“ESTAMOS BASTANTE PREOCUPADOS POR LOS PASOS QUE DA EL GOBIERNO Y AFECTAN A TRABAJADORES RURALES Y A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR”
Contacto con Jorge Azziz (AFINCO) desde Río Negro, 2 de julio de 2020

Jorge Azziz, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización en contacto con ‘Mañanas de Radio’, se refirió al comunicado emitido en los últimos días (*) en solidaridad con los equipos de territorio del MGAP. Azziz señaló que “estamos preocupados por un montón de cosas que se vienen dando, que siguen una línea de coherencia que lleva el gobierno, que apunta a la perdida de lo que eran la presencia de políticas públicas generadas en los últimos años a nivel de territorio para el sector rural, especialmente para los sectores vinculados a los trabajadores rurales y a la producción familiar”. Explicó que al Instituto lo toca muy de cerca un par de artículos de la LUC y en paralelo la aplicación del decreto 90/2020 emitido unos días antes de declarar la emergencia sanitaria, donde el Poder Ejecutivo mandata a una reducción del 60% del presupuesto a todos los ministerios, y parte de una esa reducción específicamente tienen que ver con la no renovación de contratos que vencieron en 2019. Transcribimos la nota que puede escuchar aquí:
https://archive.org/details/2020-07-02-jorge-asis

María de los Ángeles Balparda: Estamos en contacto con Jorge Azziz, dirigente de la Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización (Afinco), desde Río Negro.
Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
 
Jorge Azziz: Buen día, Ángeles y a la audiencia de la 36. Es un gusto estar con ustedes.

 

MAB: ¿Estás allá en Río Negro?
 
 
JA: Si. Nuestro lugar de trabajo.
 
 
MAB: Y nos comentabas fuera de micrófonos que hubo flor de helada.
 
JA: Si, la verdad que hoy se vio, temprano, bastante frío. Veníamos con un período de varios días ya de humedad y de llovizna más que lluvia. Así que esperemos que abra y que permita volver a hacer las tareas con más normalidad, es mejor el frío que la lluvia.

 

MAB: Jorge por supuesto la comunicación es por este comunicado que nos han hecho llegar que ustedes dirigen a los equipos de trabajo del territorio, un comunicado de apoyo. ¿Por qué sintieron la necesidad de sacar este comunicado?

JA: La verdad que nosotros estamos bastante preocupados por un montón de cosas que se vienen dando y que llegan como una línea de coherencia digamos de los pasos que da el gobierno. Y que todos ellos además conducen a una pérdida de lo que era la presencia de las políticas públicas que se habían generado en los últimos años a nivel del territorio para el sector rural y especialmente para los sectores con los cuales trabajamos nosotros que son los sectores vinculados a los trabajadores rurales y a la producción familiar.
Parte de eso que se está discutiendo y que a nosotros específicamente al Instituto lo toca bastante de cerca con un par de artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en paralelo al tratamiento de la LUC y medio que pasando desapercibido en lo que es la presencia pública la aplicación de ese decreto famoso, número 90 del 2020, que fue sacado justo un par de días antes que hicieron que el decreto tiene fecha de 11 de marzo, y la pandemia es el 13.
Ahí el Poder Ejecutivo mandata a una reducción presupuestal del 15% a todos los incisos presupuestales, quiere decir a todos los Ministerios. Y parte de esa reducción presupuestal y específicamente mencionada ahí, tiene que ver con la no renovación de los contratos vencidos en 2019 y solamente un tercio de los que se vayan a vencer ahora, durante el 2020.
En especial en el Ministerio de Ganadería que es el Ministerio de cercanía nuestra digamos como ente autónomo, pero como trabajamos con la misma población y sobre el mismo sector es con el que más articulamos; ahí hay una Dirección de Desarrollo Rural que para nosotros es fundamental, básicamente montada sobre gente que tiene una relación de trabajo vía contrato. Eso quiere decir que no son funcionarios públicos, que le facturan al Estado por los servicios personales y profesionales que brindan, y que en su gran mayoría son contratados por fuentes de financiamiento externas. Quiere decir que son los que van a caer en este marco de no renovación.
Y así como te digo de la Dirección de Desarrollo Rural, otros que también nos afecta a nosotros y creemos que forman parte de esta línea de coherencia que tiene el gobierno entre la LUC y los ahorros, que por ejemplo son los compañeros que están trabajando en forma contratada en la Dirección General de Recursos Naturales, que son los que tienen que ver con el control de uso básicamente de agua y suelo.

