Este martes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió a la sanción aplicada a cuatro jerarcas de la Armada Nacional –entre ellos el excomandante en jefe Jorge Wilson– por faltar a la verdad en el intercambio de información sobre el segundo pago correspondiente al contrato con el astillero español Cardama, destinado a la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV). En ese marco, también se cuestionó el hecho de que se haya tomado de forma unilateral la decisión de realizar el depósito.
Lazo dijo en Informativo Sarandí que la sanción surgió del trabajo de un equipo de “confianza” designado por la ministra, encargado de “recopilar la información necesaria para el proceso que llevó a la adjudicación”. En esa línea, luego de comunicarse con la jefa de cartera, en el mediodía de ayer el coordinador de la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani, convocó a la prensa para referirse al tema.
Informó que Lazo será recibida el próximo lunes por la bancada oficialista, instancia en la que también participarán algunos diputados frenteamplistas que integran la Comisión de Defensa Nacional. Se espera que en ese encuentro la titular de Defensa pueda brindar información “más precisa” acerca de la sanción sobre los jerarcas militares.
Caggiani recordó que la compra ya se había cuestionado desde el FA, y ahora, ante las “contradicciones” en las versiones de estos altos militares, “es importante” que los legisladores puedan “conocer de primera mano esta situación” y “evaluar qué acciones parlamentarias o institucionales se pueden seguir en adelante”.
“Creo que todo esto es un cúmulo de irregularidades importantes”, enfatizó Caggiani. Acotó que todo nació con la “compra directa a un astillero naval que no tiene experiencia”. Sobre la efectivización del segundo pago del contrato, el legislador dijo que se realizó “por lo menos de manera poco clara”. Comentó que Lazo, entonces ministra designada, no se enteró de esto hasta los últimos días de marzo.