12.016 PRESOS EN URUGUAY MÁXIMO HISTÓRICO:
OBVIAMENTE LA SOLUCIÓN A LA CRISIS SOCIAL ES OTRA
Informe de Fabrizzio Acosta en ‘Mañanas de Radio’, 6 de mayo de 2020

En el Parlamento Nacional se están llevando adelante intensas jornadas de trabajo dado que las distintas Comisiones legislativas, particularmente las que analizan la Ley de Urgente Consideración, están recibiendo delegaciones que fueron citadas para exponer sobre los distintos puntos que abarca la misma. Sobre esto nos informó el cronista parlamentario de la 36,  Fabrizzio Acosta, en ‘Mañanas de Radio’. Transcribimos su informe que puede escuchar aquí:
https://archive.org/details/2020-05-06-informe-de-fabrizio-acosta

 

Fabrizzio Acosta Machuca: Vamos a hacer una recorrida por el Parlamento Nacional, porque como decíamos, ayer fue una jornada intensa.
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, era uno de los que había comparecido y lo vamos a escuchar ahora, un Fiscal de Corte que marcó allí ciertas problemáticas sobre dos elementos, una lo que se pide es que se haga a través de juicios orales todo lo concerniente a delincuencia juvenil, y se indica que no se tiene ni la capacidad edilicia, ni la capacidad de recursos humanos para poder hacer. Primer punto que le aclaró el Fiscal de Corte a la Comisión.
Lo otro tiene que ver con un tema complejo, que es que la policía pueda hacer interrogatorios en las dependencias policiales sin avisarle a los Fiscales, que esto ha hecho que la Asociación de Fiscales proteste sobre el tema. Vamos a escuchar lo que decía el Fiscal de Corte sobre estos asuntos:

Jorge Díaz: (…) Queda recorrer el juicio oral, y sostener que todos los procesos de adolescentes terminen en un juicio oral, es particularmente complejo de hacer frente con los recursos humanos y materiales que tiene la Fiscalía, la Defensa Pública en este momento. Realmente yo creo que ahí hay un impacto que nos va a perjudicar y así lo hicimos, lo dejamos señalado en el día de hoy y por eso incluso hicimos la propuesta de la posibilidad de establecer el proceso abreviado para adolescentes en el entendido de que bueno, en el Derecho comparado se admite que la voluntad del adolescente en la medida que lo están haciendo responsablemente, también podremos hacerlo responsable de que pueda conceder o prestar su voluntad para realizar un acuerdo sobre su responsabilidad.


FA: Fiscal, Acosta de Radio Centenario, ¿tuvo alguna devolución de los Senadores respecto a los casos de los menores en relación al tema de que planteó la Fiscalía?
 
JD: Hoy simplemente hubo una exposición inicial y luego preguntas concretas de los señores legisladores que obviamente tomarán notas de las respuestas y son ellos los que tienen la posibilidad de presentar proyectos alternativos. Sí se nos solicitó la colaboración de alguna redacción alternativa, pero de otras normas vinculadas al tema del registro, registro de vehículos, control de identidad y demás, que con mucho gusto vamos a formular, pero obviamente que la repercusión, la consecuencia de nuestra intervención, si es que hay alguna la tendremos en los próximos días.
 

Periodista: Los Fiscales cuestionaron que la policía tenga la posibilidad de interrogar testigos sin dar cuenta a la Fiscalía, ¿hay un cambio en el Código de Procedimiento Policial, de poder realizar tareas de investigación antes de informar al Fiscal? ¿Qué valoración hace de esa disposición, si trastoca lo que puede ser el sistema acusatorio?
 
