Foto:Torre de los Profesionales, Mercedes y Yaguaròn en Montevideo.
Sin acuerdo en Diputados la situación de la Caja de Profesionales Universitarios pasó a Comisión Especial del Senado
Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que centra la salida de la institución en el aporte del Estado, en un incremento en la recaudación por timbres profesionales, y en la posibilidad de que la caja acceda, con garantía estatal, a préstamos o pueda emitir deuda.
Según el ministro de Economia y Finanzas la solución aprobada implica ingresos por unos US$ 30 millones, cuando la caja prevé erogaciones de US$ 51 millones para este año.
Para 2026 representaría US$ 39 millones, cuando las erogaciones previstas son por US$ 120 millones. «A lo único que conduce es, si no hay cambios, a que todo el resto lo ponga el Estado», advirtió Oddone, quien insistió en que, más que financiero, el problema de la caja es de solvencia, ya que los ingresos son menores a los egresos. De allí que el acceso a préstamos para cubrir circunstancias a corto plazo no es vista como una solución real.
El tema pasó a la Cámara de Senadores, donde se discute en una comisión especial. Para el titular de Economía resulta indiscutible que en el proyecto que salga de allí debe contemplarse lo previsto en la iniciativa original del Poder Ejecutivo: que la mayor parte de la carga para posibilitar la salida esté en los profesionales activos y pasivos.
«Esto nos cayó a nosotros. Y bueno, nos pagan para eso. La función que tenemos, de la que nos sentimos muy orgullosos, es la de resolver problemas, y este es uno de ellos, como podrán venir otros». Así se expresó este jueves en el Parlamento el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sobre el «problema» que el gobierno procura resolver, por estas horas, sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Un problema que, a su juicio, está lejos de solucionarse con la fórmula que se aprobó en la Cámara de Representantes.
En Diputados se aprobó el miércoles un proyecto de ley que centra la salida de la institución en el aporte del Estado, en un incremento en la recaudación por timbres profesionales, y en la posibilidad de que la caja acceda, con garantía estatal, a préstamos o pueda emitir deuda. A juicio de Oddone, la fórmula está lejos de representar una salida para la institución.
Según el ministro, la solución aprobada implica ingresos por unos US$ 30 millones, cuando la caja prevé erogaciones de US$ 51 millones para este año. Para 2026 representaría US$ 39 millones, cuando las erogaciones previstas son por US$ 120 millones. «A lo único que conduce es, si no hay cambios, a que todo el resto lo ponga el Estado», advirtió Oddone, quien insistió en que, más que financiero, el problema de la caja es de solvencia, ya que los ingresos son menores a los egresos. De allí que el acceso a préstamos para cubrir circunstancias a corto plazo no es vista como una solución real.
Ahora el tema pasó al Senado, donde se discute en una comisión especial. Para el titular de Economía resulta indiscutible que en el proyecto que salga de allí debe contemplarse lo previsto en la iniciativa original del Poder Ejecutivo: que la mayor parte de la carga para posibilitar la salida esté en los profesionales activos y pasivos.
«Se debe incluir la contribución de los beneficiarios. Es imposible evitar que contribuyan», dijo. Además de «injusto», advirtió que no hacerlo sería insostenible para las finanzas públicas porque representaría «un par de décimas» del Producto Bruto Interno (PBI).
La estructura financiera diseñada por el gobierno preveía recaudar unos US$ 33 millones anuales a través del incremento, al 22,5% de los aportes de los afiliados activos, más otros US$ 44 millones por la «contribución pecuniaria» a crearse para los pasivos. El esquema se completaba con US$ 36 millones de aportes de Rentas Generales. Este jueves en la comisión Oddone advirtió que, si bien la Constitución obliga al Estado a pagar, para eso debe haber también autorización del Parlamento. «Estoy obligado a pagar, pero si no tengo un mandato legal, no puedo hacerlo», señaló. «Y los que van a resolver ese problema van a ser ustedes», remarcó ante los legisladores.
Para el ministro , resulta clave que la Caja de Profesionales sea objeto de modificaciones que la hagan converger en el régimen general. En su exposición, el ministro subrayó que la sociedad «ya está aportando» a la caja desde hace mucho tiempo. Básicamente, dijo, a través de los timbres profesionales, que representan US$ 155 millones al año.
El directorio de la Caja de Profesionales compareció este viernes ante al comisión especial y advirtió que la institución está en un «punto límite». En línea con lo expresado por Oddone el presidente de la institución, Daniel Alza, aseguró que, si activos y pasivos no aportan, en pocos meses «se estaría discutiendo nuevamente el mismo problema».
El directivo recordó que, en setiembre de 2022 se había advertido sobre la actual situación de crisis, «y sobre que de esa crisis tenemos que salir todos», dijo. «Cada uno tiene que poner su cuota parte» afirmó.
Consultado sobre la viabilidad financiera del proyecto, Alza fue enfático al asegurar que el Estado “va a tener que aportar fondos”. “Así lo ha manifestado el propio Poder Ejecutivo. Pero también es necesario discutir de dónde vendrán los recursos a mediano y largo plazo para sostener la caja», sostuvo.
La comisión del Senado sesionará a partir del lunes 2 y en horario extendido para analizar el proyecto y recibir a las más de 15 delegaciones que pidieron ser escuchadas. El oficialismo se plantea una rápida discusión, para aprobar el proyecto el jueves o el viernes próximo en el plenario del Senado.