El título son valoraciones de dos referentes del Instituto en Justicia Social y Desigualdades de la UdelaR-
Inspirados por «utopías reales» y con el objetivo de contribuir a ordenar el debate público en torno a temáticas de desigualdad y justicia social, que a veces «termina en una especie de discusión de boliche», docentes e investigadores trabajan en la creación de una nueva estructura interdisciplinar dentro de la Universidad de la República (Udelar): el Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades.
Aprobado por el Consejo Directivo Central el 6 de mayo, junto a otros tres espacios similares, el Instituto buscará consolidarse como referencia para los tomadores de decisiones en Uruguay.
Andrea Vigorito (AV), magíster en economía, docente e investigadora, y Gustavo Pereira (GP), doctor en filosofía, docente e investigador, son los responsables del Instituto. En una entrevista con el Portal Udelar contaron que quienes integran el espacio ya están trabajando en su puesta en marcha. Más de 30 personas, entre estudiantes, docentes e investigadores componen la estructura del Instituto en este momento, contó Vigorito y añadió que luego se irán incorporando aproximadamente unas 50 personas más.
«La posibilidad de juntar equipos que ya han desarrollado líneas de trabajo conjuntas y pensar una agenda de trabajo permanente es un salto cualitativo. Esperamos que aporte sobre todo a la formación, a la posibilidad de consolidación de investigadores jóvenes, y a la apertura de nuevos temas para lograr diálogos interdisciplinarios», manifestó.
–¿A qué se refieren cuando hablan de desigualdades?
Gabriel Pereira (GP): Capaz que lo interesante es preguntarnos cuáles son las desigualdades que nos preocupan. Serían aquellas desigualdades que constituyen algún tipo de injusticia. El procesamiento de las discusiones sobre justicia social nos permite identificar cuáles de esas desigualdades existen naturalmente en una sociedad, cuáles son aceptables y cuáles no.
Andrea Vigorito (AV): [Nos referimos a] desigualdades de recursos, reconocimiento, intrafamiliares, a nivel de estratos socioeconómicos, género, vínculo racial. Una de las cosas que une al grupo desde el inicio es esta visión de la desigualdad como compuesta de diversas esferas. El Instituto da la posibilidad de desarrollar el estudio de varias simultáneamente, no quedarnos solamente en la desigualdad de recursos, ni en las esferas más asociadas al reconocimiento.
-¿Qué concepto de justicia social manejan?
GP: No manejamos un concepto estricto. En términos generales, podríamos definir la justicia como las cargas y beneficios de la cooperación social que nos otorgamos unos a otros. Es decir, la justicia sustancialmente relacional, [consiste] principalmente en estructuras y relaciones sociales en las que nos otorgamos distintas formas de entender cómo deben distribuirse y garantizarse los beneficios y las cargas que resultan de la vida en sociedad. Es importante tener muy claro que el vivir en sociedad nos brinda beneficios, pero también cargas. Eso se suele denominar como razonabilidad, un ciudadano es razonable cuando es capaz de reconocer ambas cosas.
Uno de los problemas que tienen las sociedades contemporáneas es que esta razonabilidad está bastante comprometida, porque como consecuencia de algunas narrativas los ciudadanos tienden a focalizarse solamente en los beneficios, pero no las cargas necesarias. Ahí también entra, al menos lateralmente, una de las preocupaciones que tenemos, que es cómo educar el sentido de justicia.
El sentido de justicia no es algo con lo que nacemos, esta razonabilidad no es algo con lo que nacemos, es algo que adquirimos, que aprendemos. Por lo tanto, una educación para la justicia es crucial en las sociedades democráticas, y es uno de los puntos que pensamos llevar adelante.
Las desigualdades y su vínculo con el ejercicio de la ciudadanía
Para Pereira, este «déficit de razonabilidad» es un problema serio que buscarán «hacer visible» a partir del trabajo del instituto. Por esa línea, Vigorito señaló que en América Latina se han hecho estudios que muestran que «hay una caída grande en la proporción de personas que dicen que el Estado debe intervenir para resolver problemas de desigualdad». Eso significa que «hay menos apoyo para las políticas redistributivas», a la vez que hay «una mayor proporción de personas que dicen que la pobreza tiene raíces individuales», indicó.