JD: En el día de hoy, en el sistema acusatorio -para que el ciudadano común lo entienda- hay dos partes, uno es el Estado -que es el titular de la pretensión punitiva del Estado- o sea en un juicio penal, hay un conflicto. Ese conflicto se entabla entre el Estado representado por la Fiscalía que acusa a un individuo de cometer un delito y obviamente ese que es acusado de cometer un delito, se defiende asistido por su defensor.
En el proceso de investigación que culmina con la afirmación de la Fiscalía de que un individuo cometió un delito y por ende lo acusa, interviene la policía y la Fiscalía.
La Fiscalía y la policía son un equipo, deben ser un equipo, uno es el investigador material por así decirlo, el otro el investigador jurídico que es quien dirige la investigación.
Yo creo que ahí hay una discusión de hasta dónde llegan las potestades autónomas de la policía, y esa es una discusión que se ha dado en toda América Latina, en concreto la investigación. El cuestionamiento apunta por lo que tengo entendido específicamente a la posibilidad de la policía de interrogar autónomamente al imputado.
Ahí hay la modificación del artículo 61 nosotros dijimos que en definitiva acá hay dos alternativas: ¿queremos que la policía pregunte o no? Y la respuesta unánime de los señores Senadores presente fue ‘sí queremos que la policía pueda preguntar’. Entonces tenemos que establecer determinadas salvaguardas y es que el abogado deba estar necesariamente presente en ese interrogatorio policial.
Lo que nosotros trasmitimos es una experiencia práctica, si exigimos que los abogados estén presentes en el interrogatorio policial, es lo mismo que privarle a la policía de la posibilidad de interrogar porque en los hechos, los abogados pocas veces se hacen presente en una dependencia policial, pocas veces o nunca, al punto tal de que a dos años que llevamos de sistema acusatorio, que yo tenga conocimiento, una vez un abogado en el caso del robo del Conrad, de la joyería, la Defensora Pública se hizo presente en una dependencia policial. No conozco otro caso.
Los abogados van directamente a la Fiscalía, por lo tanto poner como condición una cosa de la otra, implica negarle la posibilidad de hacerlo, entonces ¿cuál es la otra salvaguarda que se puede poner?
Es la lectura de derechos. Y así está establecido en el artículo 61, una correcta lectura del artículo 61 en la modificación que se propone implica de que la policía necesariamente antes de formular cualquier pregunta deba hacer ‘una correcta lectura’ de derechos al imputado, y que deba luego acreditar esa correcta lectura de derechos -que implica tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, etcétera-. Si eso es así evidentemente se pueden salvar determinadas consecuencias de esa declaración, tengo una discusión que está planteada y que obviamente lo resolverá el Parlamento.
 
 
Periodista: En función de esto que explicaba usted ¿la redacción actual pone en riesgo de menoscabar los derechos democráticos de cualquier persona que sea detenida a partir de los cambios que se proponen?
 
JD: Si a una persona detenida o no va a declarar como imputado y se le leen sus derechos y se le explican los derechos y esa persona está conciente de lo que se le está leyendo, que no me diga que se lo leyó a una persona incapaz o a una persona que estuviera incapacitada por alguna razón, etcétera, le dice que usted tiene derecho a un abogado si no tiene uno el Estado le proporciona uno, tiene derecho a guardar silencio, es decir a no declarar, se le explican sus derechos, y la persona voluntariamente igualmente conciente en declarar, de que luego el policía acredita que efectivamente hubo una correcta lectura de derechos, en definitiva parecería que no, porque el ciudadano puede negarse a declarar, puede decir, no digo nada o no digo nada si no está presente mi abogado, eso es un derecho que tiene el individuo y evidentemente la obligación ahí es hacérselo saber y el alcance de ese derecho, si eso efectivamente fuera así, pienso que no.
 

