Los trabajadores de Casinos del Estado alertan sobre la situación de total vulnerabilidad de sus derechos frente a las nuevas autoridades de ésta administración. Entre varias y graves irregularidades denuncian que no hay diálogo de su parte, pero si destrato, no hubo negociación colectiva para este consejo de salario y presupuesto como corresponde por ley a los trabajadores, se ocultó información y se negoció todo por detrás de ellos .
En el siguiente comunicado enviado al Dpto. de Prensa de CX 36 Radio Centenario detallan la situación.
El conflicto que mantiene cerrados todos los casinos del Estado expone una contradicción el gobierno ya no puede ocultar ni minimizar.
Mientras se insiste públicamente en el discurso del ajuste, la responsabilidad fiscal y la necesidad de exigir sacrificios a la ciudadanía, el Estado deja de percibir más de un millón de dólares por día como consecuencia directa de la falta de diálogo, del desconocimiento de la negociación colectiva y de la decisión política de permitir que el conflicto se profundice, a esa pérdida diaria se suma además, el pago de multas y compensaciones a operadores privados que funcionan bajo la modalidad mixta, penalidades que el propio Estado debe afrontar por el incumplimiento de contratos vigentes, a esto se le agrega el envió al seguro de paro de trabajadores tercerizados,
Es decir que no solo se resignan ingresos genuinos que deberán volcarse a rentas generales, sino que se generan egresos adicionales, incrementando el gasto público.
No se trata de una consecuencia inevitable. Se trata de una pérdida millonaria absolutamente evitable, sostenida exclusivamente por la negativa de la Administración a cumplir con los marcos legales de negociación colectiva y a encaminar una solución mediante el diálogo de buena fe.
A ello se suma un elemento central que deliberadamente se intenta ocultar:
Los casinos del Estado no son deficitarios, por el contrario, históricamente han generado ganancias significativas que se vuelcan a Rentas Generales del Ministerio de Economía y Finanzas, financiando políticas públicas esenciales como la salud, la educación, la seguridad y las políticas sociales. La actual pérdida diaria no responde a una actividad improductiva, sino a una gestión del conflicto que opta por perder recursos antes que respetar derechos.
La antítesis es evidente y profundamente injusta: Se ajusta hacia abajo, se encarecen los servicios, se recortan derechos y se exige esfuerzo permanente a la población, mientras no parece importar que el Estado pierda más de un millón de dólares diarios por sostener un conflicto que podría resolverse con voluntad política.
Este escenario se agrava aún más por hechos concretos y documentados que no pueden soslayarse.
Los trabajadores denuncian que el director de Casinos Fernando Estévez ha incumplido la Ley de Negociación Colectiva, negándose a actuar de buena fe, ocultando información presupuestal, entregándola de forma parcial y fuera de plazo, y obligando incluso a recurrir a la intervención de la DINATRA para acceder a información oficial que debió haberse brindado en tiempo y forma.
Asimismo, el presupuesto operativo aprobado contiene artículos que afectan directamente a los funcionarios: cambios en la carrera administrativa, exclusión de la presupuestación de trabajadores zafrales con más de una década de antigüedad, desconocimiento de derechos previamente conquistados y modificaciones sustanciales sin negociación previa.
La gravedad de estas decisiones llevó incluso a la presentación de recursos legales para frenar su aplicación. A este panorama se suma una definición política de extrema gravedad: el desconocimiento de un proyecto de juego online aprobado por unanimidad en el Senado durante el gobierno anterior, (con votos a favor de actores políticos del gobierno actual) que contemplaba expresamente la participación de los trabajadores de Casinos del Estado. Ese proyecto fue fruto de un estudio serio y responsable sobre el impacto del juego online en las salas físicas, previendo la participación de los funcionarios entre un 5 % y un 8% precisamente para mitigar la pérdida de público y de ingresos que dicha modalidad genera en los casinos presenciales.
Hoy, el gobierno no solo desconoce ese antecedente legislativo unánime, sino que excluye directamente a los trabajadores de Casinos del Estado de la evolución natural de su propia actividad hacia la modernidad del juego online, dejándolos al margen de un proceso que redefine el sector.
Esta exclusión resulta aún más grave si se considera la realidad salarial del sector:
Los trabajadores de Casinos del Estado no perciben un salario pleno. Su salario base equivale prácticamente a un salario mínimo nacional, y una partida del 80% de sus ingresos es variable, dependiendo directamente de la ganancia que genere el establecimiento de casino al que pertenece cada funcionario. Si no hay producción, no hay ingreso.
En este contexto, la negativa a integrar a los trabajadores al desarrollo del juego online no solo afecta derechos adquiridos, sino que compromete directamente su sustento y su futuro laboral. Lo que se está discutiendo no es un privilegio, sino la posibilidad de subsistencia en un escenario donde el propio Estado impulsa un modelo que debilita a las salas físicas sin ofrecer garantías ni alternativas.
Lejos de proteger a sus trabajadores, el gobierno los sumerge en un escenario de incertidumbre permanente, desconociendo proyectos de ley con media sanción parlamentaria, negando diálogo, vulnerando derechos y desentendiéndose del impacto social y laboral de sus decisiones.
Mientras tanto, el director de Casinos Fernando Estévez parece contar con un respaldo político absoluto, aun cuando su gestión ha derivado en el paro más masivo de la historia del sector y en el cierre total de todas las salas del país. Todas las salas incluidas las ubicadas en zonas estratégicas y turísticas permanecen cerradas por tiempo indeterminado, sin que ello genere correcciones, urgencias ni responsabilidades políticas visibles. Las pérdidas millonarias no interrumpen agendas ni alteran prioridades.
Por todo lo expuesto, interpelamos directamente a la oposición política, en su rol constitucional de contralor:
¿Dónde está el control frente a una gestión que ajusta por un lado y deja perder millones por el otro?, ¿por qué se protege políticamente a un director cuya gestión está marcada por la violación de leyes, el desconocimiento sistemático de la negociación colectiva, la actuación de mala fe, la falta de transparencia y el destrato hacia los trabajadores?
¿Dónde está la defensa de la negociación colectiva cuando se la desconoce de manera sistemática desde la Administración? ¿Por qué se tolera el desconocimiento de un proyecto de juego online votado por unanimidad en el Senado?
¿Quién asume la responsabilidad por dejar a miles de trabajadores con salarios mayoritariamente variables fuera de la evolución de su propia actividad?
¿Dónde está la exigencia de explicaciones cuando el Estado pierde más de un millón de dólares diarios mientras se exige sacrificio permanente a la ciudadanía?
El silencio frente a estas situaciones no es neutral.
Es una forma de aval. Cada día sin diálogo implica más dinero perdido, más deterioro institucional y más vulneración de derechos. Ajustar y, al mismo tiempo, naturalizar pérdidas millonarias evitables, desconocer leyes, ignorar decisiones parlamentarias unánimes y condenar a los trabajadores a la incertidumbre, no es responsabilidad fiscal.
Es desinterés por el interés general.