El gobierno, a través de un proyecto, busca “asegurar la continuidad asistencial del prestador”, que cuenta con más de 171.000 afiliados.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que busca que Casmu tenga un nuevo acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
La iniciativa habilita a la institución a recibir una garantía de hasta 742.543.719 Unidades Indexadas (UI), más los intereses, lo que serían US$ 120 millones.
Además, plantea extender por dos años adicionales la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la mutualista.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que Casmu es “uno de los principales prestadores integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)” y destaca que cuenta con un padrón de aproximadamente 171.000 afiliados, por lo que la estabilidad de la mutualista es un “aspecto relevante para el adecuado funcionamiento del sistema de salud”, según el documento al que accedió Montevideo Portal.
La garantía a la que acceda la mutualista estará condicionada a la aprobación de planes de reestructuración por parte del Poder Ejecutivo, que lo analizará a través del MSP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Además, el texto plantea que esos planes deberán contemplar medidas para la recuperación económico-financiera de la institución y estarán sujetos a las condiciones previstas en la normativa del Fondo de Garantía.
La iniciativa ingresó al Parlamento para su “tratamiento como grave y urgente”, indicaron fuentes del Frente Amplio.
El próximo lunes las comisiones de Hacienda y Salud del Senado comenzarán a tratar el proyecto emitido por el Ejecutivo. En el encuentro participarán autoridades del MSP y del MEF, así como los diputados. El objetivo es “acelerar el tratamiento”.
La empresa médica ya había accedido a este mecanismo mediante la Ley N° 20.325, aprobada en agosto de 2024, que habilitó una garantía de hasta $ 2.184.367.134.
Posteriormente, la Ley N° 20.404, de abril de 2025, permitió flexibilizar el régimen de garantías, ampliar las facultades de los interventores y extender el plazo de intervención establecido para la institución.
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esas medidas no permitieron superar la situación que originó las asistencias anteriores.
“Pese al acceso otorgado al amparo de las leyes N° 20.325 y 20.404, el Casmu-Iampp aún no ha logrado superar la situación económico-financiera que motivó la aprobación de dichas normas”, aseguran en el texto.
Según el Ejecutivo, parte de la deuda que tiene la mutualista fue tomada “a altas tasas de interés”, lo que generó un desbalance entre los ingresos y los egresos de la institución médica.