Carabineros y Fuerzas Armadas cometieron varios delitos durante las protestas de 2019/Danwatch.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que evalúan la posibilidad de otorgar indultos a efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas condenados por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019.
La posibilidad de indulto a estos oficiales que participaron en la represión a los manifestantes fue justificada por Kast bajo la premisa de que los agentes «cumplieron con su deber» en un contexto de violencia extrema.
Kast aseguró que el Gobierno está revisando cada situación de manera particular ante los emplazamientos de sectores de su coalición. “La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”, enfatizó, haciendo un llamado al «perdón» y la «reconciliación» nacional desde una posición que desconoce los atropellos a los que fueron sometidos los participantes en las protestas por el uso desproporcionado de la fuerza militar.
La evaluación de estos indultos ocurre en un escenario donde el acceso a la justicia para las víctimas ha sido marginal. Según el último balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el avance de las causas judiciales ha sido alarmantemente lento, consolidando una sensación de impunidad en el país.
Muestra de ellos, es que de las 3.216 querellas presentadas por el INDH en favor de 3.777 víctimas, solo 33 han terminado en sentencias condenatorias firmes.
El informe también destaca que entre los afectados figuran 591 niños, niñas y adolescentes, además de 959 mujeres. Además, las querellas incluyen 2.252 casos de apremios ilegítimos, 582 de torturas y 223 por violencia innecesaria.
El INDH ha documentado patrones de violencia que el actual Ejecutivo ahora pone bajo análisis para posibles beneficios judiciales: Un total de 220 personas sufrieron lesiones oculares graves; de ellas, 50 víctimas padecieron estallido ocular y 82 la pérdida total de la visión.
Se registraron denuncias de 194 mujeres y 298 hombres por hechos que incluyen desnudamientos forzados en comisarías, amenazas y violaciones. La acción de agentes del Estado dejó un saldo de siete personas fallecidas confirmadas.
La evaluación de indultos por parte de la administración de Kast representa un giro drástico frente a la gestión de Gabriel Boric, quien indultó a civiles procesados en el mismo contexto.
Al centrar ahora el beneficio en los uniformados, el Gobierno chileno corre el riesgo de institucionalizar la impunidad, validando métodos represivos que han sido condenados por organismos internacionales.
Mientras el INDH reitera que las medidas de reparación han sido «insuficientes» y la justicia «lenta», el anuncio de Kast profundiza la grieta social en un país que aún no logra cerrar las heridas de su crisis más grave desde el fin de la dictadura.