Carta abierta a Yamandú Orsi

Recibimos y publicamos

Querido, Yamandú: Montevideo, 20/10/2026

No te escribo como Presidente. Te escribo como la persona con la que nos sentamos varias veces a conversar sobre la propuesta del Área Protegida en el paraje de Margat.
Hay decisiones que, con el tiempo, adquieren una dimensión que no tenían cuando fueron tomadas. Y hay otras que, precisamente porque se postergaron, terminan convirtiéndose en una pregunta que vuelve una y otra vez. Margat es una de ellas.
Como profesor de Historia, sabés que revisar el pasado no significa quedar estancados en él. Significa entender las decisiones que tomamos, las oportunidades que dejamos pasar y, sobre todo, preguntarnos qué idea de futuro había detrás de ellas.
Por eso vuelvo sobre aquella propuesta. Recuerdo cuánto coincidíamos en la importancia de proteger Margat, algo que incluso expresaste públicamente en la sala Lumière de Canelones. Sin embargo, los hechos tomaron otro rumbo.
Pero no quiero hablar solamente de Margat. Quiero hablar de algo bastante más profundo: de la necesidad de repensar la forma en que concebimos el ambiente, la sociedad y el desarrollo.
Porque creo que ahí está el verdadero problema.
Durante mucho tiempo hemos intentado incorporar el ambiente a un modelo de desarrollo que sigue funcionando bajo la misma lógica. Primero se decide qué producir, cuánto crecer, qué infraestructura construir, qué recursos extraer y qué inversiones atraer. Recién después se consideran las consecuencias ambientales de esas decisiones, como si el desafío fuera solamente reducir los daños sin cuestionar las decisiones que los generan.
Ese camino ya no alcanza.
No podemos seguir pensando que el ambiente es una variable más que debe acomodarse dentro del desarrollo. Tenemos que empezar a preguntarnos si el modelo de desarrollo que seguimos defendiendo es compatible con los límites físicos, ecológicos y biológicos del mundo en que vivimos.
No es una discusión académica. Tiene que ser una discusión política.
Y creo que Uruguay viene evitando esa discusión, sobre todo en los espacios donde se toman las decisiones.
El problema no es solamente el cambio climático. Es también la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas, la presión sobre el agua, la degradación de los suelos, la fragmentación de los hábitats, la transformación de los paisajes y la creciente dependencia de un modelo económico que necesita expandirse permanentemente para funcionar en un planeta que, aunque a veces nos cueste
aceptarlo, es finito.
Seguimos hablando de crecimiento como si fuera un horizonte natural e inevitable. Como si crecer fuera siempre bueno y la única discusión posible fuera cómo hacerlo de una manera un poco menos dañina. Pero la pregunta es otra: ¿cuánto podemos seguir
creciendo sin destruir las condiciones que hacen posible nuestra propia vida?
Esa pregunta obliga a cambiar el paradigma. Significa aceptar algo que durante mucho tiempo nos resistimos a reconocer: que existen
límites. No todo territorio puede ser transformado, no todo recurso está disponible ni toda inversión representa progreso. Algunas cosas deben quedar fuera de la lógica de explotación, precisamente porque sostienen todo lo demás.
Esto no significa negar el desarrollo. Significa preguntarnos qué queremos producir, para quién, con qué recursos, ocupando qué territorio y a costa de qué.
Significa también tener el coraje político de reconocer que hay proyectos económicamente atractivos que, sin embargo, pueden ser inconvenientes para el país.
Ahí es donde la discusión sobre Margat vuelve a adquirir sentido. Porque proteger un territorio antes de que sea transformado es muy distinto de esperar a que aparezca un conflicto para después intentar reducir sus consecuencias. Una política ambiental verdaderamente transformadora no debería limitarse a administrar el daño. Debería decidir, antes que nada, qué es lo que no estamos dispuestos a perder.
Por eso me preocupa mirar lo que está ocurriendo hoy en Uruguay.
