La Dra. Mariana Mota, ex jueza y futura integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) dijo que aceptó el cargo con la idea de que debería haber algún cambio en la forma en que se ha diseñado legislativamente la ley que la creó.
En dialogo con Mañanas de Radio, explicó que la institución está conformada por 5 directores “una cantidad enorme de personas como dirección” y que “debería tener más desarrollo, más fuerza, funcionamientos de personas que fueran expertas, que dirigieran y dieran cierta continuidad a tareas que son muy definitorias en la institución, que son como el ama de la institución”.
Considero que “tal vez lo ideal sería que esas cosas no fueran cambiando cuando van cambiando los directores, que es lo que ha venido ocurriendo”.
“Estoy pensando a nivel general, partamos de la base de que la Institución es un organismo de contralor, como puede ser el Tribunal de Cuentas, es lo primero que se me ocurre como organismo similar. Lo ideal es que los organismos de contralor además sean independientes, la Institución además la ley lo dice expresamente, y los Principios de París de donde toma fundamento la ley también lo recalcan, que tiene que ser autónoma de todos los organismos del Estado y tiene que tener independencia político partidaria, lo que lamentablemente no ocurrió, ocurrió en la anterior designación”.
Mota enumeró algunos de las tarea que tiene el INDDHH como el monitoreo de las personas privadas de libertad, a través del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, sean adultas o adolescentes en infracción a la ley penal, o el sistema de protección infantil, o también las personas con problemas de salud mental que están internadas en los centros psiquiátricos, las personas de tercera edad que están en los centros de larga estadía, o sea, son todas personas que de alguna manera u otra tienen libertad ambulatoria restringida.
Dijo que este organismo, que a su vez también responde a un sistema internacional, que es el protocolo de protección a las personas contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, hace que se vea si ese tránsito por lugares de privación de libertad no vulneran otros derechos.