Por Agustín Casanova
En 2025, una mayor parte de la población boliviana manifestaba un claro descontento hacia el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP). Sin embargo, ese malestar tampoco era canalizado por la oposición de Mesa, Quiroga, Doria Medina o Camacho, que, desde un discurso de tintes racistas, defendía un ajuste claramente antipopular. En ese contexto, Rodrigo Paz, hasta entonces una figura relativamente intrascendente —conocida sobre todo por ser hijo del expresidente Paz Zamora—, se presentó como una alternativa situada en el centro del sistema político (del orden capitalista). Su fuerza residió, precisamente, en quedar al margen de ambos rechazos. Sumando a su candidatura a Edmand Lara en la vicepresidencia —un político sui generis apoyado popularmente—, Paz encarnaba la crítica a la dirigencia masista sin estigmatizar a la base social del MAS-IPSP.
“La traición”: primera parte
Pocos días después de asumir, Paz restringió la contratación de trabajadores estatales, avanzó en la flexibilización de la Ley General del Trabajo, promovió la privatización de la educación y la salud bajo la fachada de la descentralización, desarrolló un marco jurídico orientado a debilitar a las empresas públicas, inició negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y eliminó el subsidio a los combustibles. Esta última medida provocó una fuerte presión inflacionaria en un escenario de contracción económica; para colmo, la primera partida de carburantes encarecidos dañó miles de vehículos por su mala calidad. Especial importancia tuvo la Ley 1720, que permitía recategorizar la pequeña propiedad campesina como propiedad mediana. ¿Qué implicaba el cambio? Que la tierra dejaba de ser inembargable. El discurso oficial presentaba la medida como una vía para facilitar el acceso al crédito; en los hechos, abría el camino hacia la concentración de la tierra. Se especula que la norma llevaba la firma política de Branko Marinković [1]. Todas estas medidas —algunas ya concretadas, otras todavía en desarrollo— fueron acompañadas por iniciativas represivas, como el proyecto de ley antibloqueos, además de detenciones arbitrarias como la del expresidente Luis Arce [2]. En suma, el nuevo Gobierno llegó para imponer el ajuste neoliberal que había prometido evitar.
En la misma dirección, Paz desarrolló un progresivo vaciamiento de la Vicepresidencia de Edmand Lara. Primero creó el Viceministerio de Coordinación Legislativa, que asumió la función de enlace entre los órganos Ejecutivo y Legislativo atribuida al vicepresidente. Más tarde, mediante el Decreto 5515, habilitó al presidente a gobernar desde el exterior a través de medios digitales, otorgando plena validez a su firma electrónica. En la práctica, Lara quedaba privado de la responsabilidad constitucional de sustituir al mandatario durante sus ausencias del país.
En política internacional, Paz subordinó a Bolivia a los intereses del régimen de la Casa Blanca: se alineó con el bloque ultraderechista latinoamericano de Milei, Noboa y Peña; permitió el reingreso de la DEA y se incorporó al “Escudo de las Américas” —iniciativa supuestamente destinada a contener el narcotráfico—. Como parte del mismo corrimiento a la derecha fascistizante, también restableció relaciones diplomáticas con el gobierno genocida de Benjamín Netanyahu.
La restauración alcanzó asimismo el terreno simbólico. El Gobierno emprendió una profunda reacción contra la estética indigenista que había caracterizado a las administraciones masistas durante las últimas dos décadas. Dos ejemplos resultan especialmente expresivos. Por una parte, instaló una Biblia en la Asamblea Legislativa para el juramento de los parlamentarios, restituyendo una simbología religiosa desplazada por la concepción laica y plurinacional del Estado. Por otra, rebajó la jerarquía de la wiphala, símbolo indígena de origen andino reconocido constitucionalmente, durante los gobiernos del MAS-IPSP, como una de las dos banderas nacionales de Bolivia.
Sobre este punto conviene una breve aclaración. Desde la creación del Estado Plurinacional, en 2009, la incorporación de la wiphala junto a la tricolor buscó expresar que Bolivia comprendía también a los pueblos indígenas históricamente postergados. Representaba, así, una respuesta popular frente a la vieja república oligárquica. El Gobierno de Rodrigo Paz, como antes el régimen de Jeanine Áñez, agregó a ambas la denominada bandera del patujú, emblema que tiene oficialidad departamental en Santa Cruz. Bajo la aparente ampliación de la pluralidad: regionaliza a la wiphala como símbolo exclusivamente andino y devuelve a la tricolor el carácter de única bandera nacional. Es decir, el restaura el orden previo [3].