En Rocha se impulsa un aeropuerto internacional entre las lagunas de Garzón y Rocha, en un territorio de enorme sensibilidad ambiental. Y aquí aparece una contradicción que deberíamos asumir: nos escandaliza la idea de Milei cuando dice que «el planeta nos fue
dado para romperlo y si no para qué está», pero ¿no estamos haciendo algo parecido cuando aceptamos que incluso los territorios que reconocemos como excepcionales pueden ser transformados si existe un proyecto que lo justifique?
Él lo dice sin eufemismos; nosotros lo hacemos en nombre del desarrollo, de la inversión y del progreso. Cambian las palabras, cambian las justificaciones. Pero el resultado, demasiadas veces, es el mismo.
Algo similar ocurre con los Bañados de Carrasco, una pieza fundamental del sistema hídrico del área metropolitana, que regula el agua, amortigua inundaciones y sostiene una dinámica ecosistémica que no podemos reemplazar con cemento. Resulta difícil de
entender que un territorio con esa importancia pueda quedar subordinado a un proyecto inmobiliario. En diciembre pasado, en la inauguración de Cala del Yacht, alentaste públicamente a los promotores inmobiliarios con una frase contundente: «No
aflojen, cuentan con nosotros». Cabe preguntarse si esa misma determinación política existe cuando lo que está en juego no es impulsar una inversión, sino preservar un ecosistema irremplazable. Mientras hablamos de proteger los humedales, seguimos discutiendo si este humedal merece ser protegido.
También tenemos que hablar de nuestros espacios verdes, cada vez más presionados por la expansión urbana y los intereses inmobiliarios. El Parque Roosevelt y los espacios naturales de nuestra costa, particularmente en Marindia, Médanos de Solymar y Colonia, nos obligan a preguntarnos qué lugar estamos dispuestos a reservarles a los ecosistemas en un territorio donde la urbanización avanza y el suelo adquiere cada vez más valor por lo que se puede construir sobre él.
No alcanza con plantar árboles en un lado si seguimos perdiendo ambientes naturales en otro. Un pulmón verde no es un terreno a la espera de un uso más rentable: regula la temperatura, sostiene biodiversidad y ofrece un espacio común que no puede sustituirse
simplemente con infraestructura o nuevas áreas parquizadas. Cuando el suelo se valora únicamente por lo que se puede construir encima, perdemos mucho más que vegetación. Perdemos parte de las condiciones que hacen habitable ese territorio.
La instalación del centro de datos de Google en Canelones plantea otra dimensión del mismo problema. Una infraestructura de esta escala obliga a discutir no solo la inversión que representa, sino también sus requerimientos de energía y agua, las exigencias sobre
la infraestructura y los beneficios concretos que deja en el país. Que una actividad sea tecnológica no la vuelve ambientalmente neutra, ni la promesa de inversión exime de evaluar sus costos sociales y ambientales.
Al mismo tiempo, Uruguay ha impulsado actividades de exploración de hidrocarburos en su plataforma marítima mientras habla de transición energética. Más allá de los controles ambientales que correspondan, hay una contradicción política que merece
discutirse: ¿cómo conciliamos el objetivo de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles con la decisión de seguir buscando nuevas reservas?
Casupá plantea otra dimensión del problema. Frente a la vulnerabilidad hídrica, necesitamos discutir las obras necesarias para garantizar el abastecimiento, pero también las condiciones que comprometen la disponibilidad y la calidad del agua. ¿Qué modelo productivo promovemos? ¿Cómo usamos el suelo, que productos tóxicos utilizamos y qué presiones ejercemos sobre nuestras cuencas? La infraestructura puede ser necesaria, pero no sustituye una política que actúe también sobre las causas de fondo.
