lunes, abril 21, 2025
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Miles de argentinos saldrán mañana a la calle en el Día de la Memoria

El 24 de marzo de 1976 los militares con apoyo de la derecha local y del gobierno de EEUU instalaron una dictadura en Argentina que se prolongó hasta el 10 de diciembre de 1983.

La conmemoración de esta fecha , definida como el Día de la Memoria , se realiza con un llamado a resistir las consecuencias del gobierno del presidente Javier Milei.

Tan solo cuatro días después de la marcha del 24 de marzo pasado, Luis Petri tomó la decisión de eliminar los equipos que relevaban y analizaban (ERyA) los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad.

A los expertos que los integraban los caracterizaron como “vengadores” y los acusaron de hacer “macartismo” contra los militares. Fue el primer mojón en un año que estuvo caracterizado por el afán de la administración de Javier Milei por desmontar las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que hacen de Argentina un ejemplo en el mundo. No fue sólo motosierra contra áreas sensibles del Estado; fue parte de un plan de impunidad que denunciaron desde los organismos después de que se conociera el cónclave entre diputados de La Libertad Avanza (LLA) y los represores que están presos en el penal de Ezeiza.

Todos estos temas estarán presentes en el documento que el movimiento de derechos humanos leerá mañana en Plaza de Mayo al concluir la marcha por los 49 años del golpe de Estado.

Para 2010, los juicios por crímenes de lesa humanidad habían empezado a tomar ritmo. El inicio había sido difícil: procesos por pocos casos  y la desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante contra el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

 Pese a eso, los juicios no se detuvieron y empezaban a tomar envión. En enero de 2010, Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 4 a través del cual desclasificaba la información en poder de las Fuerzas Armadas que estuviera vinculada a los años del terrorismo de Estado.

Como consecuencia de ese decreto, Nilda Garré creó en el Ministerio de Defensa los ERyA. Meses después, replicaría la experiencia en el Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich desarmó esa estructura cuando fue ministra de Mauricio Macri. Sin embargo, en Defensa, los ERyA continuaron hasta marzo del año pasado.

La excusa del Gobierno libertario para desarmarlos fue que hacían tareas «parajudiciales». Más de 30 fiscales le reclamaron a Petri que revisara su decisión porque se quedaban sin insumos confiables para los juicios, pero el ministro oficializó el desmantelamiento a través de una resolución que firmó en julio pasado.

“Un buen ejemplo de la utilidad que tenían los distintos equipos estatales es el fallo que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 acaba de dictar con los fundamentos por los cuales fue condenado Horacio Luis Ferrari, un alto oficial de la Armada. Ahí, el tribunal pondera al detalle la prueba documental de la acusación y esa prueba, en su enorme mayoría, fue provista por el EyRA de Defensa”, explica el fiscal Félix Crous.

“Este episodio permite dimensionar de qué modo se puede atacar un proceso de memoria, verdad y justicia, sin el dictado de normas de impunidad –como indultos o leyes de amnistía. La velocidad para desmontar este equipo de trabajo nos hace pensar que efectivamente todavía hay información para relevar».

«Me parece que el Gobierno asume una posición afín a la dictadura y de hostilidad a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, concluye Crous, que remarca que los últimos pedidos que hicieron desde la unidad fiscal al Ministerio de Defensa no tuvieron respuesta.

En enero, la Armada inició un proceso para mudar su archivo general. Para la mudanza, tenía previsto destruir documentación –algo que fue advertido por Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA). Lo frenó la jueza de San Martín Alicia Vence.

El fiscal Miguel Palazzani, que actúa en las causas de Bahía Blanca y Neuquén, fue uno de los que reclamó que se impidiera la maniobra que estaba por llevar adelante la Marina. “Voy a ser claro: el desmantelamiento de las políticas públicas significa impunidad y responsabilidad internacional del Estado argentino”, afirma Palazzani.

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