Foto Presidencia: Conferencia de prensa en Torre Ejecutiva anunciando el acuerdo
El monto es resultado de un acuerdo que el gobierno nacional realizó con el consorcio Grupo Via Central debido al inicio de un proceso de arbitraje internacional por el incumplimiento de pagos por 160 millones de dólares en torno al proyecto del Ferrocarril Central, anunciado en febrero, a menos de una semana de la asunción del gobierno.
El acuerdo comprende el período que va desde el 24 de diciembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2025, y “saca” al Estado de los “titulares de arbitraje internacional” anunciados por el consorcio en febrero.
El anuncio lo realizó el presidente de la republica durante la conferencia de prensa brindada este mediodía en Torre Ejecutiva
“La novedad es un acuerdo que logramos cerrar con el Consorcio del Ferrocarril Central, fruto de una larga negociación que tuvimos que encarar cuando asumimos el gobierno”, dado que “no se llegó en su momento, en el gobierno anterior, a redondear una propuesta”, dijo el presidente Yamandú Orsi al iniciar la conferencia. Orsi reafirmó que fue una negociación “compleja” y recordó que “ya en la transición se nos había informado que había algún capítulo pendiente, nada menos que vinculado con los pagos”.
El periódico “la diaria” consigna que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, explicó que el acuerdo abarca el período comprendido entre el 24 de diciembre de 2023 y el 31 de marzo de 2025. El gobierno acordó un pago de 56,5 millones de dólares por la deuda correspondiente hasta el 7 de agosto de 2024, “cuando todavía no teníamos el acta de funcionamiento del tren y, por lo tanto, lo que estaba ocurriendo era una circulación de prueba con alguna carga parcial”. Sobre esa cifra, un “mediador” tendrá 60 días para determinar si “es correcta o debe ajustarse”. En tanto, para el período que va del 8 de agosto de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se acordó el pago de un 80% de lo que corresponde por disponibilidad, aplicando el descuento máximo establecido por el contrato y reconociendo los costos financieros “asociados a la demora del pago”.