El expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), Federico Kreimerman, llegó a un acuerdo reparatorio con el ente en el caso que lo tenía como imputado por haber encendido una bomba de humo dentro de un edificio durante protestas en contra del proyecto Arazatí.
La audiencia se realizó este mañana, días antes del vencimiento de los plazos legales, que tenían como fecha límite el 7 de setiembre. Antes de este día, la Fiscalía de Flagrancia de 16to Turno, encabezada por Bettina Ramos, debía definir si presentaba una acusación contra Kreimerman o pedía el sobreseimiento. Una vía alternativa era llegar a un acuerdo reparatorio.
Esto fue lo que finalmente ocurrió. En la audiencia la fiscal anunció al juez Huberto Álvarez que habían llegado a un acuerdo y que este consistía en que Kreimerman presentara en sede judicial sus «disculpas por las consecuencias que el evento pudo haber ocasionado, manifestando su voluntad de que los conflictos se resuelvan en forma pacífica», según el texto del acuerdo al que accedió El País.
Esto se suma a que el expresidente de Ffose se mantuvo sujeto al proceso con la medida de fijación de domicilio desde 2023. Por último, se comprometió a «fomentar espacios de diálogo como herramienta para prevenir y resolver conflictos».
OSE aceptó la reparación y con esto que no continuará ningún reclamo por vía penal o civil por este episodio. Con este acuerdo se puso fin a un caso que lleva más de dos años en investigación.
«En el marco de la investigación la defensa aportó evidencia con la que logró probar que el delito imputado en primera instancia de atentado no existió», dijo a El País el abogado Daniel Piedra, defensor de Kreimerman junto a Juan Fagúndez. Si bien ese había sido el delito por el que se lo formalizó al comienzo del caso, previo a la ejecución del acuerdo reparatorio se cambió la imputación a daño agravado. De igual forma, con su realización el juez decretó la extinción del delito.
El incidente ocurrió el 13 de junio de 2023, cuando los funcionarios agremiados de OSE decretaron un paro y luego se movilizaron colocando cubiertas y otros elementos para obstaculizar el paso de las personas en la entrada de la sede del organismo.
Los reclamos se originaron en el marco del llamado a licitación por el proyecto Arazatí, hoy descartado por el gobierno de Yamandú Orsi.