El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social (MONDESS) dio a conocer una carta abierta enviada a los nuevos parlamentarios donde detalla los antecedentes de la denuncia sobre la venta de datos de afiliados al BPS vendidos a promotores de AFAP, que se conociera a partir de 2018. Transcribimos textual el documento del MONDES que integran entre otros la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), el sindicato del BPS, entre otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas. Los tramos resaltados corresponden al texto original.
Montevideo, febrero de 2025
En el año 2018, el fiscal Germán Vilariño fue abordado en su domicilio, por una promotora de AFAP República (en adelante RAFAP), para afiliarlo como trabajador a dicha empresa. El fiscal, al constatar que se estaban usando sus datos personales sin su autorización (empresa, domicilio, nombre, etc.), realizó la denuncia primero ante la propia RAFAP, solicitando además que se investigara la forma en cómo se obtuvieron sus datos y luego hizo la denuncia en el Banco Central del Uruguay (BCU), policía del sistema financiero y por tanto de las AFAPS, por entender que estaba frente a un presunto delito, violando la ley 18331 de protección de datos personales.
Más adelante, en el año 2023, el mismo fiscal volvió a realizar la denuncia, enterado de que los extrabajadores de RAFAP estaban haciendo la denuncia en el Parlamento.
En el año 2020, a consecuencia de una investigación interna que ordenó el BPS, fue destituido y procesado un funcionario del BPS, que cumplía funciones en San Jacinto, Canelones, al que se le descubrió que vendía datos de trabajadores afiliados al BPS, a RAFAP, encontrándosele en su computadora mails de funcionarios de la AFAP, cuentas bancarias y transferencias, pruebas, éstas, irrefutables de sus maniobras delictivas desde mucho tiempo atrás.
Al detectar el BPS estos hechos, el presidente de BPS, ingeniero Hugo Odizzio solicita explicaciones a RAFAP sobre estas maniobras
Como consecuencia de esta denuncia, RAFAP, en el año 2021 contrató una auditoría externa, obligada por las circunstancias. El resultado de esta auditoría fue que 26 trabajadores de la AFAP usaban datos personales comprados a funcionarios del BPS para realizar afiliaciones al sistema.
De estos funcionarios, 17 fueron despedidos por “notoria mala conducta”, por lo tanto, no cobraron despido, ni accedieron a subsidio por desempleo y además la mayoría fueron procesados sin prisión, con medidas alternativas, pero con el costo económico, emocional y social correspondiente, 11 fueron obligados a renunciar voluntariamente.
Estos trabajadores, que reconocen haber cometido un delito y no están reclamando sus derechos laborales (que ya lo hicieron y perdieron el juicio), siguen luchando para que se investigue a fondo y se haga justicia con todos los involucrados en estas maniobras.
La extrabajadora Patricia Escobal, sin embargo, obtuvo una sentencia de un tribunal laboral que deja constancia que, a juzgar por el tiempo transcurrido mientras
sucedían estas maniobras, habiendo firmas de los directivos de RAFAP autorizando el cobro de las comisiones de las afiliaciones obtenidas por medio de compra de datos, existirían más involucrados, con responsabilidad jerárquica. También la empresa sería responsable por acción u omisión, en la ejecución de estos hechos
Y eso se debe a que la operativa era la siguiente: a través de reuniones en la empresa, a través de mails, WhatsApp y todas las comunicaciones empresariales habilitadas, los más altos directivos y Gerentes de RAFAP, no sólo tenían conocimiento de la compra de datos al BPS, sino que solicitaban y presionaban a sus funcionarios a comprar los datos, a través de ese medio, para tener más afiliados a RAFAP, y llegar a los números de afiliados que la empresa tenía como meta. La compra de datos está señalada en todas las comunicaciones internas de la empresa, muchas de las cuales fueron borradas por los informáticos de RAFAP a solicitud de los directivos, pero existen respaldos de comunicaciones guardadas por los extrabajadores, documentos que están certificados por escribana pública.
