Tras más de cuatro años de movilizaciones socioambientales, sindicales, análisis académicos, técnicos y acciones jurídicas, el gobierno de Yamandú Orsi descartó el proyecto Neptuno-Arazatí, iniciativa promovida por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast –reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo–.
En la noche de este viernes hubo una conferencia de prensa para dar a conocer, de manera oficial, el descarte del proyecto Neptuno, se informó desde la diaria..
La conferencia estuvo encabezada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el representante del consorcio, Alejandro Ruibal.
Sánchez expresó que el acuerdo al que se llegó en estos tres meses de negociación es “cambiar algunos de los términos del contrato” firmado días antes de que el expresidente Luis Lacalle Pou terminara su mandato.
Es así que, según explicó, se utilizará ese mismo contrato para construir una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía en la zona de Aguas Corrientes, que procesará hasta 200.000 metros cúbicos de agua, que se sumarían a los 670.000 que la actual planta produce. “Esta nueva potabilizadora va a permitir tener justamente cerca de 900.000 metros cúbicos de producción de agua potable que garantiza el abastecimiento”, detalló.
En ese sentido, destacó que es “clave” poder garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana hasta 2045, ya que “es un factor importante para el bienestar de todos nuestros ciudadanos”.
Además de la construcción de esa planta, Sánchez anunció que el contrato va a implicar la construcción y reparación de cañerías sobre la “quinta línea de bombeo que ya existe”, lo que “garantiza”, “fortalece” y “robustece” el sistema de abastecimiento de agua potable para el área metropolitana”.
El secretario de Presidencia también destacó que se va a construir una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico, sumado a una “pequeña potabilizadora”. De esa forma, continuó, se podrá “solucionar los problemas de acceso al agua potable de toda la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando”.
Sánchez subrayó que con la incorporación de 200.000 metros cúbicos más de potabilización y la futura construcción de la represa de Casupá “con represamiento de agua potable, de agua bruta”, se da “garantía” y “robustez” al sistema de abastecimiento.
Otra de las novedades anunciadas por Sánchez, y que tiene que ver con un aspecto que fue un punto central en las discrepancias con este proyecto, es que “la gestión de la potabilizadora de agua potable” va a estar a cargo de OSE y no del consorcio, como en el contrato original. “Salvamos las discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República”, afirmó, en referencia a la disposición de la carta magna de que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Ahora comenzará una etapa “bien importante”, añadió, que implicará modificar las “adendas correspondientes al contrato”, y que este pase al Tribunal de Cuentas, “a efectos de que la cristalinidad, la transparencia y el apego a las normas sea lo que corresponde hacer en este tipo de situaciones”.
El gobierno firmó una prórroga hasta el 31 de agosto para cambiar las cláusulas del contrato, y también para que el Tribunal de Cuentas “pueda considerar esa revisión” y así el año que viene se pueda comenzar las obras, y “cumplir con el objetivo”, que es garantizar el acceso al agua potable.
Consultado sobre si el Estado tiene que pagar alguna multa por estas modificaciones, Sánchez respondió que no, ya que “lo que prima es la autonomía de las dos partes”. “Si ese contrato no se cumple por una de las partes, obviamente todos los contratos tienen multas, pero en este caso ambas partes hemos acordado modificar oportunamente el contrato, y por tanto no hay ninguna multa”, explicó.
Agregó que “varios de los estudios que están planteados” sobre la cuenca del Santa Lucía indican que se trata de una cuenca que “da garantías de poder justamente cumplir con el abastecimiento”. A su vez, destacó que los terrenos donde se va a construir “son parte de OSE”, por lo que “no hay que expropiar ningún tipo de terreno”.
En cuanto a si para hacer este tipo de obras no correspondía un llamado a licitación, como fue planteado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Sánchez dijo que el camino que se eligió es “ampliar el contrato”, lo cual “sucede en muchas obras públicas donde se amplían los contratos y se incluyen otras obras”.
“Es en ese marco y en ese paraguas legal que nosotros lo que estamos haciendo es: el conjunto de obras que estaban localizadas en un lugar, las colocamos en otro lugar y estamos haciendo las mismas obras”, detalló, y agregó que por eso “no es necesario” hacer otro llamado a licitación.