La gestión del Presidente J,Goulart fue rechazada por EEUU y los militares fascistas de Brasil.
Brasil recuerda este miércoles 62 años del inicio de la dictadura militar, un período de 21 años marcado por la suspensión de derechos, la persecución política y graves crímenes y violaciones a los derechos humanos. En todo el país se desarrollan actos de memoria, debates públicos y protestas que exigen verdad, justicia y el esclarecimiento del destino de cientos de desaparecidos políticos.
Los días 31 de marzo y 1 de abril de 1964 quedaron registrados en la historia brasileña como las fechas del golpe de Estado que derrocó al entonces presidente João Goulart y dio paso al régimen militar. Este período, que se extendió hasta 1985, estuvo caracterizado por la censura, el autoritarismo y la represión sistemática contra activistas, intelectuales y opositores políticos.
De acuerdo con investigaciones oficiales, al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos políticos durante la dictadura. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra real podría ser aún mayor, debido a la falta de registros y al ocultamiento de información por parte de las fuerzas armadas.
Entre las víctimas de la represión se encuentra la ex presidenta Dilma Rousseff, quien fue arrestada el 16 de enero de 1970. En ese entonces Rousseff era una militante de 22 años, detenida por integrar movimientos de resistencia política. Durante su encarcelamiento, fue sometida a tortura por parte de agentes del régimen, al igual que numerosos activistas.
En declaraciones citadas por medios locales, Rousseff reflexionó sobre las secuelas que deja la violencia estatal: “La tortura es algo extremamente complejo. Creo que todo mundo que pasó por la prisión siempre va a tener esa marca. No me gusta ver películas, por ejemplo, que pasan tortura. No es que no me guste. Yo no veo. Es peor, ¿no? Yo no quiero ver. La tortura es algo que toca aquello que es más profundo y que lo constituye usted”, expresó.
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Su testimonio, considerado emblemático sobre las violaciones de DD.HH. cometidas durante la dictadura, reaviva el debate sobre la memoria histórica y la impunidad, aún latente en la sociedad brasileña. “El dolor es siempre una amenaza de muerte, cuando se trata de tortura”, afirmó la exmandataria.
Más de seis décadas después del golpe, la búsqueda de los desaparecidos continúa siendo uno de los mayores desafíos. Según un reporte difundido por Agencia Brasil, la ausencia de una política de Estado articulada obstaculiza las investigaciones sobre las desapariciones forzadas y limita los avances en materia de justicia transicional.
El informe indica que la fragmentación institucional, la escasez de recursos y el acceso restringido a archivos militares continúan impidiendo un abordaje integral del tema. Edson Teles, coordinador del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF) de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), advirtió que “no existe un programa nacional, ni un programa establecido, ni un marco institucional para la búsqueda de personas desaparecidas ni para el trabajo forense de identificación humana”.
Actualmente, investigadores del CAAF trabajan en la identificación de 1.049 cajas que contienen restos humanos hallados en la fosa clandestina del cementerio Dom Bosco, en Perús, São Paulo, descubierta en 1990. Entre estos restos se presume que se encuentran disidentes políticos y víctimas de la dictadura militar, según señaló Agencia Brasil.
Los trabajos dependen de financiamiento público que fue interrumpido durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019–2023), y renovado bajo la actual administración de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, los expertos advierten que nuevos recortes o cambios de gobierno podrían frenar nuevamente las investigaciones, lo que evidencia la fragilidad de las políticas de memoria y reparación en el país.
Actos de memoria y disputas por la historia
En el marco de la conmemoración, diversas actividades académicas, culturales y ciudadanas se realizan esta semana para recordar a las víctimas y fomentar el debate sobre los crímenes cometidos por la dictadura.
En Río de Janeiro, el Archivo Nacional organizó un encuentro que reunió a investigadores, archivistas y activistas para analizar el papel de los documentos históricos en la reconstrucción de la memoria sobre el golpe de 1964. Allí se subrayó la urgencia de preservar y abrir los archivos que aún permanecen restringidos y que son esenciales tanto para la investigación como para la identificación de víctimas.
A nivel cultural, medios nacionales y regionales publicaron artículos y columnas que insisten en mantener viva la memoria del período militar. Un texto del Jornal da Paraíba destacó que el golpe y la dictadura deben permanecer como referencia crítica en la conciencia colectiva, para evitar el olvido y promover la educación histórica.
No obstante, la disputa por la memoria sigue siendo un tema polarizado en Brasil. Mientras amplios sectores sociales, académicos y políticos reconocen la dictadura como un régimen autoritario y violento, grupos conservadores y sectores militares continúan definiéndola como la “revolución de 1964”, término que busca minimizar o reinterpretar las violaciones de DD.HH.
Un dossier de la red internacional Esquerda Diário sostiene que la dictadura sigue siendo una herida abierta en la sociedad brasileña, reflejada en la impunidad de los torturadores, la persistencia de la violencia policial y el resurgimiento de la extrema derecha. El documento destaca que los efectos del autoritarismo persisten en la educación, la economía y las políticas de seguridad pública, especialmente en las favelas y periferias.
Para especialistas, la lucha por la memoria y la justicia continúa siendo fundamental para garantizar la no repetición de los crímenes del pasado. En este sentido, organizaciones sociales y de DD.HH. reiteran la necesidad de políticas estables, apertura de archivos y reparación a las víctimas. Más de 40 años después del retorno de la democracia, Brasil sigue enfrentando una disputa por la memoria histórica, entre quienes buscan recordar y esclarecer las atrocidades del régimen militar y aquellos que intentan revisar o justificar los hechos.
En medio de este debate, el país reafirma que recordar es un acto de resistencia y compromiso con la verdad, un mensaje que resuena con fuerza cada 31 de marzo, cuando los nombres de las víctimas vuelven a ocupar el centro de la historia nacional.