FA: Ya hicimos comentarios sobre este tema, no me voy a repetir en relación a lo que comentábamos, es un buen ejercicio, ayer se lo decíamos a Franchi, porque Franchi quería hacer la nota sin el tapabocas. Y en el Parlamento es obligatorio tener el tapabocas toda la jornada que estés tú dentro, así hagas consulta, así hagas preguntas, tienes que hacerla con el tapabocas, entonces yo le decía a Franchi a principio yo me asfixiaba, pero qué hice, empecé a ir al Parlamento caminando con el tapabocas puesto, a mitad de camino como que me moría, pero de a poco te vas acostumbrando y en la medida que esto va a quedarse por un tiempo, le decía a Franchi, haga lo mismo, utilice el tapabocas, esfuércese, y aunque sienta que le falta el aire, continúe con el tapabocas.
Juan Miguel Petit, el comisionado del sistema carcelario a nivel parlamentario, dio cifras, 12.016 presos tenemos, en este momento, batiendo todos los récord, en América del Sur somos los que más presos tenemos luego de Brasil y comparen la población de Brasil con la de Uruguay. Lo cual claramente marca de que se tiene que buscar algún otro tipo de solución porque seguir metiendo gente presa no parece dar más seguridad y reitero cada vez tenemos más gente presa y la inseguridad parece ser un tema de no resolverse en este sentido, sobre todo apunta el tema educativo a romper ese círculo droga, delito leve, droga, falta de futuro tanto educativo como laboral y delito grave, cárcel.
Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit:
 
Juan Miguel Petit: Al día de hoy estamos en el sistema penitenciario tiene 12.016 internos, llegando así al máximo histórico, o sea nunca Uruguay tuvo tanto presos como los que tiene actualmente y sigue creciendo, de esos hay 11.325 varones, mujeres 670, y personas trans 21; esto ya nos refiere a que hay todo un tema necesario que es necesario reciclar en el Siglo XXI, que es la privación de libertad de las mujeres, las mujeres tienen regimenes, edificios y lógica de funcionamiento aplicadas, que traslada al modelo masculino, al modelo de la cárcel de hombres a las mujeres, vemos que en general en todo el mundo, y por motivos que exceden estos comentarios, el delito es cosa de hombre, son muy pocas las mujeres que delinquen, y la gran mayoría delinque como estrategia de supervivencia extremas para el mantenimiento habitualmente de sus hijos y con delitos leves, en el sistema hay albergados 46 niños, hay 15 mujeres gestantes. Y tenemos una tasa 340 personas privadas de libertad cada 100 mil habitantes, también es el máximo histórico.
Somos uno de los países de América Latina con más presos, en América del Sur solamente nos supera Brasil, tenemos más presos que y lejos que todos los demás países de la región, tenemos una densidad de 104 personas.
O sea, la superpoblación se mide de acuerdo a lo que se llama densidad pensando en unos 100 cupos disponibles, lo que se supera de 100 es sobrepoblación, y cuando se llega a 120 o sea cuando hay 20 personas más que las 100 plazas disponibles ya se habla de hacinamiento o sobrepoblación critica, Uruguay había logrado bajar el hacinamiento, en un esfuerzo muy importante y muy destacable de la administración anterior, pero ya en los últimos años esas plazas disponibles demás que había, se empezaron a llenar, ya se superaron y ya hay hacinamiento en muchos lugares porque la fragilidad del funcionamiento del sistema hace que en muchos espacios por la falta de programas, por la falta de ordenamiento educativo o técnico, uno puede encontrar en una cárcel una celda hay 6 personas, en la celda de al lado hay 1, o inclusive puede haber celdas vacías o celdas deterioradas, pero bueno el hacinamiento en promedio todavía no se ha llegado a eso, pero hay puntos en los cuales hay hacinamiento y una tendencia creciente a aumentar la población, indica que en no dentro de mucho puede podemos estar de nuevo ante una crisis de hacinamiento.
Existe un 22,6% de procesados, 77,4 de penados, eso es sin duda uno de los efectos positivos del código de proceso penal, con respecto a las condiciones de reclusión, la mediación que hacemos nosotros es un instrumento que empezamos a aplicar en 2016 que hemos ido mejorando, no diría perfeccionando, pero hemos ido mejorando, merced al trabajo de todo nuestro equipo y particular de nuestro asesor en área de estadística, el Licenciado Sosa, que también con trabajo con la academia y con un diálogo permanente y buscando siempre hablar con aquellos que saben más que nosotros y cuestionándonos lo que hacemos, hemos ido mejorando cómo medir las condiciones de reclusión. Recuerdo el primer protocolo o guía que hicimos de indicadores, tenía 300 y pocos, en el entorno de 300 indicadores, o sea era una especie de mapa escala 1 - 1, imposible de aplicar. Hoy tenemos un protocolo mucho más concreto con unos 20 puntos con información cuantitativa, con información cualitativa que se aplica con personas que hacen un doble chequeo y que nos permite afinar mucho la valoración de los lugares.
Hemos ido midiendo todos estos años estas situaciones, y nosotros empezamos a calificar aquellas condiciones que realmente eran inhumanas, y utilizando la terminología, nos parecía que no era bueno utilizar otro tipo de adjetivos que son correctos como decir son muy malas condiciones, son condiciones inaceptables, o son condiciones de carencias, nos parecía que utilizar la terminología concreta que utilizan las normas internacionales y que refieren al centro mismo en la cárcel, al sentido de la cárcel, que como dice el protocolo, con el pacto de los civiles y políticos tiene que ser el tratamiento y la humanización, cuando no hay humanización, cuando no hay tratamiento hay un trato cruel, inhumano y degradante, entonces nosotros empezamos a calificar a los sectores donde no hay acceso a educación, donde hay hacinamiento, donde no hay acceso fácil al agua, colchón, buena alimentación, actividades, acceso al patio, etcétera, etcétera, como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hoy estimamos que existe estas cifras cerraron en noviembre de 2019, estimamos que hay un 26% de personas en esas condiciones.

