El Senado aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo días atrás de rescate a la mutualista Casmu para libertar US$ 25 millones para garantizar el funcionamiento del Casmu, en el marco de la intervención sin desplazamiento de autoridades, como parte del total de US$ 60 millones votados por el Parlamento durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, había dicho la semana pasada que el proyecto busca otorgar garantías “para liberar los fondos del último tramo que prevé el fideicomiso de la ley N° 20.325”, que habilitó al Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
El texto faculta al Poder Ejecutivo a prorrogar al plazo de las intervenciones por hasta un año adicional. Además, señala que los interventores “tendrán las más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación, pudiendo observar las decisiones adoptadas por las auditorías naturales de la institución, sugerir correctivos y proponer alternativas”.
“Cuando la intervención implique el desplazamiento de autoridades, los interventores tendrán las más amplias facultades de dirección y gobierno, así como la representación legal de la institución, sin perjuicio de las demás facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente, y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación”.
A este respecto, la legisladora frenteamplista Patricia Kramer afirmó en rueda de prensa que el proyecto de ley votado y que pasó a Diputado “no es específico del Casmu”.
“Claramente, surge de la necesidad inmediata de resolver una situación del Casmu, pero abarca una perspectiva de cuál es el rol del Ministerio de Salud Pública y la necesidad de que sea un poco más rector de todo un sistema para el bien de la salud pública, y, en general, de la ciudadanía”.
Además, aludió al “debate” sobre cuánto debiera abarcar el MSP. Sobre eso el Frente Amplio y las oposiciones se comprometieron a “trabajar en conjunto normativas más generales sobre los roles y las disposiciones que harían a una liquidación administrativa para dar mayores garantías”.
“Celebro que fuimos capaces, más allá de las discrepancias, la voluntad general era general de que salga”, completó.
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