En todo el continente organizaciones de jubilados y pensionistas denuncian y enfrentan la ofensiva del capital internacional que saca ganancias a partir del esfuerzo de los trabajadores del ayer y los actuales, privatizando los servicios de seguridad social y fomentando el lucro y recortando beneficios.
En la Ciudad Autónoma de Buenos el jueves 27 y viernes 28 la Sección de Jubilados y Pensionistas de la Federación Sindical Mundial y de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales convocaron al encuentro en el que se intercambió acerca de la ofensiva neoliberal contra los sistemas de seguridad social.
El Secretario General de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de Uruguay, José Luis Borges en declaraciones para CX 36 Radio Centenario informó que en la reunión se discutieron temas que también son muy importantes para la Coordinadora.
Borges señaló que“…es un gran paso adelante en la defensa de la seguridad social y de lucha contra la ofensiva del capital…” “…es un encuentr4o de jubilados y pensionistas de america latina impulsado y organizado por la sección de Jubilados y Pensionistas de la FSM y la Clate que se organizan en un espacio de movilización, acción y lucha por la seguridad en tanto derecho humano fundamental …” y que “centran su lucha en la confrontación con los modelos privatizadores y mercantilizados impuestos por el capital financiero, en la defensa de los derechos conquistados por los trabajadores y de los sistemas públicos, solidarios a cargo del estado de seguridad social …”
El secretario general de Cojupe afirmó que ”… en Bs As se confirmó la validez de la lucha impulsada por Cojupe , el Mondess y buena parte del movimiento popular uruguayo con el plebiscito del Si ( con sus tres puntos de Eliminar las Afaps y el lucro, mantener la edad de jubilación en 60 años y aumentar todas las jubilaciones y pensiones minimas al nivel del salario mínimo nacional )…..asi como “ la condena del genocidio en gaza el compromiso y apoyo incondicional con la lucha del pueblo palestino y la solidaridad ilimitada con la revolución cubana, su pueblo y gobierno ante el ataque del imperialismo norteamericano….” que promovemos desde nuestra coordinadora.
José Pepe Borges señaló que se formó una comisión de trabajo para avanzar en la elaboración de un plan de lucha , generando así condiciones de movilización a nivel internacional.
El integrante de la Lista 2 de la Cojupe manifestó que llegó al encuentro con mucha expectativa y consideró que los resultados alcanzados en el mismo son muy entusiasmantes.
Consideró que estas actividades son muy valiosas en el marco histórico en que jubilados, pensionistas y trabajadores se mueven hoy, un marco histórico de barbarie contra los pueblos .Al ser consultado sobre la ofensiva privatizadora de la seguridad social en otros países, como en Uruguay, Borges manifestó que se conocieron relatos de la realidad de varios países del continente que son escalofriantes, en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de jubilados y pensionistas .
Resaltó que en el encuentro de la ciudad de Buenos Aires se puso de manifiesto la necesidad y la iniciativa de lucha contra la ofensiva del capital, iniciativas de lucha que en algunos países está en forma embrionaria, pero se coincidió en la necesidad de luchar contra esta ofensiva privatizadora de la seguridad social y en particular contra las AFAP.
José Pepe Borges , Scrio General de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay/LJ.
DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.
“LA SEGURIDAD SOCIAL QUE QUEREMOS ES POSIBLE Y NECESARIA”
Las delegaciones de las Organizaciones de Pensionistas y Jubilados de
América Latina y el Caribe, reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina,
los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, bajo la convocatoria de la CLATE y
la UIS de P&J FSM Américas, emitimos la siguiente declaración formal ante
nuestros pueblos, gobiernos y organismos internacionales:
I. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES
La seguridad social es un derecho humano: Proclamamos de manera
unánime que la seguridad social es un derecho humano fundamental e
irrenunciable. Respaldamos esta firme convicción en los artículos 22 y 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos que declara que toda persona,
como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar y una
vejez digna.
• Obligación indelegable del Estado: Sostenemos que es obligación de
los Estados respetar los derechos reconocidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH), garantizar su libre ejercicio
y adoptar las medidas legislativas necesarias para hacerlas efectivas
(arts. 1 y 2 CADH), en nuestro caso los derechos a la seguridad social,
sin adoptar medidas regresivas (art. 26 CADH) a través, de sistemas
previsionales de naturaleza pública, de reparto y solidarios. Rechazamos
cualquier intento de mercantilización del trabajo y la seguridad social
(Declaración de Filadelfia de 1944 OIT.)
• Principios rectores generales: Reclamamos que las políticas y
regímenes previsionales se guíen de forma estricta por los principios de
universalidad, solidaridad inter e intrageneracional, igualdad, integralidad,
suficiencia, participación, justicia social, enfoque de género, diversidad y
étnico. Se debe brindar especial protección a las personas mayores,
mujeres, infancias, personas con discapacidad y trabajadores rurales (100
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad.
