El Gobierno llegó a un acuerdo con el gremio de funcionarios estatales COFE y resolvió suspender por 60 días el decreto de certificaciones médicas aprobado durante la administración de Lacalle Pou, que comenzó a regir en abril de 2024.
A partir del 1º de julio y hasta el 30 de agosto regirá la suspensión de la normativa que prevé que los funcionarios públicos perciban la totalidad del salario hasta el noveno día hábil de licencia por enfermedad y que a partir del décimo cobre el 75% de su remuneración. El objetivo es habilitar una instancia de negociación para mejorar el decreto.
En la 113 Conferencia de la OIT en Ginebra, Jorge Bermúdez en representación del PIT-CNT afirmó que «el anterior gobierno desvirtuó totalmente la negociación colectiva en el sector público» con «la imposición de un nuevo sistema de licencias por enfermedad que perjudica y quita derechos adquiridos a los trabajadores estatales».
El exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, consideró «un error» la decisión del Poder Ejecutivo. «Era un cambio que iba en la dirección correcta de acerca la situación entre trabajadores públicos y privados y no generar incentivos para que pueda haber un uso abusivo de las certificaciones médicas», afirmó Mieres y atribuyó la «marcha atrás» del gobierno «a la presión sindical».