 

MAB: ¿Eso es lo que está adentro de Desarrollo Rural?

JA: Desarrollo Rural tiene a Descentralización y a la Dirección General de Desarrollo y la RENARE o lo que era la Dirección Nacional de Recursos Naturales, no está dentro de Desarrollo Rural, es otra Unidad Ejecutora dentro del Ministerio, y es otra de las que tenía un conjunto importante de trabajadores contratados de esta misma forma.

 

Diego Martínez: ¿Además de los recortes a nivel presupuestal y a nivel también de recursos humanos, los contenidos de esta ley también afectan lo que es la mirada que tienen ustedes como trabajadores de Colonización?

JA: Como trabajadores la mirada es de preocupación digamos por el conjunto de trabajadores que pierden sus ingresos o directamente que pierden sus fuentes de trabajo. Y que otra vez volvemos ya a transitar un camino donde los trabajadores van a seguir pagando el pato digamos de las reducciones presupuestales o las crisis provocadas en este caso por una pandemia, eso como trabajadores.
Después, como servidores públicos en un Instituto que durante el último tiempo hizo un esfuerzo importante por trabajar en forma cercana a una población que venía teniendo problemas de acceso a la tierra y de posibilidad de subsistencia como productores familiares, nos preocupa que se cambie el lineamiento, claramente va a cambiar el lineamiento de hacia quién se va a trabajar y para quién se van a generar políticas. Con todas las dificultades que pudo haber tenido la Dirección de Desarrollo Rural y el trabajo interinstitucional que intentamos toda la institucionalidad pública hacer en el territorio fue una línea de trabajo que había surgido del reclamo de las mismas organizaciones de productores a partir de la crisis en 2000.
Las políticas públicas diferenciadas hacia la agricultura familiar fue un reclamo de la sociedad civil organizada a través de sus organizaciones, ¿qué cosas le reclamaban? Le reclamaban que el Estado fuera solamente uno y generar una coherencia en el trabajo, en el territorio, cosa que durante este último tiempo se intentó hacer y con el cual entre otras cosas, generamos confianza personal y no solamente institucionales en el trabajo de base digamos, en el trabajo territorial. Y, por otro lado, lo que se le reclamaba al Estado era que cada uno de los proyectos que se aplicaban con financiamiento externo también tuvieran una línea de coherencia y funcionaran en forma centralizada. Y para eso la respuesta del Poder Ejecutivo fue la generación de la Dirección de Desarrollo Rural, que en realidad juntó lo que en aquel momento eran los proyectos que funcionaba en forma paralela e individual que eran el Uruguay Rural, el Programa Ganadero, y el Programa de Producción Responsable, todo eso significó para darle una lógica y potenciar el aterrizaje en el territorio de forma única en la Dirección General de Desarrollo Rural.
Lo cual para nosotros como trabajadores, como parte del sector, no dejó de ser una forma de trabajo que posibilitó un conjunto de avances que se dieron para el sector, es un sector que hoy tiene un registro de productores familiares. Hoy el país puede identificar en cada departamento, en cada lugar dónde está, quién es, y a qué se dedica cada productor familiar, y a partir de ahí, generar políticas específicas de apoyo. Eso es un producto bien concreto que no existía antes, que hoy lo pueden usar como insumo -si quisiera- cualquier Unidad Ejecutora del gobierno nacional o del gobierno departamental.
Y generó una política por ejemplo de acceso a la tierra, que en el último ejercicio de los 15 años del Frente Amplio a nivel de gobierno nacional, incorporó 230 mil hectáreas al patrimonio del Instituto Nacional de Colonización, lo cual significa un ingreso importante de gente al Instituto como colono siendo hoy prácticamente el único refugio que le viene quedando a la producción familiar para sostenerse como productores en el campo. Porque hay una competencia feroz por la tierra, una competencia donde evidentemente están ganando los capitales más grandes y los rubros de mayor dinamismo que ya sabemos cuáles son, rubros que tienen muy poca presencia la producción familiar.

