En una jornada significativa para los trabajadores del sector citrícola uruguayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley clave que establece un régimen especial de subsidio por desempleo para aquellos vinculados a las tareas de cosecha y packing.
Este logro, impulsado por el Poder Ejecutivo y respaldado por una intensa labor de articulación social y política, trae alivio y seguridad a miles de familias, especialmente en el departamento de Salto. TRIUNFO DE LA ARTICULACIÓN
La aprobación de esta ley es el resultado de un proceso de múltiples reuniones, gestiones, y planteos que involucraron activamente al gremio de trabajadores citrícolas de Salto, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), representantes del sector productivo y la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. El proyecto, que ingresó al Parlamento a través del Poder Ejecutivo con fecha 18 de noviembre de 2025, responde a una solicitud expresa de la Federación del Citrus y de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU), quienes señalaron la necesidad de este amparo social tras las graves afectaciones climáticas.
El texto del proyecto de ley faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a establecer, por razones de interés general, un régimen especial de subsidio por desempleo para estos trabajadores.
-Vigencia: El régimen tendrá efecto desde el 1° de octubre de 2025 y se extenderá, como máximo, hasta el 31 de marzo de 2026.
– Beneficiarios Ampliados: El artículo 2° del proyecto garantiza la cobertura no solo a los nuevos solicitantes, sino también a aquellos trabajadores que ya se encuentren percibiendo el subsidio por desempleo o, incluso, a quienes hayan agotado el plazo máximo de cobertura (según lo establecido por decretos-leyes anteriores).
Para el departamento de Salto, centro de la producción citrícola que concentra aproximadamente el 91% de la zafra nacional, este subsidio es mucho más que una ayuda económica; es una herramienta social fundamental. La ley aprobada brinda mayor estabilidad y seguridad a la mano de obra que sostiene una parte esencial de la economía regional. Es un acto de protección hacia la gente, que fortalece la resiliencia del sector productivo frente a los embates climáticos y aporta significativamente a la calidad de vida de miles de familias.