 

FA: 26% personas que todavía están en una situación crítica en el tema carcelario, donde sus derechos humanos son violentados por la situación carcelaria que están viviendo. Estuvo también el movimiento Un Solo Uruguay en la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca, vinculado sobre todo a lo que es el planteo que querían hacer respecto a la emergencia agropecuaria por déficit hídrico y el pedido de mayores respuestas por parte del Ministerio de Ganadería y del gobierno, pero también aprovechábamos nosotros a consultarlo sobre el tema de la desmonopolización de los combustibles que está en la Ley de Urgente Consideración y una colega también le preguntaba sobre el abigeato que también hay medias en la LUC, vamos a escuchar lo que nos decía Guillermo Franchi del movimiento Un Solo Uruguay:
 
Guillermo Franchi:  El abigeato pasa básicamente por el combate a ese modelo delictivo, falta mucha presencia policial en el medio rural, se ha encerrado durante los últimos 10 o 12 años muchos destacamentos policiales, se han menguado los recursos a los agentes, en recursos humanos y en recursos materiales y obviamente que eso empieza a generar una zona liberada para la delincuencia, además una zona de grandes extensiones, muy compleja de controlar, y creemos que la presencia debe volver al medio rural, esa presencia policial que antes la teníamos si bien el abigeato no es nada nuevo, pero bueno, justamente haber ido menguando los recursos de la policía en el interior y en la campaña y en los pueblos, ha generado que tengamos una nueva explosión, que inclusive en estos días se sigue dando y fuertemente.
 

FA: ¿Qué sienten cuando se dice que el movimiento Un Solo Uruguay es el gran propulsor de la desmonopolización de los combustibles?
 