 

MAB: Ustedes hablan de la creación que se propone la creación de un Instituto de Derecho Privado como el de la Granja, ¿no hay ya un Instituto de la Granja a nivel del Ministerio? 

JA: Sí, hay. Eso también forma parte de esta nueva embestida liberal o neoliberal que es sacarle algunas potestades a los gobiernos centrales y a las Unidades Ejecutoras del Poder Ejecutivo y pasarlas a ese tipo de unidades que son entidades públicas, pero que juegan en el derecho privado, que escapan de alguna forma a algunos tipos de controles que tienen los institutos públicos y que van dejando a las Unidades Centrales con menos capacidad de trabajo, menos capacidad de acción y debilitándolas.
Lo que había hoy es una Dirección -la DIGEGRA-, la Dirección General de la Granja, que tenía un montón de cometidos, este Instituto aparte de eso que te digo.
La otra cosa que tiene relativamente cuestionable es que incluyen dentro de la Granja, la producción de cítrico, que nosotros -por los datos que manejamos- la citricultura en Uruguay no es un rubro como puede ser en otros países que sea de producción familiar. El rubro de la citricultura es un rubro de productores capitalistas, capitalizados que trabaja básicamente con mano de obra contratada, y todo el mundo sabe lo que ha pasado por ejemplo acá en el litoral norte, con algunas empresas como Citrícola Salteña. No hay producción familiar en la citricultura y no vemos la necesidad de incluir al sector citrícola a generar políticas para un sector que básicamente produce como la granja nuestra, la granja uruguaya, producción para el abastecimiento de mercado interno, sobre la base de ahí si en un conjunto muy especifico y muy grande de producción familiar que tiene lugares de enclave bien concretos también en Uruguay, como es básicamente Canelones y Salto.

 

MAB: Ustedes plantean en un punto del comunicado que la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio tiene casi la mitad de los funcionarios con contratos financiados por fuentes externas, ¿qué fuentes son?

JA: Ahí hay varios proyectos. Pero básicamente son Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

 

MAB: ¿O sea que ellos se hacen cargo del pago digamos de los contratos?

JA: En definitiva es endeudamiento externo. Son proyectos que Uruguay consigue financiar a través de esas fuentes de financiamiento que de alguna forma van a engrosar lo que es la deuda externa o la deuda del país.

 

DM: ¿Eso desde cuándo más o menos?

JA: Eso es desde que hay proyectos con financiamiento externo y desde que se reactivó, digamos de alguna forma, la posibilidad de que Uruguay tomara ese tipo de crédito cuando dejó de recibir algún tipo de ayuda que no generaban tanta deuda externa. Por ejemplo hubo una época de Uruguay donde uno de los fondos que era el Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola, el FIDA, financiaba estos proyectos. Pero los financiaba con otro tipo de devolución, soberana digamos.

