La Corte Suprema confirmó en fallo unánime la condena contra el ex teniente Juan Iván Vidal Olgueta como cómplice del secuestro calificado de la uruguaya Mónica Cristina Benaroyo Penco, detenida en Arica el 14 de septiembre de 1973, cuyo cuerpo decapitado y semimomificado fue hallado en julio de 2008 enterrado en un recinto militar de Pampa Chaca Oeste, confirmando depósito intencional por terceros para ocultamiento.
El fallo, conocido el 17 de febrero , rechazó el recurso de casación de la defensa y ratificó la pena de tres años y un día de presidio dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena. La Segunda Sala estuvo integrada por los ministros Andrea Muñoz, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada.
Benaroyo Penco, nacida el 19 de abril de 1935 en Bucarest (Rumania), tenía 48 años al desaparecer (aunque algunas fuentes indican 38-39). Era refugiada política uruguaya desde 1965, licenciada en filosofía por la Universidad de la República, dominaba siete idiomas y trabajaba como traductora en Condensa S.A. y en la Municipalidad de Arica.
Fue detenida por PDI el 14 de septiembre; le incautaron material político como manuscritos sobre Cuba, cartas y obras marxistas. Pasó por el cuartel policial, cárcel pública y Departamento II del Regimiento Rancagua.
Testigos la vieron torturada en el regimiento, donde Vidal Olgueta cumplía funciones en la Sección II desde el 11 de septiembre. A pesar de orden de libertad, desapareció tras el 25 de septiembre de 1973. La justicia estableció muerte posterior a diciembre de 1973 en custodia, configurando secuestro calificado consumado con indicios de criminalidad (no suficiente para homicidio calificado según SML).
El 16 de julio de 2008, durante trabajos en Pampa Chaca Oeste (23 km al sur de Arica, sector «Presencias Tutelares», predio militar para ejercicios), se hallaron restos óseos sin cabeza en posición de entierro disturbado. Peritajes del SML (dactiloscopía, genética forense, tanatología) confirmaron identidad, depósito por terceros y muerte sospechosa de criminalidad. Los restos fueron repatriados a Uruguay en agosto de 2010 para sepultura familiar.
Este caso tan duro de desaparición forzada después del golpe en el norte muestra cómo, a pesar del tiempo, la justicia sigue avanzando en esclarecer violaciones a los derechos humanos.