La iniciativa promueve la coordinación entre la Unión, los estados y municipios, y representa un avance en la lucha contra el crimen al favorecer acciones conjuntas y el intercambio de información entre las fuerzas policiales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizó mediante decreto la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de Garantía del Orden Público (GLO) del 2 al 23 de noviembre de 2025, en el marco de la Cumbre de Líderes y la COP30.
Los encuentros se celebrarán en Belém, capital de Pará, con la participación de más de 140 delegaciones internacionales, incluidas alrededor de 50 jefaturas de Estado o de Gobierno, quienes asistirán a los eventos y actividades programadas durante esas fechas.
El decreto, solicitado por el gobernador de Pará, Helder Barbalho, autoriza medidas de seguridad similares a las implementadas en eventos previos del GLO, como la Cumbre del G20 y la reunión de los BRICS en Río de Janeiro.
La publicación oficial apareció hoy en el Diario Oficial de la Unión e incluye la protección de infraestructuras críticas en Altamira y Tucuruí, que abarcan centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua y vías principales con el fin de asegurar la integridad de estos servicios e instalaciones durante los eventos.
El texto fue publicado el lunes 3 de noviembre en el Diario Oficial de la Unión y contempla acciones en los municipios de Altamira y Tucuruí, con el fin de proteger infraestructura estratégica, como centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento de agua y principales vías de acceso. La medida busca asegurar la integridad de estos servicios e instalaciones durante los eventos.
El diputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) destacó que la iniciativa, que establece el Sistema Único de Seguridad Pública (Susp) y promueve la coordinación entre la Unión, los estados y municipios, representa un avance en la lucha contra el crimen al favorecer acciones conjuntas y el intercambio de información entre las fuerzas policiales.
En entrevista, Zarattini señaló que la propuesta permite una integración amplia que facilita “no solo operaciones conjuntas, sino también tareas de inteligencia”, lo que posibilita investigaciones más profundas y garantiza la colaboración de distintas entidades, de modo que la labor policial no se estanque por falta de comunicación entre niveles estatales y federales.
El congresista indicó que la iniciativa había quedado bloqueada en el Congreso debido a la resistencia de legisladores de derecha, quienes consideraban que significaría ceder poder al Gobierno federal. Sin embargo, la masacre en Río de Janeiro que dejó más de 120 víctimas, obligó “al presidente de la Cámara, Hugo Motta, a acelerar el proceso, creo que el debate avanzará en la Comisión Especial y se votará rápidamente en el pleno”.
Zarattini también advirtió sobre el riesgo de que la enmienda sea modificada por agendas de extrema derecha, especialmente en el intento de catalogar a facciones criminales como organizaciones terroristas.
Según el congresista, esta clasificación tendría como único objetivo permitir que fuerzas extranjeras, principalmente estadounidenses, intervengan en Brasil, y reproducir situaciones similares a las operaciones de la DEA en Colombia, afectando la soberanía nacional.
El diputado enfatizó que la reforma constitucional debe servir para fortalecer la cooperación entre cuerpos policiales, no para subordinarlos. “Lo vemos desde la perspectiva de la cooperación, no de la sumisión. Este es el objetivo por el que hemos estado trabajando a través de nuestro liderazgo, incluyendo a la congresista Adriana Accorsi [PT-GO], quien ha sido muy activa dentro del comité para convencer a la mayoría de los representantes de que esta enmienda es necesaria”, aseguró.
Zarattini añadió que operaciones como la de Río de Janeiro reflejan el fracaso del modelo de seguridad basado en la confrontación militar y resaltó que durante décadas, la estrategia en Río ha sido la confrontación directa, y al día siguiente el sistema de narcotráfico se reactiva “Se necesitan inteligencia y una presencia estatal con servicios públicos”, afirmó.
Por último, señaló que algunos gobernadores de derecha intentan politizar la seguridad pública para competir políticamente con seguidores de Bolsonaro “Es el modelo de los gobernadores Ronaldo Caiado [GO], Cláudio Castro [RJ] y Romeu Zema [MG].)”.