Esta fue la misma operativa que utilizaron muchas mutualistas, a través de lo que se denominó Estafa al FONASA, que tenían promotores comprando afiliaciones irregulares, y que también quedó en evidencia que obtenían los datos irregularmente, desde el BPS.
Toda esta operativa de afiliaciones irregulares, fue denunciada hasta en el Parlamento, dando como resultado el procesamiento de 36 promotores de diferentes mutualistas, sin profundizar la investigación sobre la compra y venta de datos de las personas desde el BPS, y quedando impunes gerentes de las mutualistas y funcionarios del BPS. Todo ello, a pesar de que existían pruebas e indicios suficientes para responsabilizar a los verdaderos culpables de estas maniobras.
Dentro de los jerarcas involucrados en las maniobras de RAFAP con BPS están: Carlos Matyszczyk (gerente general de la empresa en ese período que “convenientemente” fue invitado a retirarse, cobrando una indemnización importante; Romín Silva, sub gerente General, Diego Moles , gerente comercial , quien convenientemente fue invitado a retirarse, junto al jefe de ventas cobrando también una importante indemnización, todos personajes con altos salarios y con total conocimiento y responsabilidad en esta operativa ilegal de la empresa.
Estos jerarcas, además, certificaban con sus firmas, los listados de afiliados (que se lograban a través de las nóminas compradas a funcionarios del BPS), lo que demuestra sin lugar a dudas, la complicidad de estos jerarcas en la operativa por la cual fueron despedidos los trabajadores que operaron como “chivos expiatorios”, dejando limpia a la empresa de su responsabilidad.
En todo ese período, y desde hacía años, la vicepresidenta de RAFAP era la economista Jimena Pardo que ingresó inicialmente a la empresa como síndica, y que renunció a su cargo a fines del año 2020, para integrar la Comisión de Expertos en seguridad social nombrada como representante del Frente Amplio, siendo hoy la futura presidenta del directorio del BPS.
¿Una defensora a ultranza del sistema mixto, vicepresidenta durante muchos años de RAFAP, seguramente conocedora de las maniobras que involucraban la compra de datos al BPS, pasa de una vereda a otra, ¿nada menos que a presidir el organismo al que estaba perjudicando desde la actividad privada? Ella, desde su vicepresidencia en todo el período investigado, desconocía estas prácticas.?
Hoy más que nunca se necesita la investigación profunda de todos estos hechos que perjudicaron a miles de trabajadores que fueron afiliados a RAFAP bajo coacción, amenazas, mentiras y no respetando las reglas de juego existentes hasta ese momento; la afiliación a un AFAP se efectuaba si se pasaba de cierto tope de salario, muy alto por cierto. Esas condiciones no operaban para los miles de trabajadores con salarios mínimos o inclusive con los jornales solidarios, a los cuales no los dejaban ni trabajar un solo día, sin aparecer allí, los promotores de las AFAP a afiliarlos, siendo conscientes de que no estaban obligados a hacerlo y condenándolos al sistema mixto.
Para que los trabajadores cobraran sus comisiones necesitaban las autorización y firma de cada afiliación lograda por este medio, no se cobraba la comisión, por la que se había hecho toda esta operativa sin la firma de los gerentes nombrados, estando todo protocolizado en documentos dentro de la empresa.
Los trabajadores ganaban su comisión y la empresa lograba los números que necesitaba para seguir “liderando el mercado”.
En relación a esta denuncia, se operó desde las instituciones responsables del control de estas empresas, de la misma forma que se operó con la llamada “estafa al FONASA”.
Estos funcionarios de RAFAP procesados, comenzaron un largo periplo para denunciar como responsables de estos hechos, a las jerarquías de la empresa, frente a los cuales los trabajadores estaban en relación de dependencia.
