En la tarde del jueves 13 se realizó la audiencia pública sobre el proyecto de exploración sísmica marina en Uruguay que realizará la empresa contratada por Ancap, en la búsqueda de hidrocarburos.
La actividad ,que se desarrolló en la Cámara Mercantil de Productos del País, Avenida Rondeau 1098 esquina Lima de la capital del país, concitó la la presencia de un número grupo de personas, varios integrantes de distintos grupos defensores del ambiente que rechazan la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo .
Ni el Ministro de Ambiente Robert Bouvier ni el Sub Secretario Gerardo Amarilla participaron en la actividad.
Estuvieron presentes y se dejaron oir varios integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba.
En la misma jornada Redes –Amigos de la Tierra dio a conocer un comunicado mediante el cual fundamenta la no participación en la audiencia pública.
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay no participará este jueves en la Audiencia Pública en el marco del trámite de Autorización Ambiental Previa del “Proyecto Prospección sísmica offshore 3D en bloques OFF-1 a OFF-7 en la Zona Económica Exclusiva”, porque el Ministerio de Ambiente (MA) actual no brinda ninguna garantía que de credibilidad al proceso. Más bien, todo lo contrario.
REDES – AT no está dispuesta a participar en un proceso de consulta establecido por la Ley 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental, para que el MA, tal como ha quedado demostrado con la aprobación del proyecto Neptuno-Arazatí, le dé la espalda a los aportes de las organizaciones sociales y se dedique a asegurar los intereses de las empresas en lugar del bienestar de su pueblo, territorios y sistemas ecológicos.
El rechazo a Neptuno-Arazatí en Uruguay ha sido abrumador, de parte de las organizaciones sociales, la academia, el sector científico, y la población en general, que se ha manifestado en las calles. En la audiencia pública sobre el proyecto realizada el 3 de octubre de 2024 en la localidad de Rafael Perazza, fue evidente el amplio acuerdo existente entre las más de 1.000 personas que participaron, incluyendo vecinas/os, productoras/es, organizaciones sociales y académicas/os, sobre los impactos negativos que tendrá el emprendimiento.
“Quedó claro que el MA no tiene en sus planes garantizar el derecho a la participación plena y efectiva de la sociedad civil, sino que actúa como correa de transmisión de la propaganda de la empresa”, escribió nuestra compañera María Selva Ortiz, que estuvo en la audiencia, en una columna de opinión para la diaria.
Durante todo el proceso de aprobación de Neptuno-Arazatí, el MA y OSE incumplieron sistemáticamente con las disposiciones del artículo 47 de nuestra Constitución nacional, que definen la participación como un proceso democrático en el que los/as usuarios/as y la sociedad civil son actores fundamentales en materia de la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, el ambiente y el territorio, así como en la formulación, implementación y evaluación de los planes y las políticas que se establezcan.
Peor aún, el MA y OSE hicieron afirmaciones incorrectas, cuando no mintieron directamente, y fueron absolutamente parciales cuestionando los aportes de los/as académicos/as sin ningún tipo de fundamentos.
Además, el MA sigue desconociendo la normativa vigente. Enmarca la consulta de esta tarde, como hizo con Neptuno, en la Ley 16.466 de 1994, sin respetar todo su alcance, pero además desconoce la Reforma Constitucional de 2004, los artículos 18 y 19 de la Ley 18.610, promulgada en 2009, que establecen los principios rectores de la Política Nacional de Aguas, y la Ley 19.773 de 2019, con la cual nuestro país ratificó el Acuerdo de Escazú. Se trata de un acuerdo regional sobre derechos humanos y derechos ambientales, que consagra los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El actual gobierno firmó el contrato de Neptuno-Arazatí con el consorcio Aguas de Montevideo contra viento y marea. Sin ser las empresas involucradas, no hay quien defienda en Uruguay el emprendimiento. No tenemos ningún motivo para pensar que este MA ahora protegerá una participación ciudadana real ante los proyectos de exploración y explotación petrolera. Sobran las razones para prever lo contrario.
Finalmente, REDES – AT manifiesta la necesidad de debatir democráticamente en nuestro país sobre estos proyectos de prospección y exploración de hidrocarburos en el mar, en un contexto mundial en el que es urgente caminar por una transición energética justa que nos permita evitar los peores efectos del cambio climático global.
No tiene sentido seguir con audiencias proyecto a proyecto, que además de antidemocráticas no atienden la necesaria mirada de un contexto de crisis socio ecológica global que compromete la sustentabilidad de la vida. Urge abandonar los hidrocarburos, y al mismo tiempo cuidar la salud de los pueblos y los ecosistemas, incluyendo los marítimos.
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