“RECHAZAMOS ESTE INTENTO DE DGI DE CAMBIAR EL SISTEMA DE ACCESO A LOS CARGOS DE CONDUCCIÓN”
Entrevista a Aidemar González (AFI) 24 de noviembre de 2020.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Impositiva  (AFI), Aidemar González, compartió la mañana de la 36 para relatar la preocupación del gremio debido a las designaciones a dedo en el organismo entre otras irregularidades que vienen denunciando. Explicó que si bien hay una ley votada en el gobierno del Frente Amplio que determina los concursos para ascenso en la DGI, nunca la cumplieron. Eso hace que haya “dificultades internamente en la DGI en lo que es la carrera administrativa, las posibilidades de ascenso de los funcionarios”, dijo. Transcribimos esta nota que puede volver a escuchar aquí:
https://archive.org/details/aidemar-gonzalez-sindicato-de-la-dgi

 

Diego Martínez: Estamos recibiendo aquí como habíamos anunciado a Aidemar González, presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI), que además integra el Consejo de COFE, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás?

Aidemar González: Bueno, un saludo a toda la audiencia, un saludo para ustedes y bueno, aquí presente para informar sobre la situación de DGI (Dirección General Impositiva) y todo lo que ustedes consideren necesario, evacuar alguna consulta, duda

 

DM: Vamos a hablar de la actualidad pero para poner a la gente en situación, la DGI tuvo varios procesos de reestructura con varios movimientos y hoy por hoy cómo estaba la DGI antes de que se diera esta situación del presupuesto, la LUC que interviene sobre la Dirección General Impositiva.

AG: Sí, en el año 2005 es cuando se da la gran reforma en la DGI, se inicia un proceso de reestructuración donde el eje central es que se establece un sistema de exclusividad cuando los funcionarios de DGI cumplen funciones únicamente en el organismo con excepciones vinculadas principalmente al tema docencia, lo cual implica que el funcionario cumple tareas únicamente en el organismo.
Eso claramente tuvo un impacto positivo en lo que es la eficiencia de la DGI, en mejorar los indicadores de recaudación, en reducir los indicadores de evasión y desde el 2005 hasta ahora se ha visto un crecimiento de la recaudación por encima de lo que ha sido la evolución del Producto bruto Interno (PBI).
Esto se debe, uno de los factores es la reestructura, y bueno, después la gestión de los organismos durante estos años que también en determinadas definiciones pueden incidir en la misma pero principalmente lo que es la reestructura de la DGI incidió en estas cuestiones.

 

DM: Esto es porque se especulaba que antes, al estar de los dos lados del mostrador, había como cierta complicidad a veces entre el funcionario y las empresas. Que eran asesores o eran integrantes de empresas e hiciera un poco más laxo, por decir de alguna manera y tratando de ser buenos con los funcionarios, pero la reestructura generó eso.

AG: Sí, la reestructura genera una situación donde estás de un lado, que es del lado del Estado en definitiva en controlar lo que es la aplicación de las políticas tributarias definidas por el Parlamento y por Poder Ejecutivo.
Entonces, eso claramente impacta en la gestión del organismo y nosotros vemos como positivo un sistema de exclusividad en el organismo tributario porque contribuye en definitiva a lo que es mejorar la gestión del organismo. Y la mayor parte de los recursos públicos que después se aplican para todo lo que es educación, seguridad, asistencia, políticas sociales y demás, son todas recaudaciones de la DGI. Entonces generar mayor eficiencia en esa recaudación, es positivo.
Hay 1.350 funcionarios en DGI en todo el país, hay oficinas en todo el país de los cuales 240 son encargados, cumplen funciones de conducción en distintos niveles del organismo. Cada 6 funcionarios hay 5 en nivel operativo y un funcionario encargado, aproximadamente esa es la situación.
Hasta el año 2010 la característica era que las designaciones de esas funciones de conducción eran de designación discrecional. Es decir, era el jerarca quien determinaba quién ocupaba los cargos de conducción.
Nosotros una reivindicación histórica del sindicato era que esos cargos fueran provistos mediante concurso, mediante un procesamiento transparente de asignación de los cargos. En el año 2010 se llevó un proceso en el cual la ley de presupuesto de ese año, la 18.719, instrumenta los concursos para las encargaturas de la DGI y quedan excluidas aproximadamente unas 30 encargaturas de las 240. Donde, bueno, el legislador a iniciativa de la Dirección de DGI y del Ministerio de Economía entiende que el 100% no deben concursarse.

