En A decir Verdad dialogamos con la sicóloga Cecilia Baroni, integrante del colectivo Vilardevoz, que hace pocos días anunció el cierre del histórico proyecto de salud mental comunitaria en Uruguay.
El centro, que funciona como un dispositivo alternativo al manicomio, ha tenido que enviar a sus trabajadores al seguro de paro y suspender actividades debido a graves retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Desarrollo Social.
Baroni realizó un repaso del proyecto que hace muchos años que funciona, recordando que Radio Vilardevoz fue el proyecto inicial que ya cumplió 28 años, que siempre ha sido un proyecto que por sus características lo hemos llevado adelante sin financiamiento, que es un dispositivo alternativo de salud mental con forma de radio comunitaria o una radio comunitaria que produce salud.
Agregó que ese proyecto que nació en el Hospital Vilardebó y que fue generando toda una experticia también en el abordaje de situaciones complejas a nivel obviamente de lo que llamamos salud mental, la radio para nosotros era como una herramienta fundamental. Recordó que en el 2023 se aprueba la Ley de Salud Mental, sin presupuesto, luego vino un presupuesto para Salud Mental, que fue para el Mides y en ese marco, Vilardevoz se presenta a un llamado con el objetivo de implementar la ley de salud mental de ir cerrando los manicomios y abrir algunas casas o habitacionales para que la gente salga de la calle.
Explicó que abrieron en convenio con Mides no solo una casa para 10 personas, sino un espacio cultural (La nave) que nos permitiera ampliar todo lo que ya veníamos haciendo con Vilardevoz e ir a más, porque inclusive también en ese espacio cultural y una tienda social.
Dijo que como es de público conocimiento hay una crisis tremenda en el Mides en relación al atraso de pagos y a la gestión de los recursos. Los primeros días de mayo que se terminaba el convenio firmado y les habían dicho que iban a renovar y que la primera partida económica va a estar recién en octubre o noviembre por todos estos atrasos.
Ante esta crisis, el colectivo se ha reorganizado de forma militante y comunitaria para evitar el cierre definitivo y proteger los derechos de sus participantes. La docente también denunció que, aunque existe una Ley de Salud Mental, el Estado prioriza el modelo de encierro al no financiar alternativas que promuevan la dignidad y la autonomía de los usuarios. Realizó un llamado a la solidaridad ciudadana y exigió al gobierno que cumpla con los convenios establecidos y garantice la estabilidad de estas iniciativas sociales.