Fotos: Arroyo Solís Chico, zona del cangrejal que se verá afectado por los posibles emprendimientos inmobiliariosl/LJ.
El Ministerio de Ambiente intimó meses atrás a «detener de inmediato» las obras para diseñar una reserva de chacras sobre la Laguna del Cisne y la Jurídica debe resolver si exigirá al proyecto la tramitación de una Autorización Ambiental Previa
Al norte de Marindia y de la ruta Interbalnearia, por el camino que lleva a la usina de OSE, se anuncia una coqueta reserva de 72 chacras de 30 mil metros cuadrados donde “echar raíces”. Es el proyecto Laguna del Cisne, una “reserva de flora, fauna y bienestar” a pocos minutos de Carrasco con canchas, barbacoa, piscina y muelle con botes. Entre el bosque y los campos, ofrece un acceso privilegiado a la laguna que abastece de agua a toda la Costa de Oro, se informa en una nota de Ramiro Pisabarro para El Observador.
Aunque aún no están dados los permisos de construcción, la comuna canaria no tiene objeciones hacia el futuro desarrollo y tiene incluso la convicción política de que la construcción de viviendas es una de las intervenciones “más sanas” sobre un ecosistema cautelado como el de Laguna del Cisne, según explicaron a El Observador fuentes de la administración de Francisco Legnani.
Se trata además de una política emblema de las últimas gestiones en Canelones, en especial la del hoy presidente Yamandú Orsi: facilitar los desarrollos para vecinos de alto poder adquisitivo para generar mayores ingresos a la comuna y volcarlos en obras al resto de los barrios canarios. Eso sí, alertan, se deberán “resolver bien” todos los posibles impactos ambientales, como las cámaras sépticas y senderos internos.
En el Ministerio de Ambiente el panorama es menos claro y las diferencias quedaron evidenciadas en uno de los últimos encuentros de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, según los documentos a los que tuvo acceso El Observador.
Mientras que la intendencia reafirmó ante los vecinos que el proyecto “no es una urbanización ni un barrio privado, sino una subdivisión de suelo rural en padrones rurales (…) de más de tres hectáreas”, distintas oficinas del ministerio sostuvieron que la reserva “tiene características de una urbanización” y que por tanto puede requerir Autorización Ambiental Previa.
Así lo han remarcado la División de Cuencas y Acuíferos en junio, la Gerencia de Control de la Dirección de Control y Desempeño Ambiental (Dinacea) en agosto, y luego la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) ante los vecinos el 25 de setiembre pasado. A eso se suma que Ambiente intimó al propietario de los campos, Pablo Bidegain, “a detener de inmediato las construcciones y obras hasta obtener la Autorización Ambiental Previa”.
El privado respondió y el expediente está ahora a estudio de Jurídica del ministerio desde finales de setiembre, según reconstruyó El Observador. Por su parte, la Comisión de Vecinas y Vecinos en defensa de la Laguna del Cisne reclamó ante las autoridades que se “defina con claridad el alcance” de la intimación del Ministerio de Ambiente.
La intendencia y la cartera sí coincidieron en sancionar a Bidegain por construir un muelle en la “zona buffer”, una superficie protegida alrededor de la laguna en la que no puede hacerse ningún tipo de intervención.
La historia se remonta a 2023. El proyecto para la reserva Laguna del Cisne –del mismo desarrollador de los Balcones de Rocha, Arenas de La Pedrera y Arenas del Polonio– inició con un fraccionamiento de tres padrones de suelo rural productivo en 72 lotes de más de tres hectáreas cada uno y uno último en suelo rural natural de 35,7 hectáreas en contacto con la propia Laguna del Cisne pensado como propiedad común del resto de las chacras para “regular su conservación”.
En ese amplio espectro natural, el privado anticipaba ante Catastro y la intendencia un “reglamento de copropiedad” para delimitar las “restricciones de uso” y determinar un “enfoque ambientalmente sustentable” que mantenga el “ecosistema” y su “biodiversidad”. El propietario proyectó ante las autoridades un emprendimiento de chacras a modo de “vivienda no permanente”.
Luego de que los vecinos denunciaran el caso ante el Ministerio de Ambiente en 2024, la División de Cuencas y Acuíferos de la cartera advirtió que “no se puede determinar adecuadamente el riesgo de contaminación y afectación al balance hídrico al que estaría expuesta el agua de la laguna”, al tiempo que matizó que el proyecto “a futuro podría convertirse en habitacional permanente”. “Esto generaría otros tipos de impactos acumulativos que deberían ser evaluados de forma preventiva”, matizó el informe.
Los vecinos han arremetido en más de una ocasión contra la intendencia y contra el ministerio por una presunta “pasividad” para admitir por la vía de los hechos el desarrollo de una suerte de barrio privado que ya cuenta con amenities de uso común como piscina, barbacoa, canchas y vagones acondicionados. Como es de estilo en las reuniones de Comisión de Cuenca, donde entre discusiones suele levantarse la temperatura, los vecinos acusaron a la cartera de “ocultamiento de información”.
En uno de los últimos encuentros, sin embargo, Ambiente sí propuso “analizar la ampliación de 100 a 150 metros” de la “zona buffer”, tal como había reclamado la comisión de vecinos.
La medida también es parte de la discusión presupuestal: el proyecto de ley, tal como salió votado de Diputados, establece que todo fraccionamiento de predios contiguos al álveo de la Laguna del Cisne –aparte de otras cuerpos de agua– en una franja de 150 metros “pasará de pleno derecho al dominio público y quedará afectada al uso público”. El Presupuesto está ahora a estudio del Senado.
Los vecinos reivindican que se debe cuidar la única fuente de agua que OSE toma para abastecer a la Costa de Oro. En sus informes a la intendencia, el privado ya reconoció que deberá “prestar especial atención” a la hora de construir “depósitos impermeables” para evitar “posibles filtraciones de aguas servidas”, y detalló que hay aproximadamente 10 empresas privadas a disposición para la gestión de barométricas.
La División de Cuencas y Acuíferos de Ambiente recabó que el proyecto “podría generar un aumento de los riesgos para los eventos peligrosos” identificados por OSE para sus fuentes de agua. La Dinagua, en tanto, pidió al propietario un plan de saneamiento que incluya una solución para los pozos y un estudio de inundabilidad.
Parte del expediente que hoy está a estudio de Jurídica del ministerio incluye también una consulta a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) para esclarecer eventuales impactos en la fauna y flora de la zona.
Pablo Bidegain, propietario de los campos loteados, entiende que el proyecto está enclavado en “uno de los lugares más lindos del mundo” y ha dicho –en un comunicado publicado por los desarrolladores– que no quiere “vender por precio, sino por afinidad”. “Quiero que venga gente que cuide, que no cace, que no deprede, que valore lo que tenemos”.
Bidegain es alguien conocido para la Intendencia de Canelones por tener distintas inversiones en el departamento. Además, según surge de las rendiciones de cuentas presentadas por los partidos a la Corte Electoral, el comando de Orsi declaró que en la última campaña electoral el empresario compró diez rifas para la campaña del candidato frenteamplista por $83 mil y aportó otros $86 mil a modo de “donación nominativa”.