GF: No, nosotros no somos los grandes propulsores de la desmonopolización, nosotros lo que pretendemos y también va a ser un aporte si podemos venir a la comisión que está trabajando sobre la Ley de Urgente Consideración, lo que proponemos es que se tome alguna medida para no dejar la libertad en el gobierno de turno usar Ancap como aporte a rentas generales. Hemos tenido año tras año y gracias a los informe de URSEA poder sacar la cuenta de cuántos cientos de millones de dólares por año se estaban transfiriendo desde los sectores productivos y económicos todos porque el combustible lo usamos todos, cuánto se estaba transfiriendo en sobre precios que pagaba y se paga hoy también en el surtidor, cuánto se estaba transfiriendo a rentas generales.
Nosotros creemos que la libre importación podría ser un mecanismo de seguro que impediría justamente a Ancap fijar esos sobre precios en el combustible y simplemente eso, podría ser que Ancap y los organismos de contralor como la Ursea determinaran el precio en base a los parámetros que se manejan, podría ser esa una solución y la otra podría ser justamente la libre importación que trabajaría como si fuese un seguro donde si el precio, si el sobre precio se dispara en los combustibles le permitiría a alguna empresa importar combustible desde el extranjero.
 

Periodista: No es suficiente o se está haciendo lenta la respuesta, dónde está la principal crítica que se hace del sector agropecuario a esta medida de gobierno
 
HF: En realidad no es una crítica y en realidad creemos que el fenómeno más complicado de esto fue justamente la transición entre dos gobiernos, un hecho bastante atípico vamos a decir, que preso de esa transición queda al medio el productor agropecuario que no tiene nada que ver con la transición y se comieron durante todo el verano un déficit hídrico que absolutamente marcado. Estamos hablando que en las mejores zonas del Uruguay, en estos últimos 6 meses ha llovido un 50% de lo normal, entonces no es, tengamos en cuenta el poco tiempo que tiene el nuevo ministro en el cargo, las nuevas autoridades, con autoridades inclusive dentro del ministerio que todavía siguen siendo las del gobierno anterior, pero bueno, el problema de esto es que la sequía no perdona, la sequía va trabajando día a día perjudicando la disponibilidad de forraje, perjudicando los cultivos, hoy se está viendo comenzaron las cosechas de soja y en muchos lugares se está un tercio por debajo de lo esperado, o sea 1500 kilos menos de lo que se preveía y bueno estas situaciones tienen que tener un mecanismo donde no queden rehenes de cuestiones políticas más allá de que siempre la va a corresponder al ministerio de ganadería la solución de estos problemas, pero tiene que haber mecanismos que automaticen en la declaración de emergencia por ejemplo por sequía ya que la tecnología hoy está disponible. Hay tecnología satelital para determinar el crecimiento de pasturas, para determinar el crecimiento y el estado de los cultivos, también se puede determinar por tecnologías la disponibilidad de agua en el suelo, por lo tanto no tiene porqué quedar en manos de una sola persona y sobre todo en esta situación política que es salir de transición, la determinación o no de la emergencia agropecuaria, sino que se podría determinar prácticamente o automáticamente a través de los propios organismos que hoy ya tiene el Uruguay.

 

Periodista: ¿Con respecto a la producción en cuánto impactó usted recién mencionaba a la soja y en la vereda de enfrente está la producción de uva para vino que tuvo como una producción extraordinaria este año, qué otras producciones se vieron afectadas considerablemente?

HF: Bueno para la vitivinicultura fue un año muy bueno, hay que analizar de dónde son originarios cada uno de los cultivos, pero por ejemplo para todo lo que ha sido la agricultura de secano, para el arroz fue un año muy bueno también, pero todo lo que es secano o sea todo lo que se hace a riego natural vamos a decir, a riego de lluvia, para eso ha sido muy caótico, también lo ha sido para todo lo que ha sido horticultura y fruticultura sobre todo acá en el sur, en Canelones, y en todos estos lugares lo hemos visto permanentemente en la prensa y hemos estado hablando con algunos productores, que realmente han tenido un perjuicio en el tamaño de las frutas, de las hortalizas, inclusive con el abandono o con el aborto de muchas plantas en cuanto a la fruta.