DM: Pero hace meses o años que se da esto…

JA: Hace años. Te digo, el FIDA se fue de Uruguay en el -ahora no me acuerdo- pero creo que en el 2009. Estuvo presente durante toda la época del ‘90 hacia adelante.
Después cuando el gobierno tiene que tratar de generar financiamiento para volcar al sector agropecuario específicamente, porque hay que acordarse que a la salida de la dictadura y todo lo que fueron los ‘90, la política neoliberal lo que hizo fue romper todo lo que era el sistema de extensión y asistencia técnica para el sector rural. Y, específicamente, para la producción familiar. Ahí prácticamente desaparecieron muchas de las instituciones, el Plan Agropecuario prácticamente dejó de existir, la Dirección General de la Granja dejó de existir, algunos institutos como el de Colonización estaba sobreviviendo en una latencia ahí, que no la mataban porque tenía colonos y porque nunca le pidió plata al Poder Ejecutivo para pagar los salarios de sus funcionarios, pero nunca le dieron vida tampoco.
O sea había un desmantelamiento del Estado que en el sector se sentía de la misma manera que se sentía en la Educación, en la Salud, y en otra cantidad de lugares donde el Estado se había retirado en forma compulsiva. Más allá digamos de lo que fue el accionar de la dictadura en el castigo y persiguiendo el pensamiento de izquierda digamos, hubo un trabajo también económico que se hizo y que fue necesario imponer a través del terror.
La imposición de esta línea económica significó que a la salida de la dictadura el pueblo uruguayo haya perdido su capacidad salarial, que ha sido imposible hasta ahora recuperar; que perdiera un montón de beneficios que se brindaban a través del famoso Estado benefactor… Y todo eso hubo que empezar a zurcir de alguna forma.
Yo creo que falta mucho, de hecho a nivel salarial ya te digo estamos lejos de los niveles que tuvimos previo a la dictadura y nunca más fue posible recuperarlo. Y hay una masa salarial enorme que no se está volcando a los trabajadores, pero  que suponemos que a algún lugar va porque el producto bruto sigue creciendo.
Entonces, hoy se siguen imponiendo digamos pero ya con por lo menos con menos terror explícito que antes, una nueva etapa de ajuste y de desmantelamiento. Ya te digo este Decreto me parece que a nosotros como ciudadanos, como padres, como habitantes de este Uruguay debería preocuparnos; porque nosotros ya estamos viviendo a nivel del territorio las dificultades que se genera que se te rompa la impresora y no tengas cómo reponerla, o que tengas que hacer el service del vehículo y no tengas recursos para hacerlo, y que por lo tanto hay que parar el vehículo; y mañana va a venir el gurí a decirle que se cayó el pizarrón y la maestra no tiene para comprar un pizarrón nuevo.

 

MAB: Creo que ya está pasando eso.
Jorge, sobre el tema de los contratos, estos que decíamos financiados por fuentes externas, pero esos contratos son para casi la mitad de los funcionarios de Desarrollo Rural, ¿esos son los que se vencen y que hay que renovar?

JA: Sí, eso ya hubo, a partir de nosotros sacamos este comunicado de respaldo a los compañeros, porque además no solamente son puestos de trabajo, son compañeros que conocemos, son personas que habitan nuestro mismo lugar, y son trabajadores como nosotros que requieren de su ingreso para mantener su vida. Eso hubo una negociación el día lunes donde el gobierno va con una propuesta de no renovación de 50% de los contratos que se vencen, y se termina con una propuesta, una aprobación de que se van a renovar todos, pero con una reducción horaria, en promedio de un 40% eso significa una reducción salarial del 40%.

 

DM: ¿Eso es lo que firmó AFGAP (Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricutlruia y Pesca) con el Ministerio?

JA: Firmó eso y otra cláusula más que ahora como que después de que se enfriaron los ánimos y se está analizando un poco más qué fue lo que se firmó -y capaz está bueno que comuniquen más con la gente de AFGAP- lo que están viendo es la otra cláusula que firmaron la que habilita a las autoridades del Ministerio como a generar movilidad según las necesidades de la administración con esos compañeros. Quiere decir que compañeros que estamos trabajando por ejemplo en la Dirección de Desarrollo Rural y mañana los van a convocar desde Sanidad Animal, porque en realidad hay que ir a controlar un embarque que sale a no sé, con destino a la exportación de animales en pie y justo no hay un veterinario, van a llevar a un veterinario desde otros lugares, que eso no estaba inicialmente y cambia un poco las reglas de juego a nivel del contrato. Y para nosotros es una cuestión que va a haber que seguir analizando, a ver hasta dónde eso no significa violentar, digamos, las condiciones laborales.

 

DM: Si te parece leo lo que se firmó que está publicado en estas horas, dice:
“Tramitar la renovación de todos los contratos excepto un caso detallado en planilla adjunta -lo mencionan allí-; la renovación antedicha implica reducción horaria de los consultores según detalle adjunto” -que es lo que tú decías recién-. Y “en todos los casos” –este es el punto ese que genera algunas controversias- “las renovaciones están sujetas a la posibilidad de movilidad de los consultores y disposición para la capacitación necesaria según las necesidades de la administración”. Es lo que dice lo firmado, repito, el lunes como recién mencionabas.

