El aumento en el índice mortalidad infantil en Cuba es una de las consecuencias del bloqueo estadounidense impuesto en los 60.
Durante décadas y aun en medio de limitaciones económicas, Cuba presentó tasas de mortalidad infantil comparables con las de países desarrollados. Ese resultado fue sostenido, entre otros aspectos, por un sistema de salud pública de cobertura universal y una política estatal enfocada en la prevención y el seguimiento materno-infantil.
Sin embargo, entre 2018 y 2025 se produjo un deterioro sostenido de ese indicador. La tasa de mortalidad infantil pasó de 4.0 muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9.9 por cada mil en 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap).
El incremento representa un aumento de 148% en siete años y marca uno de los momentos más complejos para el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) desde su creación.
La evolución de las cifras refleja el impacto combinado de la crisis económica y el recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba.
La trayectoria de la mortalidad infantil en Cuba durante los últimos años muestra un cambio significativo respecto al comportamiento histórico del indicador.
Aunque entre 2021 y 2023 hubo cierta estabilización, la cifra volvió a incrementarse hasta alcanzar en 2025 el nivel más alto de las últimas décadas.
Según el Center for Economic and Policy Research (CPER) con sede en Washington, Estados Unidos, si Cuba hubiese mantenido la tasa de mortalidad infantil de 2017 y 2018 (cuando se mantuvo estable en 4.0), aproximadamente 1 800 bebés menos habrían fallecido entre 2019 y 2025.
El deterioro de los indicadores sanitarios coincide con el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba iniciado en 2017, durante la primera administración de Donald Trump.
Tras el período de acercamiento impulsado por Barack Obama, Washington implementó más de 240 medidas restrictivas dirigidas a limitar las fuentes de ingresos y el acceso de Cuba a financiamiento internacional.
Algunas de esas acciones incluyeron la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, el recrudecimiento del bloqueo energético, las restricciones al suministro de combustible, y presiones contra las misiones médicas cubanas en el exterior.
Estas políticas impactaron directamente en la reducción de ingresos y capacidades financieras y, al mismo tiempo, en la posibilidad de importar medicamentos, piezas, equipos médicos y materias primas esenciales para el sistema sanitario.
A la difícil situación económica se sumó la circulación de arbovirosis, fenómenos meteorológicos extremos como los recientes huracanes y la insuficiente cobertura de recursos humanos en algunos servicios.
El sistema sanitario cubano no puede importar tecnologías médicas con componentes estadounidenses, debido a las restricciones comerciales y financieras impuestas por ese país sobre la mayor de las Antillas. Siendo Estados Unidos una potencia tecnológica en materia sanitaria, Cuba queda excluida de los beneficios de su industria.
Las afectaciones eléctricas derivadas del recrudecimiento de las sanciones también impactan directamente en servicios sensibles vinculados a la atención neonatal y materna.
El informe del CEPR Sanciones de Estados Unidos y el fuerte aumento de la mortalidad infantil en Cuba reportó problemas como interrupciones eléctricas en hospitales, limitaciones en incubadoras y ventiladores neonatales, salida de servicio de ambulancias por falta de combustible y paralización parcial de cirugías y servicios especializados.
Según el reporte, solo en 2025 hubo 402 muertes infantiles que pudieron haberse evitado si el índice de mortalidad infantil se hubiese mantenido en 4.0, como en los años 2017 y 2018, antes de la escalada de sanciones.
A ello se suma el férreo bloqueo energético aplicado en 2026, que podría agravar aún más indicadores como la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la esperanza de vida.
Aún en medio de ese escenario, algunas provincias y municipios lograron resultados favorables en 2025.
De acuerdo con el Minsap, 17 municipios no reportaron fallecidos menores de un año; Pinar del Río, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Holguín registraron las menores tasas de mortalidad infantil del país; y Artemisa, Camagüey e Isla de la Juventud no reportaron muertes maternas.
Otros datos alentadores fueron que más de un centenar de municipios cerraron el año sin fallecimientos relacionados con embarazo, parto o puerperio, y 321 pacientes con morbilidad materna extremadamente grave lograron sobrevivir gracias a la atención médica especializada.
En el balance de 2025 publicado en su sitio web, el Minsap destacó entre las estrategias implementadas el seguimiento a enfermedades preexistentes en gestantes, la vigilancia intensiva de embarazos de alto riesgo, la atención al bajo peso al nacer y al parto pretérmino, las interconsultas especializadas, y el ingreso oportuno de casos complejos.
En 2025 además se actualizaron las estrategias para reducir el embarazo adolescente y se amplió la capacitación del personal sanitario.
Entre las medidas más relevantes sobresalió la introducción, por primera vez en Cuba, de la vacuna contra el neumococo y la incorporación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.
La evolución de la mortalidad infantil también ocurre en medio de una profunda transformación demográfica.
Según la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en 2025 Cuba reportó 68 051 nacimientos, 3 108 menos que en 2024.
La reducción de la natalidad se mantiene como tendencia sostenida que contribuye a acelerar el envejecimiento demográfico, uno de los fenómenos poblacionales distintivos de la sociedad cubana actual.
En palabras del Ministerio de Salud Pública, “la prioridad seguirá siendo la misma: garantizar que nacer y crecer en Cuba sean sinónimos de cuidado, esperanza y futuro”.
Pero las cifras reflejan que sostener ese propósito ocurre hoy en uno de los contextos más complejos, marcado por agresiones externas que se han ensañado particularmente con los servicios más sensibles, los que garantizan la vida de un país.