La rebelión campesino-popular
En este escenario de reformas antipopulares, el 31 de marzo, la Central Obrera Boliviana (COB) —liderada por Mario Argollo— presentó un pliego que exigía tanto la defensa del poder adquisitivo de los salarios como la protección de las empresas públicas. El 8 de abril, tras la promulgación de la Ley 1720, grupos campesinos amazónicos —afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)— partieron rumbo a La Paz en señal de protesta. El 11 de abril se organizó el cabildo “Despierta Bolivia” en El Alto, donde más de 60.000 personas manifestaron su descontento con el Gobierno. El 20 de abril, la dirección nacional de la CSUTCB respaldó oficialmente la marcha amazónica. El 1.º de mayo, ante la intransigencia gubernamental, la COB declaró la huelga general indefinida.
Siguiendo el torrente de respaldo popular, el 3 de mayo se incorporó la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” —representada por Vicente Salazar—. Al día siguiente, cuando la marcha amazónica llegó a La Paz, también se sumaron los indígenas del altiplano representados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), así como los cocaleros del Chapare organizados en las Seis Federaciones del Trópico —núcleo duro de Evo Morales—. Todos respaldaron el conjunto de los reclamos sectoriales. Finalmente, el 5 de mayo, estas organizaciones —junto con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, el transporte, los magisterios y otros sectores— articularon la protesta mediante el Pacto de Unidad por la Dignidad, la Soberanía Nacional, la Defensa de la Tierra y el Territorio. En un comienzo, el acuerdo reunió las distintas demandas sectoriales; con el correr de los días, la lucha se concentró en la renuncia de Rodrigo Paz, consigna que ya había aparecido antes, aunque todavía no condensaba el conjunto de los reclamos.
El 6 de mayo, fundamentalmente bajo el protagonismo de la Túpac Katari, comenzaron los cortes de rutas en La Paz. A lo largo del mes, pasaron de cerca de veinticinco puntos a poco menos de cien en buena parte del país. Uno de los principales saltos se produjo entre el 13 y el 15 de mayo: mientras el Gobierno abrogaba la Ley 1720, la COB convertía la renuncia de Paz en su única exigencia, otorgando a la lucha un carácter nítidamente político. La radicalización fue respondida mediante la persecución de dirigentes fabriles, vecinales y campesinos. Durante la primera quincena de junio, los bloqueos se mantuvieron alrededor de noventa; sin embargo, al no lograr incorporar plenamente a las grandes ciudades, comenzó a sentirse el desgaste. También surgieron fuerzas contrarias dentro de los propios sectores populares, afectados por la escasez de insumos básicos provocada por los cortes.
En ese marco, la COB dio marcha atrás en la exigencia de renuncia e inició negociaciones con el Gobierno. Como resultado, obtuvo el compromiso oficial de no privatizar las empresas públicas estratégicas ni entregar los recursos naturales; transparentar los créditos acordados con organismos internacionales e impedir condicionamientos; no criminalizar la protesta; revisar los procesos abiertos contra dirigentes sociales, además de reparar las pérdidas sufridas por los afectados por la primera partida de carburantes de mala calidad.
Tras la firma del acuerdo, las movilizaciones se debilitaron hasta finalmente cesar por el impacto del retiro de la COB. Para la mayoría de las organizaciones sociales, el pacto representó una traición de Mario Argollo y produjo la fragmentación de la unidad alcanzada por los movimientos populares.
“La traición”: segunda parte
El respeto gubernamental por los compromisos asumidos resultó cercano a cero. En primer lugar, lejos de abandonar la criminalización de la protesta, la profundizó. La misma noche en que firmó el acuerdo con la COB —del 19 al 20 de junio— decretó el estado de excepción, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas. A su vez, ninguno de los dirigentes detenidos durante las protestas fue liberado. Incluso Vicente Salazar, de la Túpac Katari, fue arrestado el 4 de julio por su participación en los bloqueos. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado inició acciones contra el propio Argollo [4], así como contra el expresidente Evo Morales —quien, pese a no haber sido una figura central en las protestas, ya tenía una orden de aprehensión [5]—, bajo acusaciones de terrorismo, alzamiento armado y asociación delictuosa [6].