Los ex trabajadores denunciaron todo esto en el MTSS, en entrevista con subsecretario Aritzi, en el propio BCU, cuyo cometido es supervisar estas empresas. En el BCU Diego Labat, fue informado de este asunto, como presidente del mismo y se le solicitó una entrevista para efectuarle la denuncia, llevándole múltiples pruebas de la implicancia de los jerarcas en la operativa, de cómo mintieron en toda la investigación, y después de un año, desde el BCU le responden que fueron bien despedidos, que ellos no pueden interceder en casos particulares, y nada responden al uso de datos privados facilitados por los jerarcas.
Tampoco el BCU realiza ni investigación ni auditoría alguna, teniendo datosmuy comprometedores en contra de los directivos de RAFAP.
Lo mismo sucedió en la AGESIC, donde llevaron las denuncias y corrieron la misma suerte; ninguna investigación o auditoría, siendo que tenían pruebas del uso ilegal de datos, que eran repartidos a los funcionarios por el propio Jefe de Ventas de RAFAP.
La respuesta siempre era la misma: fueron bien despedidos. Nada de la compra de datos y de la corresponsabilidad de la empresa, más aún que los jerarcas inducían y presionaban para la obtención de dichos datos.
Al igual que se le iría a informar al prosecretario de presidencia, Álvaro Delgado, según dichos de la senadora Graciela Bianchi, quien declaró que le iba a solicitar a Álvaro Delgado señales claras sobre esta situación, ya que ella vio las pruebas y declaró que la empresa RAFAP, había cortado por el lado más fino del hilo.
Todo esto debido a que recibió a los extrabajadores y conoció a través de ellos todas las pruebas que involucraban a los directivos de RAFAP.,
Esta ex trabajadora le llevó todas las pruebas de las implicancias de los jerarcas de RAFAP, incluido un audio de Laura Rocha, secretaria de Diego Moles, gerente de RAFAP, donde deja bien claro la operativa al desnudo, que se hacía desde hacía muchos años, que no era a espaldas de los jefes, que ellos firmaban la documentación que venía del BPS, que ella misma llevaba esa documentación a ser firmada. Con todo esto, Adrián Peña quedó en pasarle todo a Nilo Pérez y de convocar a Romín Silva.
A los pocos días, esta extrabajadora es informada que Peña le preguntó por estos hechos a Romín Silva, quién le juró que no tenía nada que ver, que todo este relato era una desviación de Patricia Escobal y quedó por esa.
Luego de eso, se le mandan todas las pruebas a Nilo Pérez, quedaron en encontrarse, pero también quedó en la nada. Luego de esas acciones, esta funcionaria arma una carpeta, con todas las pruebas (certificadas por escribana pública) y se la entrega en mano al presidente Luis Lacalle Pou.
Posteriormente la llaman de Presidencia, un Sr. Homero Gadea, le informa que Nilo Pérez niega toda responsabilidad de la empresa, volviendo a responsabilizar a los extrabajadores. Luego desde Presidencia se le solicita informe sobre estos hechos al BROU, y el BROU se quedó con la respuesta de RAFAP, siempre desligándose de la maniobra. No hubo ninguna investigación ni auditoría, a pesar de las pruebas que se le presentaron.
Solicitaron ser recibidos por la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, y por la Comisión de asuntos laborales.
A los integrantes de dichas comisiones, se les hizo llegar las pruebas de la operativa normal de RAFAP. En esa comisión, además de Graciela Bianchi, fueron informados; el senador del FA Daniel Caggiani, senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, el senador de CA Marcos Methol y Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, partido al cual pertenecía el presidente de RAFAP Nilo Pérez, esta última negándose a recibirlos personalmente a los trabajadores.
La comisión de asuntos laborales “invitó” a la empresa a concurrir al parlamento, pero esta no fue, enviando una carta excusándose, y quedó por esa la convocatoria.
También fueron informados la senadora frenteamplista Silvia Nane, los senadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Álvaro Perrone, y Sebastián Cal, a la entonces ministra de Vivienda, Irene Moreira, al senador frenteamplista Charles Carreras( quién intentó solicitar una comisión investigadora sin éxito), y al senador Mario Bergara, quien fue informado y puesto en conocimiento de los hechos, a través de una asesora suya.