 

María de los Ángeles Balparda: Tienen que ser como de confianza de la administración digamos.

AG: De la administración, y hay excepciones, los directores de división, los subdirectores, el auditor interno.

 

DM: Aunque fueran funcionarios de carrera igual tenían que ser nominados por la dirección.

AG: Por la dirección, 7 asesores, aproximadamente son unos 30.
Durante estos años, desde el año 2010 hasta la fecha dado que no se cumplía con los concursos por más que estuviera la ley, hubo varias instancias de movilización del sindicato que llevó a que en varias ocasiones y especialmente en 2017 se volviera a votar la ley que estableció los concursos buscando la manera de que sea más obligatorio el concurso.
Se habían concursado hasta 2018 40 de las 210 encargaturas.

 

DM: A pesar de que hubo un cambio de gobierno en el medio.

AG: Sí, sí. O sea, siendo los mismos gobiernos del Frente Amplio que se votó la ley, no se instrumentaban igualmente los concursos. Porque en un proceso de 8 años, para concursar 200 cargos es tiempo suficiente.
Se inició un proceso de conflicto que generó que se discutiera en el Ministerio de Trabajo y llegamos a un acuerdo en el cual las encargaturas que estaban pendientes iban a concursar antes de marzo de 2020.
Se concursaron aproximadamente unas 70 más, faltan aún 100 encargaturas que están designadas en forma discrecional y nosotros estamos planteando que los concursos para los que se inició la inscripción, se culminen.
Hay dificultades internamente en la DGI en lo que es la carrera administrativa, las posibilidades de ascenso de los funcionarios, que haya una perspectiva real de crecimiento dentro del organismo, que no esté el funcionario desde que entra planchado en su grado de ingreso durante años, donde hay funcionarios que hace 20 o 30 años que no ascienden.
Previo al ingreso del proyecto del presupuesto enviamos a la administración por nota una propuesta concreta de carrera administrativa para el organismo, para comenzar a discutir, ni siquiera era instrumentar un sistema de carrera administrativa sino comenzar a discutir, analizar en el marco de una negociación colectiva.
Consultamos cuáles eran los artículos que DGI pretendía incorporar en el presupuesto, no tuvimos ninguna respuesta, no se cumplió la ley de negociación colectiva, no se generó ningún intercambio a pesar de las reiteradas ocasiones en las que el sindicato pidió y consultó sobre el tema, y cuando ingresa el proyecto de ley pudimos ver que se incorporó un artículo en el cual se modifica el sistema de acceso a las encargatura. Y la mayor preocupación nuestra es que, habiendo pendiente aproximadamente 100 cargos de conducción sin concursar, los problemas de la carrera administrativa, la falta de concursos de ascenso tal y como está acordado con la administración en el período anterior, uno de los cargos que hoy está previsto se asigne por concurso pasa a ser de designación discrecional. Se trata de la encargatura del departamento de comunicación, es un salario de más de 220.000 pesos y nosotros entendemos que los jerarcas, cualquiera sean estos, no deben tener la facultad de asignar recursos públicos a su libre albedrío en función de lo que se entienda por razones de afinidad, confianza, amistad o vínculo que desconocemos, pero que no tiene nada que ver con un proceso democrático y transparente de asignación de los cargos.

 

DM: ¿Era un cargo que se había concursado y que ahora se pretende asignar de manera discrecional?