En segundo lugar, todo indica que la ofensiva privatizadora se mantiene y avanza. El 17 de julio, el Ministerio de la Presidencia publicó un informe que denunciaba “enormes pérdidas” en empresas de gran relevancia. Por un lado, se encontraban compañías que eventualmente deficitarias son necesarias para la sociedad. Es el caso de Boliviana de Aviación (BoA), Mi Teleférico —transporte urbano en La Paz—, la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) o la Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS). Por otro lado, aparecían empresas asociadas a los recursos naturales, objeto lógico del deseo de los monopolios imperialistas, cuyas supuestas pérdidas resultaban mucho más cuestionables. Entre ellas están Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) [7], la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM)[8].
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De la mano de Fernando Cerimedo —el ultraderechista hoy detenido, implicado en la trama golpista bolsonarista y responsable de La Derecha Diario [9]—, el Gobierno de Paz anunció en su propaganda oficial que “está naciendo una nueva Bolivia”. Sin embargo, detrás de la consigna reaparece lo peor de la vieja Bolivia: la entrega a los monopolios imperialistas, el racismo y la represión contra los sectores populares. Los cincuenta días de lucha demostraron que esa restauración no avanza sin resistencia, pero también que no se puede confiar en el personal político de la burguesía. Paz, en el fondo, no es un traidor: gobierna para la clase a la que representa, en un contexto que no deja margen ni siquiera para una tibia mejora basada en la distribución del excedente. Pero, sobre todo, la experiencia enseña que no basta con la acumulación de luchas sectoriales ni con la unidad en torno a un “no”. Se torna inexorable subordinar esa diversidad a una síntesis afirmativa que nos encamine hacia la superación de la propia sociedad de clases.
Notas
[1] Branko Marinković es un oligarca de enorme poder. Proviene de una familia ustacha —integrante del movimiento fascista croata, particularmente cruel— que escapó de Europa tras el triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial y se enriqueció mediante la apropiación de enormes extensiones de tierra en el oriente boliviano, en contubernio con el Estado. En la actualidad, él mismo es un gran terrateniente. Entre 2007 y 2009 presidió el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde impulsó la fragmentación territorial de Bolivia. Asimismo, estuvo fuertemente implicado en la llegada al país del mercenario boliviano-croata Eduardo Rózsa, quien habría sido convocado para organizar una guerra “independentista”.
[2] Luis Arce, sin sentencia, fue detenido el 10 de diciembre de 2025 mientras se dirigía a ejercer su labor docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. La detención se produjo en el marco de la investigación por una eventual corrupción en el caso Fondo Indígena. Por el mismo motivo había sido detenida cinco días antes la dirigente Lidia Patty.
[3] La práctica resulta, además, ilegal e inconstitucional, pues la Constitución reconoce como símbolo nacional a la flor del patujú, no a su reproducción sobre una bandera.
[4] Visto el accionar posterior del Gobierno, la traición de la COB al movimiento popular parecería elocuente. No obstante, la persecución contra Argollo obliga a matizar esa lectura: la traición no deja de existir, pero su determinación fundamental parece encontrarse en otro lugar.
[5] Evo Morales permanece en el Chapare, donde cuenta con una base social organizada que impide al Estado ejercer plenamente su poder coercitivo. Esto demuestra tanto la fuerza de Evo en la zona como la debilidad estatal.
[6] La Fiscalía también aceptó una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Si recordamos que lo jurídico constituye esencialmente un instrumento político, la denuncia resulta palmariamente cínica: se trata de la misma institución que apoyó el golpe de Estado de 2019 y sostuvo treinta y cinco días de bloqueos para adelantar de 2024 a 2023 la realización del censo.
[7] Bolivia posee las mayores reservas de litio del mundo.
[8] Empresa encargada de explotar e industrializar el yacimiento del cerro Mutún, considerado uno de los mayores depósitos de hierro del mundo.
[9] Se trata de un sitio de “información” donde se publica, por ejemplo, líneas donde se puede leer: “[…] la Selección Argentina se ha consolidado como el Faro de Occidente, convirtiendo espontáneamente la Copa del Mundo 2026 en una verdadera «guerra santa» del cristianismo contra el islam” [en relación a la victoria argentina sobre Egipto].
