En nota publicada en el diario El País sobre algunos aspectos de la ley de presupuesto se informa que a pedidos de las empresas UPM Y Montes del Plata el equipo económico del gobierno encabezado por el Ministro Odone se incluyó en la ley el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.
Cuando crezca la torta, lo que derrame será beneficioso para muchos, se afirma desde hace décadas por parte de connotados dirigentes de los partidos tradicionales. Nuevamente, el progresismo en el gobierno, en los hechos, beneficia a los dueños de la torta.
En el mes de octubre del 2024 desde la empresa finlandesa UPM, con sus dos plantas de producción de pasta de celulosa en nuestro país-fotos- se informó que su ganancia una ganancia neta fue de 558 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 140% más que en el mismo periodo de 2023. Las plantas de producción de pasta de celulosa en el país están comprendidas en el régimen de Zona Franca.
El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto, que incluye reformas tributarias de gran alcance, diseñadas para alinear al país con estándares internacionales, corregir vacíos normativos y proteger la competitividad del comercio local frente a las plataformas digitales extranjeras. Entre los cambios más relevantes se destacan la modificación del régimen de compras por Internet desde el exterior —el denominado “Impuesto Temu”—, la extensión del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a incrementos patrimoniales de activos de uruguayos situados en el extranjero y la implementación de un Impuesto Mínimo Global Doméstico a multinacionales.
En nota de El País se informa que el proyecto busca actualizar el régimen de compras realizadas en el exterior por plataformas digitales, un área que en el año pasado creció exponencialmente con el desembarco de la china Temu.
Hasta ahora, los consumidores podían realizar hasta tres compras por Internet en el exterior en el año por hasta US$ 200 cada una sin pago de impuestos ni aranceles mediante el régimen de franquicias. Además, está el régimen simplificado de pago de tributos que permite compras por Internet en el exterior, sin límite de paquetes en el año, abonando el 60% del valor con un pago mínimo de US$ 10.
El proyecto crea un nuevo esquema (además de los dos mencionados) para compras por Internet al exterior por un total de hasta US$ 800 anuales y en hasta tres compras, que estarán exoneradas de aranceles, pero pagarán IVA (al 22%) con una tributación mínima de US$ 20 por envío.
El régimen de hasta tres compras al año por hasta US$ 200 cada una sin pagar ningún tributo, quedará solamente para aquellas que se hagan a Estados Unidos, amparados por el acuerdo comercial TIFA.
El tributarista Leonardo Costa socio de Brum-Costa Abogados, señaló que el texto legal no detalla completamente cómo se aplicará el IVA ni cómo se distribuirá la franquicia entre envíos, y que algunos anuncios públicos sobre Temu no se reflejan en los artículos del proyecto.
Según Costa, la reglamentación futura será clave para precisar límites, condiciones y aplicación del IVA, mientras que las importaciones desde Estados Unidos mantendrán la exoneración por el TIFA, como ya se mencionó anteriormente.
El proyecto incorpora el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, inspirado en el Pilar II de la OCDE, que garantiza que las multinacionales con facturación superior a US$ 750 millones al año tributen al menos un 15% efectivo en cada jurisdicción donde operan.
Costa señaló que algunas grandes empresas locales, como UPM o Montes del Plata, habían solicitado esta medida para evitar pagar tributos en otras jurisdicciones. Sin embargo, advirtió un riesgo de competitividad, ya que la tasa del 15% podría llevar a algunas empresas a reconsiderar su instalación en Uruguay si perciben que los costos se vuelven altos.
El artículo 679 del proyecto de ley de Presupuesto faculta al Poder Ejecutivo a otorgar créditos fiscales a empresas que «desarrollen actividades en la República y contribuyan al desarrollo cumpliendo los siguientes objetivos: realicen inversiones significativas vinculadas a las políticas de desarrollo nacional; creen empleo directo o indirecto; promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías; favorezcan la inserción internacional del país en mérito a su presencia global y su escala de operaciones; u otras externalidades positivas que considere el Poder Ejecutivo».
Estos créditos se materializan mediante certificados y, si no se pueden usar en 42 meses, la Tesorería los compra a valor nominal, garantizando el beneficio.
En este caso, Costa señaló que esta autorización también podría aplicarse como un reembolso vinculado al Impuesto Mínimo Global. Según Costa, los países pueden otorgar créditos reembolsables que compensen parte del 15% que paga una empresa, siempre que cumplan con los criterios internacionales. Esto significa que, en la práctica, una empresa podría recibir incentivos por haber pagado el impuesto mínimo local, siempre dentro de los lineamientos de la OCDE, aunque el diseño final del crédito aún no está definido.