FA: Comentábamos que la Institución Nacional de Derechos Humanos estuvo en la comisión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar a Mariana Mota, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, hablando sobre todo el tema de la legítima defensa y algunos elementos que preocupan. Y al doctor Martín Prat, que fue uno de los dos abogados que fueron como asesores en materia del ámbito sindical que también hay una serie de reglamentación vinculados al derecho de huelga, algunos como en el tema de la ocupación y la represión hacia la ocupación, que llaman la atención y preocupan:

Mariana Mota: (...) El tema de la inminencia, o sea la legítima defensa habilita a un particular a defender su vida o su propiedad, incluso con una acción letal hacia el agresor, pero cuando esa agresión además de legítima es inminente y esto es lo que habilita a la persona, al particular que no tiene el legítimo uso de la fuerza física, de la fuerza que sí lo tienen los organismos de la policía y los militares para poder desarrollarla y que esté legitimado por la acción, por el Derecho Penal, es diría una causa de justificación que le exime de pena.
Lo que habilita este proyecto y que nosotros ponemos también el foco y nos preocupa mucho es que se consagra una prevalencia del derecho de propiedad sobre el derecho a la vida, la integridad física al habilitar la legítima defensa cuando se vea vulnerado el patrimonio aunque no se haya verificado la agresión o haya cesado, o sea ya no tengo el peligro inminente e igual puedo accionar, lo cual es peligroso porque era una acción en la cual ese particular no está en un peligro inminente, y por lo tanto al no estar en peligro inminente puede acudir y debe acudir al Estado para que defienda su vida o su propiedad, etcétera. Y sin embargo en esta nueva redacción se le habilita que incluso ahí cuando haya cesado la agresión o haya ocurrido o no la haya tenido, pueda reaccionar amparado bajo este instituto, no sé si quedo claro, pero es realmente peligroso porque termina habilitando al particular a que use la fuerza.

 

Martín Prat: Con respecto a esos temas, por un lado este proyecto de la LUC declara la ilegitimidad de los piquetes, y por otro lado, en un capítulo aparte, en un sólo artículo señala que se va a reglamentar la huelga, el derecho a la huelga, el derecho también a los trabajadores que no hacen la huelga, y el derecho de los propietarios de la empresa a entrar a la misma.
La preocupación que nosotros tenemos en la institución con respecto a estos dos capítulos es cierta imprecisión porque se está intentando reglamentar derechos, limitar derechos, y no se es lo suficientemente específico de cuándo, cómo y por qué razones se va a hacer, sobre todo con respecto a los piquetes, se le está declarando ya de por sí algún piquete ilegitimo estableciendo también que la autoridad policial -por sí misma- también sin dar cuanta antes a la justicia puede reprimir el mismo. Y no se establecen estos 3 artículos que regulan este tema, garantías para que pueda ejercerse el derecho a la protesta, en el ámbito del derecho internacional y también el derecho nacional, hay ciertos estándares de protección del derecho de reunión, del derecho de protesta pacífica como manifestación de la libertad de expresión, entonces se está intentando regular sobre un tema limitando demasiado estos derechos, y además si la regulación de los piquetes o la declaración de ilegitimidad de los piquetes, la relacionamos también con el tema de la reglamentación al derecho  de huelga, más allá de que en la ley no se establecen o no se menciona el tema de las ocupaciones, también cuando se le da una atribución a la fuerza pública sobre estos temas, se entra en riesgo también de que puede haber también acciones represivas que no están acorde a lo que son los estándares de protección de los derechos humanos.

