los dos tenían actividad internacional, se daba la peculiaridad de que el mismo artículo decía que si atendíamos la situación de Nacional el partido había que fijarlo el sábado y si atendíamos la situación de Peñarol el partido había que fijarlo el domingo.
Entonces nos llevaba a un sin salida, porque si atendíamos a uno, si le aplicábamos el mismo artículo a uno el clásico era el sábado y si le aplicábamos al otro era el domingo.
Advertidos de esto convocamos a un consejo de liga para plantearle a todos los clubes este problema al que nos enfrentábamos, porque es la Mesa la que decide cuñando se fija el partido, y decirles que ante esta situación habían dos alternativas para nosotros.
Una era cambiar, trocar la fecha 4 por la 6 y entonces obviamente que se corrían todas las fechas, la fecha 4 pasaba a tener el número 6 y la fecha 6 el número 4. Para eso, se puede hacer pero se requiere la votación por mayoría de los clubes.
Y la otra alternativa era aplicar la regla que nos venía quedando que eras postergar el partido, como dice el artículo, en todos los casos en que no se pueda encontrar una solución se fijará para el primer miércoles disponible.
Al no poderse disputar ni el 14 ni el 15 por lo que acabo de decir, el primer miércoles disponible sería el miércoles siguiente que hay actividad de Uruguay el día anterior o el posterior, hay fecha FIFA y el Estadio no estaba disponible. Por lo tanto pasaba para el miércoles 1º de abril.
Una vez que se concluye eso, se pone a consideración de los clubes, éstos deciden que no se cambie la fecha 4 por la 6, que simplemente se postergue el partido clásico, no nos quedó otra alternativa que fijarlo el 1º de abril.
Al ser un miércoles, tiene que ser de noche. Lo que queda ahí es hacer la consulta a la Comisión de Seguridad de la AUF que a su vez consulta al Ministerio del Interior sobre la posibilidad de dictar el partido en la noche. Se recibió el okay de la Comisión de Seguridad y el okay del Ministerio del Interior y por lo tanto nosotros fijamos el partido el miércoles 1º a las 20:00 hs.

DM: Bueno, quedaría mucho para hablar también de la Mesa Ejecutiva y de todo este año con tanto cambio que hubo desde todo punto de vista...

JC: Sí, hasta la Copa Uruguay

 

HS: Pero hay una rediscusión de la Copa Uruguay, ¿puede haber?

DM: Nacional ayer resolvió que va a pedir votar la copa y supongo que pedirán nuevamente la reconsideración en el Consejo de Liga y veremos... ¿Para vos no sale?

JC: No, yo soy firme propulsor de la Copa Uruguay, yo quiero que se dispute, me parece una mezquindad realmente que no se integre al fútbol amateur en una competencia de este tipo, pero bueno, ahí cada uno está mirando su chacrita

 

DM: Yo creo que si Nacional que era un voto decisorio

JC: Era, si hubiera tenido el voto de Nacional hubiera salido

 

HS: Ahí la pelea un poco es quien pone la plata como siempre también

JC: Bueno, quién pone la plata, pero es un campeonato que tiene, salvo los traslados, para los casos que haya partidos muy lejanos, los traslados están cubiertos, no está cubierto el hotel, lo demás están todos los gastos pagos, sin contar las recaudaciones. O sea que hoy el Campeonato uruguayo no tiene esa subvención

 

HS: Los estadios están pagos digamos

JC: Están pagos, los transportes, el personal de recaudación, los árbitros, todo esos gastos están pagos. Lo único que tienen que pagar los clubes es, en el caso que les toque viajar y que sean muchos kilómetros, la noche de hotel

 

DM: ¿Quién transmite eso?

JC: Bueno, en principio el fútbol uruguayo tiene todo vendido a Tenfield

 

DM: ¿Pero esto también?

JC: Todo, absolutamente todo tiene vendido a Tenfield

 

DM: Porque había algunos que decían que el problema era ese, que había que disputar derechos de vuelta

JC: No, no hay que disputar derechos de vuelta, lamentablemente no, hay que esperar que venzan esos contratos y volver a negociar. Pero no, esto está todo vendido a Tenfield y Tenfield tiene la libertad de transmitir o no, esa es otra historia, pero sí, está comprendido dentro del contrato.
Lo que el Comité Ejecutivo, eso escapa a mis competencias, había generado algunas reuniones con Tenfield a propósito de, de común acuerdo mejorar un poco los ingresos de los clubes, los mismos partidos pagarlos un poco más

 

HS: Gracias Juan, quedan los temas abiertos, muy amable

JC: Por nada.