Foto: Ecuador enfrenta una crisis carcelaria que dejó más de 500 reclusos muertos desde 2021 por enfrentamientos entre bandas rivales. La mayoría de las prisiones permanecen bajo control militar/EFE
Trece personas privadas de libertad perdieron la vida este domingo 7 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario de Machala, provincia de El Oro, tras una explosión. El ataque fue ejecutado con un dron a una cuadra del complejo carcelario, según versiones preliminares, con el objetivo de distraer a la Policía Nacional para encubrir un posible intento de fuga.
Los cuerpos fueron encontrados en el primer piso de la cárcel, aunque el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) aún no emitió un pronunciamiento oficial. Este violento suceso se produjo un mes después del asesinato de 32 internos en la misma penitenciaría, incidente generado como protesta por el traslado de reclusos.
Los 13 presos asesinados habían sido detenidos entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025 y recibieron prisión preventiva por delitos como extorsión, robo y tráfico de sustancias ilícitas. Nueve de las víctimas fueron identificadas y serían integrantes de la banda criminal Los Lobos, aunque medios locales refieren que todas ya fueron identificadas.
Ecuador enfrenta una crisis carcelaria que dejó más de 500 reclusos muertos desde 2021 por enfrentamientos entre bandas rivales. La mayoría de las prisiones permanecen bajo control militar tras la declaratoria de «conflicto armado interno» decretada por el presidente Daniel Noboa para luchar contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Esta estrategia privilegia la militarización y no la aplicación de políticas públicas para atender las causas estructurales de la pobreza, la inequidad y la violencia.
Este ataque con dron en la cárcel de Machala evidencia la escalada de violencia y la capacidad de las bandas criminales, para penetrar y atacar el sistema penitenciario militarizado de Ecuador siendo de mucha preocupación para la ciudadanía.
El suceso reafirma la crisis de seguridad incontrolable y subraya el fracaso de las políticas de seguridad implementadas bajo la declaratoria de «conflicto armado interno», revelando la vulnerabilidad del Estado ante las organizaciones criminales que actúan con impunidad y bajo sus leyes.