Puerto de Montevideo/LJ.
Representantes de la Intergremial de Transportistas de Carga y autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) acordaron conformar una mesa de trabajo conjunta, congelaron la implementación de la Guía Electrónica de Carga (GEC) hasta que se resuelvan las condiciones exigidas por el sector y se comprometieron a instancias de capacitación previas a cualquier puesta en marcha.
El presidente de la Intergremial, Ignacio Asumendi, confirmó que la herramienta no entrará en vigencia hasta que estén resueltas las bases, priorizando la seguridad jurídica y la formación de los trabajadores. La historia de la GEC es la de una herramienta presentada por el gobierno como modernización y rechazada por el sector como burocracia y control excesivo.
El MTOP implementó la Guía Electrónica de Transporte de Carga como sistema exigible para todo transporte por carretera con vehículos de más de 3.500 kg, registrando datos del vehículo, el trayecto y la mercadería a través de una plataforma web y una app móvil.
Los detractores calificaron la iniciativa como un “Gran Hermano” del transporte de carga, argumentando que el sector ya está sometido a numerosos mecanismos de fiscalización, radares, balanzas, videovigilancia, y que la nueva herramienta resulta innecesaria. Lo que para el director nacional de Transporte, Felipe Martín, es un sistema para “conocer el movimiento de esa carga asociado a su GPS, para conocer lo que tiene que ver con su trazabilidad”, para los transportistas es “una carga burocrática adicional con costos concretos”, sin ningún beneficio tangible a cambio. El MTOP mantuvo una reunión el 27 de mayo sobre los avances e implementación del sistema y emitió un comunicado aclarando que no existe fecha establecida para el comienzo de la fiscalización y que la etapa actual “tiene un fin netamente de masificación e integración”. Pero el comunicado no alcanzó para calmar al sector.
La intergremial denunció que en la misma semana del anuncio oficial la plataforma del MTOP “estuvo caída varios días por cambios de último momento del equipo técnico”, lo que sumado a las contradicciones entre las comunicaciones oficiales y las instancias de difusión generó “una gran incertidumbre sobre el sector”. La gremial calificó de “ilógico” que se prevean sanciones a partir de junio cuando –a su entender– la herramienta “no está completa ni siquiera desde el punto de vista técnico como para ser implementada masivamente”. Hubo también un argumento jurídico de fondo. Los transportistas plantearon que la ley de 2001 que habilita la guía “no contempla los actuales sistemas tecnológicos de control y almacenamiento de datos. No está legislado”, señalando que el reclamo excede las competencias ministeriales.
El detonante definitivo fue la difusión de un calendario que aceleró los plazos de implementación. Eso provocó movilizaciones en al menos 19 puntos del país.
La reunión realizada el martes fue la primera instancia formal entre la Intergremial y el MTOP después del paro.
El encuentro permitió trasladar los reparos definidos en la asamblea del 4 de junio y arrojó compromisos concretos en varios frentes. El MTOP se comprometió a ampliar la dotación de recursos humanos para agilizar los requerimientos del sector y a establecer reuniones periódicas para avanzar en los aspectos operativos, que aparecen como los de más fácil resolución. También garantizó instancias de capacitación antes de cualquier implementación definitiva.
El punto de mayor complejidad –que quedó sin resolución inmediata– es el marco legal y laboral. Asumendi señaló que la guía podría generar “algunas inseguridades desde el punto de vista jurídico” para los transportistas. Para abordar ese tema se conformará una mesa de trabajo integrada por ambas partes. Mientras esa mesa no resuelva los puntos en disputa, la herramienta no entrará en vigencia.
Tras conocerse los acuerdos, los transportistas autoconvocados resolvieron levantar el paro pero mantener asamblea permanente. “Esta guía involucra a dos partes principalmente y una tercera que son los choferes, por lo tanto va a haber que mantener reuniones y vamos a tener que acordar cuáles van a ser los términos que se siguen y qué se acepta, si es que se acepta”, señaló el vocero Federico Holzmann.