ARGIMÓN Y GARCÍA VISITAN EL BATALLÓN 14 PARA EXPRESAR EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CON LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS
Información remitida por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, 15 de mayo de 2020

 
 

 

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el ministro de Defensa, Javier García, se hicieron presentes este viernes 15 de mayo junto a los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota y Wilder Tayler, en el Batallón 14 cercano a la ciudad de Toledo para interiorizarse de los trabajos de excavación que allí se realizan en busca de restos de detenidos desaparecidos.
La visita tuvo por objetivo manifestar el compromiso del gobierno nacional con la búsqueda de los detenidos desaparecidos. En el día de ayer el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se manifestó en el mismo sentido desde Nuevo Berlín, Río Negro.
La vicepresidenta Argimón y el ministro García recorrieron el predio del Batallón de Infantería Paracaidista No. 14, observaron el trabajo de excavación, hicieron consultas al equipo de antropología forense y se detuvieron particularmente en las fosas donde fueron hallados los restos del Maestro Julio Castro (2011) y del exfuncionario de UTE Ricardo Blanco Valiente (2012). Posteriormente se trasladaron a pie hasta el monte de robles del Batallón 14, para recorrer un área ubicada entre el puente de AFE y el arroyo Meireles.
Al culminar la visita, los directores Mota y Tayler declararon a la prensa que sirvió para exponer los aspectos técnicos del trabajo del equipo de antropología forense y que las autoridades conocieran de primera mano las complejidades de la búsqueda en un predio tan extenso. Resaltaron también que hasta el momento en este predio militar en particular se ha completado la excavación de un 10% del área cautelada (con prohibición de innovar a pedido de la justicia) y menos el 2% de la superficie total del predio.
Mota por su parte destacó que en pocos meses se deberá definir el presupuesto para las excavaciones y también para las investigaciones que orientan la búsqueda de sitios de enterramiento de detenidos desaparecidos.
Tayler evaluó que este gesto del gobierno podría dar aliento a aquellos que tienen información sobre dónde están enterrados los desaparecidos, para romper el pacto de silencio que durante más de cuatro décadas ha mantenido el sufrimiento de tantas familias.
La visita de las autoridades de gobierno se produce en vísperas de una nueva Marcha del Silencio, que desde hace 25 años reclama cada 20 de mayo por verdad y justicia sobre los uruguayos detenidos desaparecidos.

Nueva responsabilidad de la INDDHH

La ley 19.822, promulgada el 18 de setiembre de 2019, encarga a la INDDHH la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado ocurrida entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de junio de 1973, así como durante el período del terrorismo de Estado que se extendió del 27 de junio de 1973 al 28 de  febrero de 1985.
El propósito de la ley fue enmarcar la búsqueda en una institución independiente con permanencia en el futuro. La iniciativa fue aprobada con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria.
La ley le encomienda a la INDDHH la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas dentro y fuera del Uruguay, e incluye tanto la ubicación de los restos como la investigación de las circunstancias en que se produjeron las desapariciones. El objetivo es brindar una respuesta a la sociedad y a las familias de las personas detenidas desaparecidas, quienes reclaman desde hace más de 40 años para establecer el paradero o conocer el destino de sus familiares.

 

Poderes jurídicos especiales

La ley 19.822 le confiere a la INDDHH poderes jurídicos especiales, como el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia, ya sea que estos se encuentren en instituciones públicas o privadas y el acceso a todos los lugares y establecimientos públicos o privados que considere relevantes. Además, la Institución podrá citar a funcionarios del Estado y a particulares para que presten declaración. La no concurrencia de las personas citadas, o la negativa para acceder a archivos, documentos o establecimientos podrá ser considerada un delito y sancionada penalmente con tres a dieciocho meses de prisión. A ese respecto, la ley también establece que la Institución deberá mantener estricta reserva respecto a las personas de las que ha recibido colaboración y sobre cualquier otra información no relevante.