Silvia Martínez, Marcelo Abdala, Fernanda Aguirre y Pablo Chargoña en la conferencia de prensa en la sede del Pit-Cnt/Pit-Cnt
El PIT-CNT y un conjunto de organizaciones sociales presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan por “presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio” contra el pueblo palestino. Además, solicitaron que Uruguay colabore con las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Este martes 2 de junio se realizó una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT, en la que participaron el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala; la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre; el abogado especializado en derechos humanos y coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Dr. Pablo Chargoñia, para referirse a la denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y Silvia Martínez integranrte de Espacios Libres de Aparheid BDS-Uruguay..
Abdala señaló que se trata de una acción “en defensa de valores y principios fundamentales de derechos humanos”, que calificó como muy importante y que, según indicó, ha sido asumida por “todo el campo popular socialmente organizado”. Explicó que la iniciativa refiere a la denuncia penal contra el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan, quien se desempeña como portavoz oficial en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), así como a la solicitud de cooperación con las órdenes de captura emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. Se trata, afirmó, de una decisión adoptada “en defensa de la vida, contra el genocidio del pueblo palestino y en defensa de los más sagrados derechos humanos”.
Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, informó que “el viernes 29 de mayo de 2026, el PIT-CNT junto a organizaciones sociales, FUCVAM, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, FEUU, SERPAJ, y con el patrocinio legal del abogado Pablo Chargoñia, presentamos ante la Fiscalía una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra el militar uruguayo-israelí Roni Kaplan”.
Aguirre explicó que “la denuncia solicita a la Fiscalía que indague a Kaplan para determinar su responsabilidad penal por los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, y oportunamente se solicite la formalización de la investigación”.
Asimismo, señaló que se solicita que “se cite, se tome declaración y se indague a toda otra persona, funcionario o exfuncionario del Estado de Israel hallado en territorio nacional respecto de los mismos delitos”.
Agregó que, en caso de que los requeridos por la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, se encuentren en territorio nacional o transiten por él, se solicita que “la autoridad judicial dicte inmediata orden de arresto con miras a la entrega a la Corte Penal Internacional para su enjuiciamiento, de conformidad con lo que ordena la Ley 18.026”.
La dirigente sostuvo que la demanda se basa en la convicción de que el Estado de Israel agrede al pueblo palestino como parte de “una política estatal metódica y permanente, con una clara motivación genocida”.
Indicó que uno de los antecedentes de la denuncia es la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024 al Estado de Israel para que adoptara todas las medidas posibles destinadas a prevenir un genocidio en Gaza. Recordó que dicha resolución tuvo origen en la petición presentada por Sudáfrica para que la Corte investigara al Estado de Israel y adoptara medidas cautelares para detener su conducta genocida en Gaza.
Según señaló, al reconocer el derecho del pueblo palestino a ser protegido de actos de genocidio, la Corte Internacional de Justicia admitió la solicitud sudafricana y abrió una investigación contra Israel al considerar plausible que se estuviera cometiendo un genocidio.
También mencionó las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 contra Benjamín Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por entender que Netanyahu es responsable penalmente, como coautor junto al gobierno y las fuerzas armadas israelíes, de crímenes de guerra, entre ellos provocar intencionalmente la muerte por hambre, así como de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos. Añadió que las acusaciones incluyen la destrucción de infraestructura civil, centros de salud, escuelas, campos de refugiados de Naciones Unidas y ataques contra la población civil de Gaza.
Aguirre también se refirió a las obligaciones que, a su entender, tiene el Estado uruguayo frente a estos hechos.
“El Estado uruguayo tiene el derecho y el deber de perseguir y juzgar los crímenes internacionales de los que se acusa a Kaplan y a los demás denunciados por varios motivos”, afirmó.
Entre esos motivos mencionó “haber ratificado en 2002 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que define los crímenes de guerra, genocidio y de lesa humanidad, y haberlo convertido en ley interna en 2006 mediante la Ley 18.026, que establece en su artículo 2 la obligación del Estado de colaborar con la Corte Penal Internacional para la persecución de estos delitos internacionales”.
Asimismo, recordó que Uruguay ratificó la Convención contra la Tortura de 1984, incorporada al derecho interno mediante la Ley 15.798, que establece la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias para ejercer jurisdicción cuando el presunto responsable se encuentre en territorio nacional.
También hizo referencia al principio de jurisdicción universal, contemplado en el numeral 7 del artículo 10 del Código Penal uruguayo, que admite la aplicación de la ley penal nacional a delitos cometidos en el extranjero en virtud de disposiciones especiales del orden interno o de convenios internacionales.
Al referirse al delito de genocidio y a la responsabilidad atribuida a Kaplan, Aguirre sostuvo que “el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza desde octubre de 2023 es el primero de la historia transmitido en directo”.