AG: Era un cargo que de acuerdo a la normativa vigente debe concursarse, está dentro de los cargos, aproximadamente el 50% de los cargos de encargatura en DGI aunque es obligatorio hacer concurso, no se han concursado y nosotros estábamos exigiendo que todos esos cargos se concursaran.
Lo que la administración impulsa ahora es que uno de esos cargos que se suma a los otros, en realidad habla de departamentos unidad de comunicación, ahí parecería que fueran más de uno pero se planteó así por parte de la administración en la ley, y bueno, no sé si es para generar confusión o qué, ahí hay dos encargaturas que no tienen funcionarios a cargo. O sea, son dos personas, sin importar quiénes sean pero son dos personas que ocupan esos cargos pero no tienen ningún funcionario operativo, son encargaturas de ellos mismos diríamos, no tienen gente con la que coordinar, dar órdenes, indicaciones sino que son funciones encargadas de un área que reportan directamente a la dirección de DGI.
Nosotros entendemos que en el caso de DGI concretamente donde la comunicación está vinculada a la aplicación de la normativa tributaria, especialmente campaña IRPF y a la interna sobre las medidas de gestión humana vinculadas a los funcionarios o de recursos humanos, claramente nosotros entendemos que no es un cargo de carácter político, es un cargo de carácter técnico y debe ser concursado.
Entonces, nosotros rechazamos este intento de DGI de cambiar el sistema de acceso a los cargos de conducción, y es por eso que hicimos toda una recorrida parlamentaria y estamos a la espera de que el Senado no vote este cambio en el articulado.

 

MAB: Claro, es un sueldo importante además.

AG: Sí, se trata de un salario importante, son más de 220.000 pesos por mes, son los cargos de conducción de DGI. Y si bien se diría que es un cargo en más de 200, el tema es el mensaje que se da, el mensaje hacia los funcionarios, el mensaje hacia la población porque es importante que los recursos públicos sean asignados mediante criterios transparentes, mediante criterios objetivos y con sus dificultades, el concurso siempre es un mejor procedimiento que la designación a dedo de un jerarca sea cual sea este.

 

MAB: Vos estás en la directiva de COFE también. ¿Esto lo ven como algo muy distinto a lo que pasa en el resto de los organismos del Estado o tiene paralelos?

AG: Nosotros en lo que es todo el sistema de conducción, el proyecto de Presupuesto incorpora algunas modificaciones al sistema actual. El problema que se genera a nivel general es que a partir del año 2013, el estatuto y normativas anteriores, se genera una situación en la cual las encargaturas de jefes de división y otras, una vez que cesan en los cargos pasan a ser funciones.
Es decir, al ser una función deja de ser un cargo presupuestal permanente y depende su asignación a si se realizan o no concursos para acceder a las mismas.
Es decir, no tienen la estabilidad en el cargo por no ser un cargo presupuestal sino hacer una función encargada de una tarea concreta.

 

MAB: No es un cargo que queda, el cargo como cargo.

AG: Claro, el cargo no queda, se transforma en función y entonces a nivel de COFE estamos planteando que todas esas funciones que se han generado a lo largo de estos años sean también concursadas. Lo que en el proyecto de ley del presupuesto actual que está en discusión del Parlamento, tiene como una serie de cuestiones que son importantísimas, una de ellas es la pauta y el ajuste salarial en definitiva para los próximos 5 años. Otra está vinculada a las licencias médicas y al cambio de criterio y a la pérdida de derechos adquiridos para los funcionarios. Otra está vinculada a los procesos de reestructura que pretende impulsar el Poder Ejecutivo y que son procesos de reestructura que tienen una finalidad que es reducir el gasto del Estado reduciendo los puestos de trabajo, es decir, no son reestructuras pensadas con el objetivo de mejorar la eficiencia del organismo para prestar un mejor servicio sino de forma tal de buscar los perfiles que permitan identificar áreas donde se produzca una reducción de personal.
Y después un sistema de carrera administrativa donde tiene 2 cuestiones que son la pérdida de derechos adquiridos y la rebaja de salario.
Entonces, se genera un paquete en el presupuesto donde el objetivo del gobierno es reducir el gasto del Estado sobre la base de baja de personal, baja de puestos de trabajo y reducción de salarios. Es lo que nosotros entendemos y claramente no compartimos porque además todo lo que pega en el salario del funcionario público, pega en el Índice Medio de Salario y pega en la reducción de las jubilaciones y pensiones.