JA: Yo creo que parte de digamos de la lógica esta, que viene, que articula un poco la necesidad de la LUC con la necesidad del decreto ’90, es una lógica que básicamente lo que busca es restaurar un privilegio a favor de determinados sectores, a través de los sectores empresariales. Hoy la noticia es que se van a postergar algunos vencimientos de Ose y de Ute para empresas, entonces toda la lógica va a favorecer a las empresas, castigando al trabajador y afectando las fuentes de trabajo.
Y este último artículo, de alguna forma que se terminó firmando, nos hace un poco recodar la parodia aquella de la propaganda donde la señora bajo la sombrilla se quejaba de que los trabajadores rurales estaban pidiendo descanso y jornadas de 8 horas. Yo creo que tienen una mirada acerca de que los trabajadores necesitan un lugar donde reponer y donde recuperar su capacidad de reproducción social, que eso quiere decir de ganar lo necesario para seguir subsistiendo, que los va a hacer trabajar en cualquier lugar, y para eso están tensando la piola por ejemplo, de esta manera, diciendo se van a quedar, pero se van a quedar con el 40% menos de las horas y van a trabajar donde nosotros pretendamos, donde nosotros decimos, nosotros sentimos, nosotros creemos, que tenemos que reforzar el trabajo de algunas Unidades dentro del Ministerio.
Y ahí lleva implícito también que ahora hacia la producción familiar vamos a trabajar menos. Por algo te estamos reduciendo el 40% para controlar lo que es uso y el abuso de los recursos naturales, también vamos a trabajar menos, y en definitiva todavía no está claro con quién vamos a trabajar más, porque esas son las cosas que no se están diciendo. Tenemos como una nuez donde estamos limpiando la cáscara, por adentro hay un gusanito que viene comiendo todas las estructuras y lo que nos va a quedar -porque en todos lados parece que está ocurriendo lo mismo- es un Estado que tienen una cáscara bien linda, pero que adentro se vació y dejó de cumplir sus principales funciones, y entre otras cosas son de brindar protección justamente a la población que más lo necesita.

 

MAB: ¿Cómo va a seguir esto ahora para ustedes Jorge? ¿Qué instancias quedan?

JA: Por lo que nosotros sabemos, los compañeros de la Mesa de Contratados de AFGAP han recibido cada uno de ellos una notificación con esto y ellos lo están analizando. En lo que es a nosotros como sindicato específico de Afinco, lo que nos queda es, porque somos un sindicato relativamente chico pero con una dispersión territorial importante, porque el Instituto tiene presencia en casi todos los departamentos del país, es a partir de esta realidad que un poco estamos constatando, tender puentes de trabajo con otras organizaciones y sobre todo con las organizaciones vinculadas a los trabajadores rurales y a los productores familiares; que de alguna forma nosotros lo que notamos es que no están dándose cuenta de lo que significa toda esta discusión y de cómo lo están vendiendo. O sea cómo el Poder Ejecutivo los vende públicamente con el discurso de la eficiencia, del ahorro, del gasto de calidad y otras cosas, y otros eslóganes de ese tipo, que son los que la prensa además está siempre permanentemente amplificando y los productores no están dándose cuenta de que en realidad antes contaban con un técnico al que podían ir a ver de lunes a viernes, de tal a tal hora, y hoy se van a encontrar que no, que en realidad tienen que ir lunes, miércoles y viernes, porque las otras horas ya no las tiene más para trabajar para el Ministerio.
Entonces se va a afectar seriamente los servicios que estaba recibiendo, y ya se afectó por ejemplo la posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento, este gobierno una de las cosas que hizo al principio de su gestión y sin tener pandemia en el medio, fue dejar congelado un proyecto que venía específico para fuente y distribución de agua, a nivel de predios rurales, donde se había presentado un montón de gente porque una de las preocupaciones más importante que hay en el sector es solucionar la dependencia que tiene con el clima y básicamente con los episodios de seca. Y este gobierno, para no ejecutar ese tipo de recursos que ya estaban comprometidos, para los cuales los productores habían gestionado sus apoyos técnicos necesarios para presentar los proyectos, hoy quedaron congelados, y las organizaciones de productores que se habían presentado como agentes de desarrollo territorial para llevar adelante la gestión de sus proyectos, no saben qué va a pasar. Entonces hay un montón de cosas donde ya se ve que se están afectando los servicios que se brindaban, ni que hablar de lo que ha anunciado el Instituto Nacional de Colonización que va a dejar de invertir recursos públicos en la compra de tierra, lo cual significa que también una política pública potente de acceso a la tierra como tuvimos los últimos años, va a desaparecer, y donde los pocos productores que vayan logrando subsistir tendrán que dar la pelea mano a mano con el agro negocio. Y ya sabemos lo que va a pasar.

