Las noticias nacionales que se relacionan con la gestión de las autoridades de gobierno en distintas reparticiones del Estado siempre son fuente de sorpresas. Todavía se comenta la decisión de las autoridades de la Biblioteca Nacional del cierre al público de las instalaciones del edificio de la Avenida18 de Julio en la capital del país.
Decisión sorpresiva e inconsulta, denuncian desde el sindicato de funcionarios de la biblioteca que vienen señalando en distintos ámbitos las carencias que allí se observan, carencias que afectan su tarea y la preservación del acervo de la institución.
Ahora desde el diario El País se informa de la irregularidad que desde el Instituto Nacional de Rehabilitación se informó al sindicato de funcionarios penitenciarios, Sitrapen.
Solo tres establecimientos carcelarios cuentan con habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos y tras cuatro están pendientes de renovación.
El Sitrapen presentó una demanda en la que también pide que se cumpla con las salas de lactancia para trabajadoras.
El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó una demanda ante el Juzgado de Conciliación luego de recibir un informe del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Entre los puntos principales que allí se marcan está la falta de permiso de Bomberos en la mayoría de las unidades carcelarias.
El INR informó al sindicato, en un documento al que accedió El País, que solo tres de las 26 unidades penitenciarias cuentan con la habilitación de Bomberos, mientras que otras cuatro se encuentran pendientes de renovación.
Las habilitadas son la cárcel de Punta de Rieles, la unidad de máxima seguridad lindera al ex Comcar y la cárcel de Tacuarembó.
Con respecto a este punto, desde Sitrapen solicitaron que se realice un informe de Bomberos informando sobre riesgos, así como el compromiso del Ministerio del Interior de que todas las unidades cuenten con este permiso en un lapso de tres años.
Del informe del INR también surge que son únicamente cinco las dependencias que cuentan con salas de lactancia, por lo que el sindicato pidió que se trabaje para que estén disponibles en todas las unidades.
El último pedido planteado en la demanda fue que se encomiende al Departamento de Género la elaboración de un protocolo para garantizar que las mujeres embarazadas no trabajen en centros carcelarios.
La audiencia de conciliación entre las partes fue fijada para el 25 de junio. «Apelamos a que se logre un acuerdo firme y efectivo que marque el comienzo de la aplicación real de los derechos», aseguró el sindicato en un comunicado.