El Censo 2023 ha revelado información sobre la situación de las viviendas en el país, destacando que, de un total de 1.659.048 viviendas registradas, el 19,5% de las mismas se encuentran desocupadas.
Canelones ocupa el segundo lugar – detrás de Maldonado- con 56.625 viviendas desocupadas, -el 20,3% de su stock de viviendas-, de las cuales el 46,9% se utilizan de forma temporal, el 15% están disponibles para alquilar o vender, y el 9,3% estaban en proceso de construcción o reparación. Este departamento refleja una combinación de usos que se extienden entre el turismo y el mercado inmobiliario.
En cuanto a la tenencia de la vivienda el 57 ,5%, son propietarios de la misma mientras que un 25,6% son inquilinos o arrendatarios. Los datos corresponden a hogares particulares censados con residentes presentes .
En el departamento de Canelones, Uruguay, hay asentamientos irregulares en varias localidades; La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Pando, Canelones, Santa Lucía, Barros Blancos, Sauce, Toledo y Ciudad de la Costa.
Son ocupaciones ilegales, precarias, con viviendas construidas con cartones, lata y desechos
Se encuentran en terrenos privados, de propiedad del estado, o en las márgenes de ríos y arroyos Son vulnerables socialmente y la mayoría tienen precariedad habitacional.
Desde 2011, el número de asentamientos en Canelones aumentó sistemáticamente .
En 2011, eran 100 asentamientos, y en 2021, 122.
Desde hace años, la carencia de viviendas a nivel nacional ronda las 70 mil, según estimaciones de estudios realizados desde partidos políticos y organizaciones sociales.
Desde la Intendencia de Canelones se afirma que se está trabajando en «no menos de 18» asentamientos. Plan Primera Vivienda, residencias estudiantiles y proyecto comunitario para adultos mayores y quienes viven en la calle
Si bien no se aseguró un número de viviendas a construir en el próximo período de gobierno, son varias las medidas planteadas en el programa del Frente Amplio y dichas por Orsi en sus discursos que abordan esta temática.
Por ejemplo, al referirse a la educación de los jóvenes se plantea como una necesidad el resolver sus problemas de vivienda porque ese es un elemento que lleva a que deserten. Para ellos se ampliarán los cupos en residencias estudiantiles.
Otra medida relacionada será la implementación del Plan Primera Vivienda que implica “facilitar el acceso al crédito hipotecario para las familias de las capas medias que hoy no califican como sujetos de crédito del BHU, combinando dos instrumentos; subsidio al capital y subsidio a la cuota”.
También se apunta a los adultos mayores y para ellos se propone un plan piloto de cinco proyectos en los que vivan de manera comunitaria. Esta idea de vivienda colectiva también está planteada para atender la situación de las personas que viven en la calle. Orsi también prometió atender los casos de “precariedad habitacional”, que abarca a los asentamientos, y la alternativa que planteó es fomentar la herramienta del Plan Juntos.
En diferentes filas polìticas se habla de los préstamos para vivienda, pero hay que recordar que en la actualidad son 550 mil personas – un tercio de la población económicamente activa -que ganan menos de $ 25.000 mensuales.
El “Plan Nacional de Vivienda por obra pública”, proyecto de ley de Unidad Popular aprobado en la Cámara de Diputados en el periodo 2019-2024 señalaba que el mismo “será el principal medio de acceso a la vivienda para los miles de trabajadores que no cuentan con posibilidades de ahorro pero si de pago de una módica cuota. A tales fines debe destinarse el 1% del PBI.
Utilizando todos los recursos con los que cuenta el Estado y facilitando la ejecución del Plan Nacional de Vivienda Popular se podrán construir miles de viviendas por año que no solo resolverán la penosa situación en que viven los trabajadores más humildes, sino que también se generaran fuentes de trabajo permanente y segura para los miles de trabajadores de la construcción que hoy se encuentran desempleados.
Se construirán viviendas y se le brindará todos los servicios necesarios en las tierras que sean aptas y se encuentren en desuso o improductivas ya sean del Estado o de privados. Entre los distintos entes del Estado existen 465 hectáreas libres en su poder, de ellas 97 serían factibles para destinarlas a la construcción de viviendas.
También se sabe que el 63% de los asentamientos se encuentran en tierras públicas. Según la cátedra de Sociología Urbana de la Facultad de Arquitectura se identifica la existencia de 133 hectáreas de suelo vacante solamente en 26 barrios de Montevideo, se fundamentaba en el proyecto de ley de la izquierda.
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