• Participación de los trabajadores en la administración de los
sistemas de seguridad social (“Nada sobre nosotros sin nosotros”).
• Garantizar que los fondos de reserva de los regímenes de jubilaciones y
pensiones que se usen para inversiones se destinen para dar cobertura a
las necesidades de los trabajadores, por ejemplo, en vivienda.
• II. SOBRE EL FINANCIAMIENTO Y EL MUNDO DEL TRABAJO
Sostenibilidad financiera progresiva: Afirmamos que ningún sistema
previsional actual se sostiene exclusivamente con los aportes y contribuciones
de los trabajadores. Por lo tanto, exigimos que el financiamiento estatal
complemente los aportes y contribuciones con sistemas tributarios progresivos,
con impuestos directos a las grandes empresas o grandes grupos económicos.
• Conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) los Estados Parte se comprometen a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de
los derechos aquí reconocidos (art. 2.1 del PIDESC).
• Inclusión de todas las formas de trabajo: El derecho a la seguridad
social debe extenderse y abarcar la totalidad del mundo laboral actual
(trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia). Esto incluye al trabajo
formal, atípico, precario, autónomo, de plataformas digitales, de la
economía del cuidado, y las nuevas modalidades de trabajo de la industria
4.0 y la inteligencia artificial. La OIT en junio 2026 sancionó el Convenio
193 sobre el trabajo decente en la economía de plataformas que establece
que debe asegurarse por los Estados que los trabajadores de plataformas
digitales tengan acceso a la seguridad social.
▪ Llamado internacional: Nos comprometemos a impulsar en cada
uno de nuestros países la ratificación y se garantice el cumplimiento
efectivo del Convenio 102 de la OIT, norma mínima de seguridad
social.
▪ Se cumpla el Piso Básico de Protección Social de la Recomendación
OIT 202 (2012) que establece las siguientes garantías básicas:
a) atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad,
que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad; b) seguridad básica del ingreso para los
niños, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano
nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los
cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios; c)
seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel
mínimo definido en el plano nacional, para las personas en edad
activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en
caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, y; d)
seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos
equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional.
• Deben existir prestaciones accesibles y adecuadas y mecanismos
efectivos para reclamar cuando los derechos no se cumplen.
• III. DENUNCIA Y RESISTENCIA A MODELOS MERCANTILIZADORES
DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.
Privatización de la seguridad social: Destacamos el fracaso de las reformas
estructurales de los sistemas de seguridad social, llevadas adelante en América
Latina con la experiencia del pasado y teniendo en cuenta las tendencias futuras
de la sociedad.
Denunciamos las graves implicaciones negativas que las políticas orientadas por
el Consenso de Washington y el Banco Mundial han dejado en América Latina y
el Caribe. Estas reformas han provocado un retroceso sistemático en los
derechos laborales, la pérdida de cobertura y el poder adquisitivo de jubilados y
pensionados.
• Exigencia de progresividad. prohibición de retroceso y vigencia de
los derechos a la seguridad social: Recordamos a los Estados Parte de
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) su obligación
conforme el artículo 26 de hacer efectivos los derechos a la seguridad
social y garantizar la progresividad de los derechos económicos, sociales
y culturales. Exigimos que se destine hasta el máximo de los recursos
disponibles para asegurar el derecho a una vida digna (art. 2.1 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
IV. RATIFICACIÓN DE LA LUCHA Y AVANCES REGIONALES
• Reconocimiento a la movilización popular: Reivindicamos con orgullo
la lucha histórica de los trabajadores activos y jubilados que ha permitido
frenar el avance de las reformas privatizadoras en la región.
• Defensa del sistema público: Celebramos la resistencia de los países a
la privatización de los regímenes públicos de reparto y de aquellos que
lograron revertir total o parcialmente las privatizaciones de las
jubilaciones.
• Alerta y movilización permanente: Nos declaramos en estado de alerta
y movilización en defensa del trabajo y de la seguridad social como
derecho humano fundamentales orientados por el principio de justicia
social (Constitución de la OIT 1919) que se traduce en sistemas públicos
de jubilaciones y pensiones que garanticen condiciones de vida digna a
sus beneficiarios.
• Políticas de inclusión: Apoyamos decididamente las políticas públicas
de inclusión previsional (moratorias y rentas de dignidad, ingresos básicos
universales) implementadas en distintos países Estas medidas reconocen
el derecho humano a la seguridad social de todas las personas que no
alcanzaron los aportes formales debido a las fallas estructurales del
mercado de trabajo.
En tal sentido proponemos la creación de ámbitos permanentes de debate
y organización, en unidad en la lucha, que permitan llevar adelante con
éxito, tanto la resistencia a las políticas contrarias a los trabajadores,
como, asimismo, ir construyendo una sociedad que elimine cualquier
forma de explotación.