 

MAB: Sí, determina lo de todos.
Esto no es menor, viene a ser el famoso achique del Estado que algunos ponían en los parabrisas de los autos, más o menos viene por ahí.

 

DM: Bueno, hay varios temas vinculados a los funcionarios públicos, me gustaría que puedas detallar lo que están viviendo ustedes también como trabajadores integrantes de COFE en estos momentos con todo lo que está arriba de la mesa que parece que toda la legislatura tanto a nivel de presupuesto, de la Ley de Urgente Consideración (LUC) como hasta el propio escenario de la posible reforma de la Seguridad Social todo va quitando derechos, todo va mordiéndole un poco más a los trabajadores que ya venían soportando cascotazos.

AG: Sí, nosotros a nivel de COFE mantuvimos reuniones con todos los candidatos presidenciales previo a las elecciones, especialmente con el Dr. Luis Lacalle Pou se mantuvieron varias instancias de reunión. Y dentro de los compromisos que se asumieron en esas instancias es que no se iban a afectar los derechos adquiridos y que no iba a existir pérdida de salario real, se iba a mantener al menos el salario real durante el período de gobierno.
Es más, mantuvimos una reunión hace aproximadamente 3 meses donde ya la situación de pandemia estaba instalada en nuestro país y el presidente nos volvió a reafirmar que no iba a existir pérdida de salario real.

 

DM: Eso para la gente quiere decir que se indexa digamos a la inflación. Es decir que si la inflación aumenta, aumenta el salario de la misma manera.

AG: Sí que partiendo de la base del inicio del período, de marzo del 2020 al finalizar, el salario en término de los precios, mantendría el mismo valor. O sea que si con 100 pesos de marzo del 2020 puedo comprar determinada cantidad de productos, esa misma cantidad de productos la pueda comprar al final el período. Eso implica que el salario rinda lo mismo, valga lo mismo y no tenga una pérdida de valor por aumento de precios.
La realidad es que cuando nos enfrentamos a este proyecto de ley de presupuesto que está considerando el Senado, tiene justamente rebaja salarial y pérdida de derechos adquiridos. Se define una política en la cual teniendo sobre la mesa distintas variables como por ejemplo el aumento de impuestos para los sectores de mayores ingresos, de mayor capital de nuestro país o lo que es la eliminación de exoneraciones tributarias para determinadas áreas donde se concentra el capital, el Poder Ejecutivo cumple esa promesa de campaña de no aumentar impuestos pero no cumple la promesa de campaña de no recortar derechos y no bajar el salario.
Entonces, no se trata ante una situación específica, de crisis sanitaria y demás por igual a lo que es el capital, lo que es el trabajo, y nosotros entendemos que una política contractiva en materia de gastos, en materia del salario, genera un mayor perjuicio  en lo que es la perspectiva del crecimiento de la economía.
Como decíamos hoy, hay 4 elementos que implican que el proyecto de ley de presupuesto atenta claramente contra estos derechos, este salario. Uno es el artículo de ajuste salarial donde hay una rebaja consagrada en el mismo si se vota tal como está, otro es el artículo de licencias médicas, y después reestructuras pensadas para reducir personal y una carrera administrativa pensada para rebajar el salario del conjunto de los funcionarios públicos hacia adelante.
Entonces es un paquete que tiene un objetivo que es reducir el déficit sobre la base de un recorte de derechos y salarios del conjunto de funcionarios públicos. Eso para nosotros es preocupante y eso para nosotros ha generado instancias de movilización tanto del PIT-CNT como de COFE específicamente donde hemos reivindicado y hemos planteado que estamos totalmente rechazando todos estos artículos del presupuesto.

 

MAB: Claro.
Ahora, vos decías que esto se había conversado hasta con el presidente de la República y ya en el marco de pandemia, o sea que no se puede alegar sorpresa, problemas nuevos, no se puede alegar.
Pero lo que se plantea, esta mañana escuchaba a Penadés que es uno de los que está en nombre del gobierno en la negociación en el Parlamento, diciendo que la recuperación salarial sería en el 2024. ¿Ustedes aceptan una respuesta de este tipo que diga, bueno, les dijimos que no van a perder y bueno, lo van a recuperar en el 2024?