 

FA: Desde el punto de vista del oficialismo el senador Carlos Cami, hombre de Alianza Nacional, hombre de justamente el ministro Jorge Larrañaga de Interior, defendió las políticas de seguridad implementadas en esta Ley de Urgente Consideración y defendió también lo que ha sido la tarea de Larrañaga frente al ministerio criticada por el Frente Amplio:

Carlos Cami: (…) Lo pide la propia policía, que no opina eso, las estadísticas que tenemos en los últimos años en el país del aumento delictivo y del aumento delictivo violento y también hemos visto entre otras cosas por los propios medios de comunicación que nos han acercado en este último tiempo también episodios donde se ha visto a la propia policía ser por parte de ciudadanos con piedras o móviles policiales agredidos, incluso con dificultades para ingresar en ciertos barrios complejos tanto ambulancias como policía. Es decir, creo que no es discutible que el Uruguay requiere un cambio en seguridad y pasa entre otras cosas por dotar a la acción policial de mejores elementos, yo aspiro, lo digo con total honestidad y con franqueza y creo que algunos artículos los va a acompañar el propio Frente Amplio. Y precisamente en el capítulo de la minoridad recuerdo que hubo en el período pasado propuestas desde el ex ministro Bonomi que tenían que ver con proponer en algunos casos, algunos delitos gravísimos el aumento de penas en la minoridad, por tanto habrá que hablarlo, habrá que conversarlo, habrá que con sentido de política de estado, con sentido positivo, con un sentido de tratar de mejorar todos, porque creo que queremos lo mismo, mejorar la seguridad, encontrar las soluciones, estamos abierto al diálogo, este espacio de la comisión precisamente es de intercambio tanto con el Poder Ejecutivo, yo soy optimista en que vamos a tener un respaldo en esta norma.


FA: En relación a lo que es la situación que usted marcaba de los resultados, el senador Charles Carrera decía que igual se siguen generando muchos homicidios en estos primeros tiempos del ministerio de Jorge Larrañaga, y que las medidas que hoy se proyectan no son las medidas para solucionar el tema, según la visión que tiene el Frente Amplio.

CC: Yo respeto la opinión del senador Carrera, creo que juzgar los dos primeros meses del senador Larrañaga al mando del Ministerio del Interior, cuando recién arranca habiendo recibido una situación de seguridad histórica, donde nunca el país estuvo tan mal, donde lo acaba de señalar hoy el propio ministro en la comisión de la Ley de Urgente Consideración del Senado de la República, que se ha recibido las cárceles en una situación de vergüenza nacional, donde hemos tenido el aumento en los últimos años vertiginoso de la ola delictiva y fundamentalmente los delitos más graves donde han aumentado los homicidios, donde ha aumentado la rapiña. Me parece que en vez de reconocer, escudarse en estos primeros meses de Larrañaga, yo con total franqueza y objetividad lo digo, creo que al contrario, se nota el cambio en la seguridad desde que asumió Larrañaga, como Ministro del Interior.


FA: Dos cosas, primero, ayer asumió Eduardo Lust como cuarto vice presidente de la Cámara de Diputados, representante de Cabildo Abierto, fue lo que se votó ayer entre otras cosas en la Cámara Baja.
Ayer hubo Cámara de Diputados, la tuvimos que seguir desde el anexo porque coincidió con el horario de la visita de la Institución Nacional de Derechos Humanos a la comisión del Senado de la LUC, una era en el anexo, la otra en el edificio histórico, pero podemos confirmar y esto sí es importante, que la Cámara de Diputados ayer le dio entrada formal al proyecto de la nueva Ley de Medios que deja de lado la frenteamplista y toma ahora la Ley de Medios del gobierno multicolor, que modifica algunos temas que parecen correctos, y que en otro caso -como hemos dicho y volvemos a reafirmar- en asuntos que tiene que ver con el articulado.
El remedio parece ser peor que la enfermedad, también hay que decir eso, en algunos elementos de esta nueva Ley de Medios, que va a comenzar a estudiar la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones. Ayer hubo un error, en principio la habían mandado a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, no sé qué tenía que ver, pero después la Cámara de Diputados se dio cuenta del error, rectificó y de esa manera estableció que en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones sea la que tenga que analizar la Ley de Medios enviada por el presidente Luis Lacalle Pou.