La expansión de la forestación, particularmente en el norte del país, merece una mirada crítica que vaya más allá de las cifras de exportación y de las promesas de generación de empleo. Como ha señalado el sociólogo Daniel Pena, el crecimiento de la superficie
forestada no se tradujo necesariamente en más puestos de trabajo: en su análisis del período 2007-2019, registró una pérdida de empleos en el conjunto de la cadena forestal, al tiempo que se expandían las plantaciones. A esto se suma la sustitución de otras actividades productivas, como la ganadería, la lechería y la agricultura, que también sostenían empleos y formas de vida en el medio rural. Existen, además, interrogantes sobre las operaciones entre empresas vinculadas y los beneficios fiscales, así como sobre los costos públicos de una infraestructura vial adaptada al transporte de madera, mientras los caminos vecinales sufren el deterioro. El resultado es un modelo
que puede concentrar beneficios, transformar el territorio y profundizar las desigualdades entre quienes obtienen las ganancias y las comunidades que asumen sus costos. Estos cambios en el uso del suelo también pueden afectar los pastizales naturales, la biodiversidad y los recursos hídricos, además de modificar las economías locales y la relación de las comunidades con su territorio. Que exista demanda
internacional de madera y celulosa y que esta actividad genere exportaciones no significa que produzca empleo en proporción a la tierra que ocupa ni que cualquier hectárea deba destinarse a satisfacerla.
Lo mismo ocurre con el desarrollo vial y logístico que atraviesa el país. Una ruta no solamente conecta dos puntos: abre territorios, modifica valores, induce nuevas actividades y prepara el terreno para otras transformaciones. La infraestructura no acompaña simplemente al desarrollo; también define hacia dónde y con qué intensidad se desarrolla el país. Pero estas transformaciones tienen consecuencias que van más allá de lo visible. Rutas cada vez más anchas y un tránsito más intenso hacen que el atropellamiento de la fauna sea un problema cada vez más difícil de ignorar. Allí donde las personas encuentran una vía de conexión, muchos animales encuentran un obstáculo que interrumpe sus desplazamientos o pone en riesgo su vida. Porque las rutas no solo atraviesan paisajes: también atraviesan los territorios de otras especies.
Los proyectos de hidrógeno verde y e-combustibles plantean otra pregunta de fondo. Que una tecnología sea renovable no significa, por sí solo, que el modelo que la utiliza sea sostenible. Si destinamos crecientes cantidades de energía y recursos a producir combustibles para mercados externos, necesitamos evaluar qué beneficios quedan en el país, qué costos ambientales asumimos y si esa expansión es compatible con los límites ecológicos que debemos respetar.
No menciono estos casos porque sean iguales ni porque tengan las mismas consecuencias ambientales. Los menciono porque, en conjunto, revelan una misma lógica: seguimos pensando desde la expansión, colocando la actividad económica por delante de la pregunta sobre los límites y tratando los ecosistemas como espacios disponibles hasta que alguien demuestra que no deberían serlo.
La política ambiental sigue llegando, demasiadas veces, después de las decisiones fundamentales, cuando las prioridades ya están definidas y solo queda discutir cómo reducir sus consecuencias.
Eso es precisamente lo que podríamos cambiar.
No necesitamos simplemente una mejor administración ambiental del mismo modelo. Necesitamos otra idea de desarrollo.
Una idea que entienda que el agua no es solamente un insumo, que el suelo no es solamente una superficie productiva, que un monte no es solamente madera, que un humedal no es un espacio vacío y que una costa no es simplemente tierra disponible para ocupar.
Necesitamos recuperar una idea elemental: la economía ocurre dentro de la naturaleza y no al revés.
Porque los problemas ambientales son también problemas sociales. Sus consecuencias recaen con mayor fuerza sobre quienes tienen menos recursos para proteger su salud, acceder a una vivienda digna, garantizar su educación o defender sus condiciones de vida. Cuando se deteriora el ambiente, también se profundizan las desigualdades. Y cuando los beneficios del desarrollo se concentran mientras sus costos se distribuyen entre toda la sociedad, la brecha entre quienes pueden protegerse y quienes quedan expuestos no hace más que crecer.