Bergara fue presidente del BCU y tuvo de asesor a Diego Moles, gerente de RAFAP quien fuera el tesorero en la campaña electoral del senador. Todas las comparecencias al Parlamento están registradas en versiones taquigráficas.
Estos trabajadores recurrieron también al Instituto Nacional de Derechos HUMANOS y a Defensoría del Pueblo, y en estos lugares les respondieron que no podían hacer nada porque ya había pasado un año de los hechos.
También se les hizo llegar las denuncias al fiscal Juan Gómez, y a los fiscales Enrique Rodríguez y Alejandro Machado, quienes tuvieron en sus manos las pruebas que los trabajadores tenían de la operativa empresarial.
A todos estos políticos se les solicitó que investigaran a fondo la operativa de todas las AFAP, no sólo de RAFAP, de las mutualistas y de las telefónicas privadas, respecto al mal uso de los datos personales. O sea, todos usando la misma operativa, comprando datos personales, sobre todo del BPS, la mayor base de datos del país.
Lo que queda en evidencia en este relato es:
1_RAFAP operaba normalmente comprando datos del BPS, y no sólo algunos de sus funcionarios, hecho que es evidente cuando se toma contacto con la población que conoce claramente que los promotores de las AFAP aparecen en su primer día de trabajo, en su casa, son llamados por teléfono, etc., Es evidente de qué manera obtuvieron esos datos desde SIEMPRE
2_Que se cortó por el lado más fino del hilo: la acusación del hecho a los trabajadores, resolviéndolos con los despidos y procesamientos de estos, sin investigar nada más, salvando así el sistema todo, dejando sin garantías no sólo a los ex trabajadores de RAFAP sino a todos los trabajadores del país
3_Que los máximos responsables quedaron impunes existiendo pruebas de que autorizaban todas las afiliaciones obtenidas con el método de compra de datos.
4_Que los organismos del estado, encargados de la supervisión y contralor de estas administradoras, sobre todo el BCU, MTSS, AGESIC, Parlamento, BROU, BSE, y Fiscalía no sólo estuvieron omisos, sino que, hecha la denuncia, la ignoran y se quedan con el argumento presentado por RAFAP, respecto a que no tenían conocimiento de la maniobra, sin ordenar ninguna investigación y sin estudiar las múltiples pruebas aportadas por los trabajadores, de la complicidad de los directivos de RAFAP.
5_Surge que una cantidad de organismos del Estado, como la AGESIC, Fiscalía, BCU, comisiones parlamentarias responsables de controlar esta gestión, miraron para otro lado, en una coyuntura, donde al mismo tiempo el pueblo uruguayo, a través de sus organizaciones más representativas, estaba cuestionando el sistema de ahorro individual, denunciando a las AFAP y promoviendo un plebiscito, para, entre otras cosas, eliminarlas a través de una reforma constitucional.
Este gobierno electo, este parlamento elegido por el pueblo para el período 2025-2030, cómo se va a posicionar en este gravísimo tema en vísperas del Diálogo Social, cuyo tema principal será la existencia o no de las AFAPS, con el respaldo de casi 1-000-000 de votos que dijeron NO al sistema actual.
Exigimos la convocatoria urgente a una comisión investigadora, a los efectos de que los responsables durante años por estas irregularidades, apañados por la mayoría de los jerarcas políticos y sin ser supervisados correctamente, sean juzgados y se de garantía a los trabajadores por la forma en que se obtienen sus datos y en definitiva sus aportes, para un sistema que no eligieron y en el que hoy, no pueden estar seguro dados los hechos señalados.
Y repudiamos el nombramiento de Jimena Pardo como presidenta del BPS, hecho que atenta contra la defensa de la seguridad social en nuestro país, y de su máximo organismo que la garantiza: el BPS.
MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
MONDESS
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