AG: En lo que se refiere al ajuste salarial, el artículo propuesto hasta el momento no genera ninguna certeza de que haya una recuperación del salario. Primero porque lo que establece el artículo es que en el año 2021 el ajuste salarial va a ser la inflación, lo que dé el IPC menos el 5%, o sea que supongamos que hay un IPC de 9,5, el ajuste de enero va a ser de 4,5, eso implica una pérdida de salario real porque no se acompasa al ajuste inflacionario.
En enero de 2022, sin perjuicio de lo que pase con la inflación del 2021, el ajuste va a ser de 5,8, ya está definido también específicamente en el artículo. Que quiere decir que hay una pérdida de salario real en 2021 porque no acompasa el IPC y hay una pérdida de salario real en enero de 2022 que tampoco acompasa el IPC. Por tanto hay dos aumentos consecutivos donde el ajuste de enero va a implicar una reducción del poder adquisitivo del salario de los funcionarios, lo cual tiene a su vez un impacto en el Índice Medio de Salarios y a su vez tiene un impacto en lo que son las jubilaciones.
En enero del 2023 se genera un ajuste vinculado a la inflación que se proyecta el gobierno para el 2023 y se puede dar un correctivo entre la inflación del año 2022 y el ajuste de 2022, ese 5,8 que hablábamos, y así consecutivamente hacia adelante.
¿Qué es lo que dice el artículo? Que en términos del Índice Medio de Salario real del sector público, en realidad del gobierno central, a enero del 2024 no tiene que haber pérdida de poder adquisitivo. Entonces, nosotros entendemos que, primero, ¿qué pasa con el año 2021? Porque los correctivos comienzan en enero de 2023 respecto al año 2022.

 

DM: O sea estarían ya perdiendo el 5%.

AG: Sí, ese 5% se perdería en forma definitiva diríamos, pero además hay otra pérdida por el cambio de índice. No es lo mismo decir, a los efectos de decir si hay pérdida o no del poder adquisitivo el indicador es el Índice de Precios y no el Índice Medio de Salarios en este caso del gobierno central como se plantea, que puede estar afectado por variables como por ejemplo, bueno, el gobierno focaliza el salario en un determinado organismo, en una determinada área. Eso implica que en ese mes el salario suba lo cual perjudica a los lugares que no tienen un aumento de salario real.
Entonces, cada cosa que se toca dentro de ese índice va a beneficiar a algunos y perjudicar a otros, es más, los aumentos que tengan unos después se van a ver compensados en menos porque el Índice Medio de Salarios aumentó. Entonces nosotros queremos que el indicador sea el IPC (Índice de Precios del Consumo).
¿Qué planteamos nosotros? Que la inflación de 2021, que es la que queda colgada en este proceso de ajuste, porque no se menciona ni a partir de enero de 2023 y a partir de enero de 2021 lo que se hace es el correctivo de la inflación de 2020, bueno, esa inflación explícitamente se establezca que se pague en 3 cuotas.
Es decir, nosotros obviamente hemos planteado públicamente que estamos dispuestos en el marco de pandemia y demás a tener una pérdida de salario real, pero que a lo largo del período esa pérdida se recupere.
¿Y por qué? Porque se genera una reducción de la masa salarial producto de la reducción de puestos de trabajo porque cada 3 vacantes entra una. Se produce una reducción de la masa salarial por una reducción del salario, sin embargo la perspectiva de crecimiento de lo que es el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo argumentado, el que el año que viene vamos a estar a valores del año 2019 en materia de PBI, o sea que la caída de 2020 se recupera y en los años siguientes habrá un crecimiento.
Por tanto se da un crecimiento de acuerdo a las estimaciones del gobierno del producto de la economía, un crecimiento de la recaudación, la masa salarial del sector público cae por pérdida de puestos de trabajo y por reducción del salario, y no se asegura que al menos se mantenga el poder adquisitivo.

 

DM: Para ustedes la respuesta del movimiento sindical en general está marcando la agenda digamos para intentar torcer esto que está discutiéndose a nivel presupuestal. Y la evaluación que te voy a pedir es si estaba siendo acorde a la necesidad de la situación.