Esta realidad debe tener consecuencias concretas. Debe abrir un espacio de reflexión que nos permita definir qué protegemos, qué autorizamos, qué inversiones promovemos y qué territorios excluimos de determinadas actividades. Obliga, sobre todo, a reconocer que no todo lo económicamente posible es ecológicamente aceptable.
Uruguay todavía conserva lugares que otros países perdieron hace mucho tiempo. Algunos son los últimos relictos de ambientes que alguna vez fueron mucho más extensos. Que todavía existan nos obliga a preguntarnos qué vamos a hacer con ellos.
Porque hay decisiones que un gobierno puede tomar y hay un país entero que puede lamentar durante generaciones. Y hay responsabilidades que corresponden, de manera particular, a quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de evitarlo.
Nuestros hijos y nietos no heredarán nuestras declaraciones de compromiso, sino las consecuencias de nuestras decisiones. Heredarán el agua que hayamos cuidado, los territorios que hayamos protegido y también aquello que hayamos destruido cuando todavía estábamos a tiempo de evitarlo.
Por eso creo que este momento es particularmente importante para vos y para quienes tienen hoy la responsabilidad de gobernar. Todavía existe la posibilidad de hacer algo distinto. No solamente declarar nuevas áreas protegidas, sino decidir que la protección de determinados territorios no puede quedar subordinada a la lógica del crecimiento. No solamente hablar de transición, sino preguntarnos qué tenemos que dejar de hacer. No solamente promover nuevas tecnologías, sino discutir también nuestros niveles de consumo y nuestra relación con
los recursos. No solamente mitigar impactos, sino aceptar que hay impactos que no deberían producirse.
No se trata de poner al ambiente en contra del desarrollo. Se trata de entender que el desarrollo que destruye las bases naturales sobre las que se sostiene deja de ser desarrollo.
Y eso nos lleva nuevamente a Margat.
Aquella propuesta no debería quedar como un asunto menor del pasado ni como una conversación que tuvimos y después dejamos atrás. Puede ser una oportunidad para demostrar que somos capaces de mirar el territorio de otra manera: reconocer valor antes de que aparezca el precio, proteger antes de que haya que reparar y pensar en décadas, no solamente en períodos de gobierno.
Vos conocés esa historia. Sabés que hablamos de una propuesta concreta, de un territorio que merece ser considerado por lo que representa y de una oportunidad de protección que vale la pena volver a discutir.
Por eso te escribo.
Porque creo que estamos frente a una definición que trasciende largamente la protección de un territorio. Estamos ante la posibilidad de demostrar que somos capaces de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde; de comprender que gobernar no es solamente decidir qué país queremos construir, sino también qué estamos dispuestos a preservar para que ese país siga siendo habitable para quienes vendrán después.
Margat puede ser mucho más que una propuesta pendiente. Puede ser la decisión que demuestre que entendimos que hay valores que no admiten compensación y pérdidas que ninguna generación tiene derecho a imponerles a las siguientes.
Algún día, cuando ya no estemos nosotros para decidir, otros mirarán lo que hicimos con lo que todavía teníamos. Y entonces importarán menos las razones con las que justificamos nuestras decisiones que aquello que, pudiendo proteger, dejamos perder.
Recuerdo que, en su momento, te obsequié un libro capaz de sacudir las convicciones, interpelar los ideales y transformar la manera de concebir el liderazgo de cualquier gestor. Una obra que invita a reflexionar sobre una distinción fundamental: la que existe entre administrar el poder y ejercerlo con humanidad. Me refiero, por supuesto, a La sonrisa de Mandela, de John Carlin.
Hoy, a modo de despedida, quisiera dejarte tres lecturas que, quizás, puedan abrir nuevas perspectivas e inspirar una búsqueda hacia otros paradigmas: Maneras de ser viviente, de Baptiste Morizot; El filtro de la evolución, de Eduardo Blasina; y Austeridad
o barbarie, de Mauricio Lima.
Ojalá encuentres en ellas preguntas que no sea posible eludir, ideas que interpelen y horizontes que inviten a mirar de otra manera.