Añadió que “su magnitud y alcance no tienen precedentes en la historia contemporánea en cuanto al porcentaje de población civil, de personal médico y humanitario, de funcionarios de la ONU, docentes, estudiantes y periodistas asesinados”, así como por la destrucción de infraestructura civil vital, viviendas, hospitales, universidades, escuelas, museos, plantas de electricidad, sistemas de agua potable y saneamiento, oficinas públicas, lugares de culto, sitios patrimoniales, bibliotecas y museos.
A continuación sostuvo que “la naturaleza y la gravedad del crimen de genocidio han quedado irrefutablemente documentadas por varios organismos de la ONU, por la Comisión Internacional Independiente de Investigación en los Territorios Palestinos Ocupados y los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos; por una treintena de expertos y relatoras encabezadas por la relatora especial Francesca Albanese; por la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Comité de los Derechos de la Inmigración; por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional, Human Rights, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, las organizaciones israelíes B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, entre otras; y por la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio”.
Por su parte, Pablo Chargoñia remarcó que no existen antecedentes de este tipo de denuncias en Uruguay, aunque sí en otros países.
“Entre otras cosas porque el fundamento es la jurisdicción universal. Ciertos crímenes de especial gravedad obligan a los Estados a juzgarlos en sus territorios nacionales”, señaló.
Por lo tanto, sostuvo que Uruguay tiene, de acuerdo con el Estatuto de Roma y la Ley 18.026,“un deber, que es el deber de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, sin tener en consideración el territorio donde hubieran ocurrido”.
“No hay antecedentes de este tipo de denuncias en la Fiscalía General de la Nación. Lo presentamos el viernes y, en estos días, el Departamento de Priorización y Asignación estará analizando el caso para determinar a qué fiscal corresponde la asignación de esta denuncia”, agregó.
Explicó además que la presentación tiene dos partes. “Por un lado, concretamente la denuncia penal de Roni Kaplan y de otros funcionarios del Ejército genocida, para que sea juzgado eventualmente en Uruguay si es hallado en el país. Y, por otro lado, lo que se llama cooperación judicial internacional. Uruguay es parte del Estatuto de Roma y todos los Estados parte tienen que cooperar con la Corte Penal Internacional. Y si esta dispuso una orden de arresto respecto de dos personas, Netanyahu y Gallant, en el caso eventual de que fueran hallados en el territorio o transitaran por él, Uruguay tiene un deber de cooperar con la Corte Penal Internacional, que consistiría en ponerlos a disposición de la Corte Penal Internacional”.
Chargoñia indicó que esos dos elementos -la denuncia penal y la cooperación judicial internacional- son los que se solicitaron a la Fiscalía General de la Nación.
En relación con las órdenes de arresto, precisó que “se refieren a esos dos funcionarios del Estado israelí. En caso de que existieran órdenes respecto de otros funcionarios, lo que correspondería sería ampliar la denuncia. Las denuncias siempre pueden ser ampliadas, ilustrándolas mejor a efectos de que la Fiscalía General de la Nación tenga un mejor conocimiento de qué se trata”.
“Pero el deber es el mismo: cooperar con la Corte Penal Internacional para no frustrar lo que la Corte Penal Internacional pretende, que es el juicio de Netanyahu, de Gallant o de quien sea imputado por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio”, concluyó.
Silvia Martínez dio lectura al Mensaje de la Embajada de Palestina en Uruguay.
En el texto se expresó la expectativa de que “todo el peso de la ley nacional e internacional, así como de la justicia humana, recaiga sobre los individuos responsables de cometer atrocidades contra nuestro pueblo durante tanto tiempo, tal como ocurrió con los responsables del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, quienes sembraron el miedo, el odio, la muerte y la destrucción en el mundo, creyéndose por encima de toda rendición de cuentas”.
El mensaje añade que “lo que ocurre hoy constituye un legítimo derecho nacional palestino largamente esperado, y es el fruto de años de trabajo sostenido por numerosas instituciones de derechos humanos, tanto internacionales como regionales, así como por juristas, organizaciones humanitarias y defensores de los derechos humanos en distintas partes del mundo, además de las amplias movilizaciones civiles internacionales”.
“Hemos reclamado y seguimos reclamando justicia de manera continua desde hace más de tres años durante este último genocidio, y antes de ello durante décadas de aniquilación, agresiones e intentos sistemáticos de borrar nuestra identidad nacional y los derechos del pueblo palestino. Esta no es la primera ofensiva contra nuestro pueblo, sino un nuevo episodio dentro de una larga cadena de sufrimiento e impunidad”, señala el documento.
La representación diplomática sostuvo que el pueblo palestino no reclama venganza, “sino la aplicación del derecho internacional sobre todos, sin excepción alguna, y que la justicia internacional sea verdaderamente justa, no selectiva ni sometida al criterio del poder político”.
Asimismo, afirmó que “cualquier avance jurídico o judicial internacional orientado a responsabilizar a quienes cometieron crímenes, como la limpieza étnica contra nuestro pueblo, representa una victoria para los principios de justicia y derechos humanos, y envía un mensaje claro y contundente de que la sangre de los civiles palestinos no es barata, y que los crímenes no prescriben aun con el paso del tiempo”.