AG: Sí, nosotros a nivel de COFE hemos impulsado y realizado varias instancias de movilización también coordinadas en el marco del PIT-CNT y también especialmente en el departamento de públicos, y movilización específica únicamente de COFE.
Hemos dado una respuesta en la calle, una respuesta de movilización. Hemos realizado también un paro específico de 24 horas en respuesta al ingreso del presupuesto al Parlamento, y estamos evaluando cómo seguimos hacia adelante en una respuesta donde si el gobierno no cumple con los compromisos asumidos obviamente se genera una conflictividad permanente a lo largo de los próximos años, porque nosotros entendemos que no tiene que haber pérdida de salario real y que además no compartimos, rechazamos la pérdida de derechos adquiridos.
Una de procesos que se van a iniciar a partir del año 2020 como es reestructura y carrera administrativa que va a implicar que en función de cómo eso se avance, nos posicionemos en caso de que se afecten el salario y los derechos adquiridos.
Pero dos cambios concretos que son la rebaja salarial y el cambio de la licencia médica que genera una pérdida de derechos significativos, va a implicar que en los próximos meses y en los próximos años haya una conflictividad permanente en el sector público si estas cuestiones no se resuelven.
El proyecto ahora está a discusión del Senado, obviamente nosotros como sindicato a nivel de COFE siempre apostamos a la negociación colectiva, apostamos a que si bien no hubo ninguna instancia de intercambio con el Poder Ejecutivo vinculado a todos los aspectos de los funcionarios públicos, salvo lo que es sí el ajuste salarial previo al ingreso del proyecto de presupuesto, si se han generado conversaciones a nivel de los legisladores. Porque nosotros hemos realizado gestiones con todos los partidos políticos, tanto en Diputados como en el Senado, ahí ha habido intervenciones de legisladores tanto del Frente Amplio pero especialmente también en la coalición que es donde tienen intercambio con el Poder Ejecutivo con el objetivo de buscar un acercamiento entre las partes.

 

DM: ¿Ustedes van a ir a la Comisión de Hacienda?

AG: Nosotros ya estuvimos, ya en este momento los artículos se están votando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y ahí el senador Gandini ha hecho especialmente algunas gestiones intentando buscar un acercamiento entre las partes y demás que hasta el momento han sido infructuosas, y bueno, estamos esperando que pase porque en los próximos días se termina de votar en Comisión, después pasa al Plenario y este tiene hasta el 4 de diciembre para cumplir los 45 días en el Senado para que vuelva a Diputados y 15 días después el proyecto se transforma.

 

DM: Bueno, hay un par de temas que también queríamos mencionar, ayer se resolvió por la Mesa Nacional del PIT-CNT el llevar una moción a la intersocial en búsqueda de derogar 116 artículos de la LUC.
¿Ustedes desde COFE cómo participaron de esa discusión y si están incluidos también algunos artículos que afectan a los trabajadores públicos?

AG: Sí, como hemos manifestado públicamente la resolución del PIT-CNT, vamos a impulsar lo que es esta movida contra la LUC, nosotros si manifestamos en las instancias de intercambios y demás que hay dificultades en materia organizativa para poder llegar a las firmas necesarias pero que vamos a poner todo para poder llegar a las mismas. Y que el escenario de crisis sanitaria es un escenario complejo que además se te afectan actividades que generan concentración de personas y que son propicias para juntar firmas, lo cual va a implicar una mayor tarea en lo que es el cara a cara, el casa a casa y en la búsqueda de la firma más individualizada porque durante este período en el cual deben contarse las firmas esperemos que cuanto antes pueda avanzarse en resolver la situación de pandemia, pero son cuestiones que afectan.
Y bueno, sobre el énfasis de los artículos en los cuales se va a tratar en la discusión de la LUC nosotros entendemos que tiene que existir una información clara y concreta a la ciudadanía. Es un tema que más allá de la LUC lo que está hoy en la gente es que falta mayor información, este grupo, esta comisión o espacio de trabajo va a tener que focalizarse en presentar a la ciudadanía los elementos claves que generan un perjuicio y que por eso es que nosotros vamos contra especialmente lo que es la criminalización de la protesta y medidas que nosotros entendemos que en lo que es un país democrático como el Uruguay, tener perspectivas distintas, generar instancias de movilización, instancias que impliquen hacer conocer a la ciudadanía el por qué nos estamos movilizando y reivindicando determinadas cuestiones y que eso pueda estar rozando cuestiones lícitas o ilícitas, es un problema que para nosotros es grave y es uno de los temas centrales en los cuales la LUC avanza, en lo que es la represión y en lo que es reprimir las protestas sociales.
En el día de hoy tenemos Consejo Directivo de COFE y es uno de los temas que vamos a hablar. Los compañeros que participan directamente en el PIT-CNT que principalmente son los compañeros Joselo López y Martín Pereira, y ahí, bueno, intercambiaremos sobre la información de las últimas semanas en materia de la LUC e iremos hacia adelante.