Un aspecto fundamental para abordar esta problemática es la forma en que se mide la desigualdad y sobre qué enfoques se aborda. Vigorito planteó que en Uruguay «a nivel de estadísticas oficiales hay una insuficiencia importante» y que hay margen para mejorar. Por ejemplo, en materia de desigualdad económica y en vínculo con la razonabilidad ciudadana de la que habló Pereira, propuso que pueden hacerse encuestas que indaguen sobre el grado de aversión y tolerancia a la desigualdad, que señaló como «un área importante de trabajo propuesta en el Instituto».
De todas formas, la docente indicó que no solo se necesitan encuestas para estudiar las desigualdades económicas, sobre todo lo que tiene que ver con riqueza e ingresos: «sabemos que las personas, sobre todo las de ingresos altos, subdeclaran o directamente no declaran [su patrimonio] en las encuestas». Para poder medir este parámetro, apuntó que se puede incorporar información proveniente de registros tributarios y de las cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay.
Por otra parte, explicó que las estadísticas se centran más en la pobreza que en la desigualdad y que quedan otras dimensiones sin ser contempladas. Una de las desigualdades en la que buscan hacer énfasis es la de reconocimiento, que es «un aspecto sustantivo de lo que entendemos por justicia», apuntó Pereira.
El reconocimiento «es un elemento constitutivo de nuestra identidad: nos convertimos en agentes, en sujetos autónomos a través de relaciones de reconocimiento que atraviesan nuestra vida», explicó. Cuanto este tipo de relaciones son «saludables» nos permiten «constituir nuestra estructura motivacional. Esto se puede ver en el autorrespeto que desarrollamos, al igual que en la autoestima y la autoconfianza que nos posibilitan tomar parte en la vida de la sociedad».
Cuando la estructura motivacional de una persona se lesiona a través de desigualdades, se compromete su capacidad de «ser un ciudadano pleno», subrayó Pereira. «Las desigualdades económicas y sociales pueden afectar esta estructura motivacional. Podemos decir que un grupo importante de las desigualdades que nos preocupan son aquellas que pueden socavar la estructura motivacional de los ciudadanos», afirmó.
¿-Cuáles son las principales desigualdades que identifican en Uruguay?
AV: Las desigualdades económicas, los temas de género, el vínculo racial. El acceso a los recursos sigue siendo un tema fundamental y que está indirectamente presente en la discusión pública. Muchas veces la discusión hace mucho más foco en los temas de pobreza que en los temas de desigualdad, que en realidad tienen mucho que ver con sus causas.
Un tema que se está empezando a visibilizar en la agenda política es la pobreza infantil [De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de Estadística, en 2024, la pobreza entre los niños menores de 6 años ascendió al 32%. En la franja de 6 a 12 años se estableció en un 28,1%, mientras que en los adolescentes de 13 a 17 años es de 27,5%]. ¿En el instituto tienen pensado abordar este tema?
AV: Pienso que hablar de pobreza infantil por sí solo empobrece la discusión. La pobreza infantil no es un problema de los niños, es un problema de la capacidad de generación de ingresos de los adultos. Y eso tiene que ver con la política salarial, desde el salario mínimo hasta los Consejos de Salarios y las posibilidades de empleo.
Como que todo el mundo está pensando en niños sueltos pobres, pero esos niños no generan su ingreso. Estamos pensando en la pobreza que se mide con la encuesta de hogares, en la que ni siquiera está la gente en situación de calle. Enriquecer esa discusión podría ser una tarea del Instituto, vincularla con los problemas de desigualdad y de justicia social. Ahí hay mucho para aportar también en una conversación que, desde mi punto de vista, ha quedado muy centrada en la visión más económica del problema. Acá vamos a tener más perspectivas.
La gran discusión es qué está dispuesta a hacer la sociedad uruguaya para reducir eso llamado pobreza infantil. Y ahí no es tan claro que para todo el mundo sea una prioridad, más allá de que todo el mundo dice que es horrible que haya niños pobres.
(Parte de la entrevista publicada en el portal de la Universidad de la República)