 

MAB: ¿Quedamos en contacto, te parece?

JA: Si, nosotros estamos a la orden, muchas gracias por amplificar este comunicado.
Yo sé que hay veces que a la gente más de la ciudad no le ponemos trasmitir en poco tiempo, digamos, lo que significan estos tipos de apoyo para pobladores que viven lejos de todo. Pero créanme que son apoyo muy importantes, que hacen a la calidad de vida, que hacen a la socialización, que hacen al contacto con otra gente para esos pobladores, y que muchas veces ayuda no solamente en lo productivo, sino también en lo social y en lo cultural, a sobrellevar la dura realidad de la producción familiar.

 

MAB: Estaremos en contacto nuevamente precisamente para hablar de eso, del tema de la tierra, del uso de la tierra, la producción familiar, la producción de alimentos, así que vamos a estar en comunicación nuevamente Jorge Azziz. Muchas gracias.

JA: Bueno, un abrazo.

 (*) Compartimos a continuación el comunicado de AFINCO

Comunicado de apoyo a los equipos de trabajo del territorio

A los compañeros de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP), a la opinión pública en general y a la población que se siente parte de la producción familiar en particular, la Asociación de Funcionarios de Colonización manifiesta su apoyo y respaldo a los equipos de trabajo del territorio nacional.
Aprovechamos este día para manifestar en primer lugar nuestro respaldo a los compañeros de AFGAP movilizados en defensa de las fuentes de trabajo, en segundo, el estado de alerta frente a los tiempos queparece iremos a reeditar, tiempos de resistencia y defensa de derechos conquistados.
Estamos transitando una etapa que más rápido que pronto culminará en un nuevo ciclo de desmantelamiento de los servicios públicos que atienden a la fracción más numerosa y, a la vez, más vulnerable de nuestro agro, como son los/as trabajadores/as rurales y productores/as familiares, habitantes del interior profundo. Urge tender puentes de solidaridad y organización.
Este desmantelamiento, va a favor de la desregularización de obligaciones de las clases más poderosas y profundizará la penetración del más despiadado capitalismo nacional y supranacional en nuestro principal sector estratégico y económico.
El gobierno tiene un proyecto coherente y alejado de los intereses de las mayorías nacionales.
No es casual que:
1) El proyecto de ley de urgente consideración reúne un conjunto de artículos que, a diferencia de los discursos, atacan y quieren suprimir aspectos relacionados al espíritu y la razón de ser del Instituto Nacional de Colonización. A su vez, se propone la creación de un instituto de derecho privado, como el de la granja, que quitaría funciones a las unidades ejecutoras ya existentes dentro de la institucionalidad pública. En forma simultánea, se establece una amenaza ambiental directa en la reducción de las áreas
protegidas y se crea, no sé sabe cómo ni para qué, un nuevo ministerio de medio ambiente.
2) El Directorio del INC, como único y original lineamiento estratégico que ha dado a conocer, manifestó el cese de las inversiones públicas en tierras con fin social, cuando es claro que los/as aspirantes a colonos/as en cada llamado público se vienen incrementando ya que es la única opción de estas personas de permanecer y sobrevivir en el medio rural ante el desplazamiento al que son sometidos por el
agronegocio.
3) La Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP que tiene casi la mitad de sus funcionarios/as con contratos financiados por fuentes externas y la mayoría de ellos/as son técnicos/as que trabajan en el territorio y acompañan procesos de las organizaciones de la sociedad civil, hoy ve su continuidad funcional seriamente comprometida si el Poder Ejecutivo no asume la necesaria renovación de los contratos de sus trabajadores/as con quienes otras instituciones, como el INC, necesariamente articulamos políticas pública.