 

DM: Más allá de que no corresponden a la administración central que es donde está todo el tema de COFE, está todo el tema empresas públicas también arriba de la mesa, el tema de la privatización posible de algunas áreas de las empresas públicas.

AG: Sí, son temas que al momento de dar la información a la ciudadanía tienen que dilucidarse de la mejor forma. Hay que definir los elementos centrales que mayor preocupación generen en la población para salir a dar la batalla contra la LUC.
Y eso es lo que se viene en los próximos meses, estamos hablando de que se vienen meses complicados, es una realidad, enero y febrero son meses complicados, situación de pandemia y la necesidad de generar instancias de intercambio directo con los ciudadanos de nuestro país para transmitir la problemática existente y el por qué de la juntada de firmas.

 

MAB: Antes de terminar, una referencia a esto que decíamos hoy de por qué la audiencia de la Radio tiene que estar atenta a este tema, al tema de cómo les va a los funcionarios de la DGI, cómo les va a los funcionarios públicos en general, no es una cosa para decir eso es de ellos, yo no soy trabajador público. ¿Por qué hay que estar atento?

AG: Se genera un problema que si bien el gobierno asocia toda la situación de pandemia y demás, decíamos, no se toman las mismas medidas para quien sea, o no se cumple con las promesas de campaña depende si, bueno, no se van a aumentar los impuestos, eso se cumple, pero sin embargo se genera una situación de rebaja de salario de los funcionarios.
Entonces, todo lo que implica una rebaja salarial para lo que es el sector privado, el sector público, va a implicar en la confección del Índice Medio de Salarios. Las jubilaciones y pensiones, todo lo que es la Seguridad Social, está vinculado a la evolución de ese Índice Medio de Salarios.
Se genera una reducción salarial ahora en enero para el sector privado, porque además cuando se compara en junio del año que viene con la evolución del PBI se deduce la caída del mismo en el ajuste, también pasa lo mismo en el sector público que además durante 2 años consecutivos. Entonces, esa baja del Índice Medio de Salarios va a pegar en este ajuste pero especialmente en el ajuste de enero de 2022.
Entonces, se busca por parte del gobierno una reducción de masa salarial general de forma de bajar el gasto del Estado en función del salario, aumentar la ganancia del empresario en el sector privado en función de la rebaja de salarios y a su vez reducir las jubilaciones y pensiones hacia adelante con un Índice Medio de Salarios menor.
Entonces, todas estas cuestiones salariales terminan afectando a la población en general.
Y bueno, después los procesos de reestructuras en la administración que tienen el objetivo de declarar funcionarios excedentes. Es decir, los procesos de reestructuras que deben ser pensados para ver cómo un organismo se posiciona para dar un mejor servicio, acelerar los procesos de trámite, atención que no estaba generada o varias de trabajo que no estaban generadas, se piensan con el objetivo de que hay que reducir la cantidad de personas, hay que generar declaración de excedencia y hay que definir áreas y perfiles para que eso se genere.
Entonces, todos esos elementos los rechazamos y es por eso que estamos generando las instancias de movilización. Y en función de cómo se terminen votando estos artículos, es cómo nosotros vamos a posicionarnos hacia adelante en los próximos años.

 

DM: Aidemar González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.

AG: Bueno, gracias y a las órdenes.