Casi 200 defensores públicos demandan al Poder Judicial por partida de vivienda impaga: reclaman US$ 5 millones
El gremio de los defensores de oficio libra tres batallas al mismo tiempo: reclama a Diputados que apruebe la autonomía de la Defensoría Pública, un proyecto que ya cuenta con sanción del Senado; pide a los senadores más presupuesto para mejorar el servicio; y promueve una demanda millonaria contra el Poder Judicial para que les pague a 190 defensores una partida de vivienda que cobran los jueces. La información de N. Delgado para Búsqueda señala que las primeras dos contiendas se zanjan en el terreno político; la última, en la Justicia.
“Somos la Cenicienta del sistema judicial”, dijo el 31 de octubre la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), Estefanía Broggi, en la Comisión de Presupuesto inte grada con Hacienda del Senado.
“Seguimos teniendo una brecha salarial del 40% con respecto a los jueces desde el año 1991, aunque trabajamos con la misma respon sabilidad y compromiso”, lamentó. “Los magistrados y los fiscales comienzan su carrera en el interior, los defensores públicos también”, agregó, “pero los magistrados cobran un 20% más en su salario por la partida de vivienda; nosotros, cero”.
Luego, anunció que iniciaron el proceso judicial para empezar a cobrarla.
El 5 de setiembre, 190 defensores públicos presentaron la demanda. Reclaman en la Justicia
civil que se condene al Poder Judicial por el pago de una partida de vivienda equivalente al 20% de la retribución nominal mensual de cada defensor. Los funcionarios argumentan que sus “retribuciones” son “equivalentes” por ley a las del juez letrado de la capital y del interior, quienes cobran dicha partida.
La equiparación de las retribuciones se aprobó en la Rendición de Cuentas de 1990 y consta en otras leyes.
En la demanda, a la que accedió Búsqueda, exigen el pago adeudado por los últimos cuatro años, lo que, estiman, asciende a $ 200 millones (unos US$ 5 millones), “más actualización, reajustes e intereses legales”. Además, solicitan “la condena de futuro incorporándose la diferencia salarial a las retribuciones” de los demandantes “de forma definitiva”.
Los defensores sostienen, entre otros argumentos, que la partida de vivienda está gravada con el IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) a partir del año 2016, por lo que “no caben dudas de que integra la ‘retribución’ del magistrado”.
El Juzgado Civil de 5º turno agendó la audiencia preliminar para el próximo jueves 13. La demandada ya se pronunció sobre el asunto, aunque en el ámbito administrativo. El año pasado, 160 defensores presentaron una “petición administrativa” ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la que solicitaron que cumpla con la equiparación salarial, pero el máximo órgano del sistema judicial desestimó el reclamo el 1º de setiembre. En respuesta, un grupo de abogados de oficio resolvió entablar la demanda.